impactos de la política del Banco Mundial en la institucionalidad pública
Magdalena León, REMTE/GND
Gracias a la acción sinérgica del movimiento de mujeres, de instancias de cooperación internacional, y de un importante entorno nacional, la década de los 90 fue dinámica y rica en cuanto al reconocimiento de las desigualdades de género como problema clave en la búsqueda del desarrollo nacional, en la sensibilización social en temas como la violencia o la discriminación política hacia las mujeres, y también en la definición de orientaciones de política pública para actuar frente a estas problemáticas.
Sin embargo, esto ocurrió en medio de grandes paradojas. La principal, que el Estado, llamado a recoger y potenciar estos avances, estaba siendo desmantelado, minimizado en sus roles frente al interés público y al impulso de derechos y equidad, tomado como botín.
La situación regresiva así generada, tanto en lo económico como en lo social, resultó particularmente severa con las mujeres, con su realidad inmediata marcada por desventajas estructurales, y con los caminos de transformación que con tanto esfuerzo se habían trazado.
Queremos destacar algunas de esas implicaciones y consecuencias que se proyectan hacia la realidad actual, que han dibujado problemas que requieren atención y solución en esta coyuntura de cambios.
El tiempo nos obliga a mencionarlos de manera muy breve y esquemática:
1) La distribución y redistribución: el gasto público en relación al PIB creció, pero en cambio sí se contrajo proporcionalmente aquel orientado para educación, salud, protección social.
Si a lo largo de la década los efectos de la contracción de servicios públicos y del esquema privatizador recayeron ya paulatinamente en los hogares y en el trabajo de las mujeres (sustituyendo especialmente atención de salud y de cuidado humano), durante el colapso financiero de 1999-2000 este fenómeno pudo sentirse y observarse de manera concentrada, y hasta despiadada. Unas evidencias, tomadas de un estudio de caso que realizamos en la época, ofrecen una suerte de instantánea:
En términos netos, ha sido el sobretrabajo de las mujeres el que ha sostenido la sobrevivencia y ha entregado subsidios ocultos a este modelo de saqueo y depredación. Han sido la pequeña producción y el ‘no mercado’, es decir ese tejido de reciprocidades y movilización de recursos no monetarios que protagonizan las mujeres, los que han debido responder a los efectos de la concentración y apropiación espúrea de la riqueza del país.
2) La reubicación de lo económico y social en el esquema de las políticas públicas: se convirtieron en asuntos económicos aquellos vinculados con finanzas, comercio internacional, empresas. Pasaron a ser sociales la pobreza, el trabajo, el empleo, por supuesto las mujeres, vistas en el mejor de los casos como consumidoras y como mano de obra secundaria, flexibilizable. Las políticas sociales y su institucionalidad fueron sometidas, como hemos visto, a intervenciones y experimentos arbitrarios, tomando a las mujeres como sujetas de ‘focalización’, como reproductoras de pobreza y no como actoras económicas que aportan por múltiples vías. Hoy empieza a perfilarse un Estado que se ubica como garante y promotor de derechos ciudadanos, y que tiene ante sí el desafío de dar otro rumbo a la economía, superando esquemas e imaginarios neoliberales que han logrado filtrar o imponerse, a veces incluso en el lenguaje de sus críticos.
3) La implantación del mercado como eje ordenador, de una visión de negocios y de competencia como el modelo para la economía, para el gobierno y para la vida misma. Esto niega o invisibiliza las diferentes maneras de producir, de generar servicios, de hacer economía, de cuidar de la vida y preservarla. Esto por supesto afecta a las y los protagonistas de estas actividades (en su mayoría mujeres), a su valoración y retribuciones. La institucionalidad y las normas aún vigentes están hechas a la medida de las empresas, no sirven para apoyar o estimular otras iniciativas (autogestionarias, cooperativas, asociativas, comunitarias), más bien se traducen en obstáculo, contrariando el sentido de un Estado que promueva igualdad económica. Hoy necesitamos recuperar la noción de interés público y de un espacio público en el que converjan Estado y socidedad para combatir estas injusticias económicas, para reconocer efectivamente el trabajo como motor de la economía y el cuidado de la vida de los seres humanos y la naturaleza como su objetivo, para generar igualdad.
En retrospectiva, podemos ver estas y otras implicaciones. Hoy, un acumulado de críticas y luchas sociales, y un nuevo balance geopolítico, hacen que nuestra región tome distancia de unas IFI que ya tienen el sello de la ilegitimidad. En el futuro inmediato, tenemos la obligación de no repetir sus recetas, visiones y prácticas de injusticia y destrucción.
