12/12/08

Deuda pública en la Constitución

Alberto Acosta  

Desde las primeras horas de la flamante República, el tema de la deuda pública se hizo presente en la tarea legislativa, pues fue incorporada como tal en la primera Constitución. Desde entonces, los asuntos de la deuda externa estuvieron siempre estrechamente ligados a las resoluciones parlamentarias, toda vez que los Congresos o las varias Convenciones realizadas tenían que conocer y aprobar la contratación de empréstitos y las negociaciones que podían efectuarse, dada su significación para la economía nacional. 

Este principio se reflejó en forma continuada en las diversas constituciones, empezando por la primera de 1830, que, en el artículo 25, numeral 2, fijaba como atribución de la legislatura "establecer derechos e impuestos; y contraer deudas sobre el crédito público". Este principio se mantuvo en las cartas constitucionales de 1835 (Artículo 43, numeral 2), 1843 (Artículo 37, numeral 2) y 1845 (Artículo 42, numeral 2). En esta última se amplió la atribución, en el artículo 42, numeral 4, al "autorizar empréstitos u otros contratos para llenar el déficit del tesoro nacional, y permitir que se hipotequen los bienes y rentas de la República, para la seguridad del pago de dichos empréstitos o contratos, fijando las bases para todo". En las constituciones de 1850 (Artículo 31, numeral 8), 1852 (Artículo 40, numerales 2 y 4), 1861 (Artículo 39, numerales 2 y 4), 1869 (Artículo 35, numerales 2 y 4), 1883 (Artículo 62, numerales 4 y 5), 1897 (Artículo 65, numerales 4 y 5), 1906 (Artículo 54, numerales 3 y 4) y 1945 (Artículo 34, numerales 10 y 11), continuó vigente la obligación de que el Congreso participe en las negociaciones de la deuda. En las expedidas en 1878 (Artículo 47, numerales 5 y 6) y 1946 (Artículo 53, numerales 6 y 7), se ampliaron los derechos legislativos. El Congreso debía intervenir para establecer contribuciones y autorizar al Ejecutivo para contratar empréstitos sobre el crédito público, que no podrían llevarse a ejecución sino con su aprobación. Esta facultad del parlamento para "reconocer la deuda pública y establecer la manera de hacer su conversión, amortización, consolidación y cancelación" se mantuvo vigente hasta la Constitución de 1967 (Artículo 123, numeral 10). 1

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10/12/08

ECUADOR SOBERANO Y CON DERECHOS HUMANOS
¡NO A LA DEUDA ILEGITIMA!


La celebración mundial de los 60 AÑOS DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOSDERECHOS HUMANOS, coincide con un hecho histórico en el país: el conocimiento delos resultados de la auditoria de la deuda -realizada por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público-, y el inicio de procesos y políticas públicas orientadas alas respectivas sanciones, reparaciones y recuperación de soberanía.

Una de las principales constataciones de la auditoria tiene que ver con el impacto negativo directo del sistema de endeudamiento en los derechos humanos. La deuda afectó desde el derecho a la autodeterminación de los pueblos hasta los derechos a la educación, la salud, el trabajo y a un medio ambiente sano. Créditos onerosos se usaron para construir obras que expulsaron a comunidades de sus tierras o destruyeron la biodiversidad, para emprender en políticas de ‘modernización’ que en realidad socavaron la educación y la salud públicas, o para imponer esquemas privatizadores destruyendo entidades públicas. El largo brazo de la deuda actuó, entre otras vias, a través de las famosas cartas de intención con el FMI, generadoras de empobrecimiento.

La auditoria ecuatoriana, que es ya valorada como ejemplar en el mundo, provee de informaciones y pruebas suficientes para confirmar lo que los pueblos, organizaciones sociales y entidades académicas hemos denunciado durante más de veinte años: buena parte de la deuda es ilegítima y debe ser anulada; se ha impuesto mediante un sistema que va más allá de lo financiero, pues se trata de un enmarañado tejido de mecanismos económicos, políticos y jurídicos que han sometido al país para extraer la riqueza que genera el trabajo de su gente y la depredación de sus recursos.

La Fiscalía de la República tiene ahora en sus manos los documentos que son prueba de los delitos, irregularidades y perjuicios cometidos, cuyos responsables –nacionales y extranjeros- no deben quedar en la impunidad. En este día de los Derechos Humanos demandamos el cumplimiento de las acciones legales e institucionales necesarias obtener sanciones y reparaciones, y reiteramos nuestro compromiso con la lucha por el no pago de la deuda ilegítima y la construcción de una nueva Patria, con soberanía, justicia y dignidad.


10 de Diciembre de 2008

20/11/08

DESPUES DE LA AUDITORIA:
SOBERANIA, JUSTICIA ECONOMICA Y NO IMPUNIDAD


Ha concluido el trabajo de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público, cuya tarea fue “determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos”, según determinó el decreto ejecutivo de su creación.

Es una tarea de magnitudes y significado históricos, cumplida por un grupo de comisionadas/os  nacionales e internacionales,  que conjugaron en su labor experiencias múltiples, avances teóricos, metodológicos y políticos adelantados por un amplio movimiento de resistencia a la tiranía de la deuda, en el país, en la región y en el mundo.

La clara voluntad política del gobierno y el esfuerzo de la CAIC han permitido dar este paso fundamental, que refleja el anhelo del pueblo ecuatoriano de poner al descubierto la deuda ilegítima, las múltiples irregularidades y perjuicios causados por un endeudamiento que ha marcado nuestras vidas en las últimas décadas.
El Ecuador se ubica ya a la vanguardia en la búsqueda de transparencia y justicia en materia financiera, en el tratamiento integral al tema de la deuda, justamente en momentos en que la una nueva crisis financiera y económica del capitalismo coloca la urgencia de cambios profundos, estructurales.

Tanto el Estado como la sociedad ecuatorianos tenemos ahora el deber de actuar en la perspectiva de:
  • No impunidad: los delitos, irregularidades y perjuicios que la auditoria muestra y documenta reclaman sanciones y reparaciones.
  • Fin de un modelo de endeudamiento depredador: la auditoria pone a la vista los mecanismos complejos que convirtieron a la deuda en un medio de depredación humana y ambiental. El imperativo de generar divisas para pagar la deuda llevó a sobreexplotar el trabajo de las y los ecuatorianos, a destruir y contaminar la naturaleza. Somos, en verdad, un país acreedor, que debe reclamar lo que le corresponde.
  • Soberanía y nueva arquitectura financiera: la auditoria muestra que el modelo neoliberal de endeudamiento arrasó con nuestra soberanía, destruyendo también la institucionalidad y el sentido de lo público. Son estratégicas, en ese sentido, las políticas nacionales y regionales ya en marcha para recuperar soberanía, ampliarla, y fundar en ella otra arquitectura financiera, al servicio del buen vivir.
Los hallazgos y sugerencias de la auditoria, junto con lo contemplado en la Nueva Constitución, abren un camino para estos cambios impostergables.

El Presidente Rafael Correa ha sostenido desde los inicios de su gobierno la tesis de priorizar la inversión social sobre el pago de la deuda. Compartimos esa posición y nos comprometemos a continuar con un trabajo de difusión, movilización y solidaridad internacional para que las decisiones y políticas soberanas del país se respeten.

             Quito, 20 de noviembre de 2008

6/10/08

El debilitamiento institucional en la década de los 90

Piedad Mancero 

El proyecto de modernización del Estado inició su ejecución en 1995, el cual había sido preparado por el BM desde 1993. Se inscribe en las tendencias del mercado a favor, es decir, en un entorno internacional que venía presionando para que el sector público ceda espacios al mercado y, por tanto, interactúen libremente. De hecho, se proponían menos regulaciones y apertura comercial sin restricciones, y un traslado de competencias al sector privado. En los años previos al proceso de modernización del Estado iniciado en esta fase de la década de los 90, el sector público se ubicaba en las dimensiones medias de América Latina, no estaba sobredimensionado, pues el gasto del sector público no financiero fluctuaba por debajo del 30% del PIB. 

Hasta el final del período presidencial de Sixto Durán Ballén se habían saneado las cuentas fiscales, especialmente a nivel de gobierno central, y se fortalecieron varios programas sociales. Las empresas públicas, a diferencia de lo que sucedía en otros países latinoamericanos, se habían creado para cumplir objetivos relevantes de la república, como la prestación de servicios básicos colectivos, la explotación de sectores estratégicos, la defensa de la soberanía nacional y promoción de áreas productivas de interés nacional. Por tanto, no había razones suficientes para aplicar medidas drásticas; sin embargo, había que mejorar el funcionamiento de ciertas instituciones, buscando siempre un servicio público eficiente, muy sólido, pero era otra la orientación que podía tener este proceso modernizador. 

A partir de 1993, cuando se preparaba el proyecto de modernización del Estado y las misiones del BID frecuentaban el país, se dictaron varias leyes tales como: 1) la Ley de Modernización del Estado y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada; 2) la reforma a la Ley de Hidrocarburos que afectó a las instituciones públicas, es decir, la Ley 44 y la Ley 49 dictadas a finales de 1993 y en 1994 mediante las cuales la participación del Estado en los ingresos petroleros bajó del 90% al 33% en el mejor de los casos, pues en otros era del 0% porque se entregaba el 100% a las compañías contratistas; 3) la Ley General de las Instituciones del sector financiero, de la que su aplicación hemos tenido graves consecuencias hasta llegar al colapso bancario de los fines de la década del 90. 

Otra medida, que tiene varias implicaciones en el problema de la deuda, fue la eliminación del Comité de Crédito Externo que permitía la participación conjunta del Ministerio de Finanzas, el Banco Central y el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales compartían la planificación y gestión en ese momento. Posterior a ello, en 1995, se asignó esa atribución, primero, a la unidad técnica del Ministerio de Finanzas, y luego, se dispuso la anulación de esa unidad técnica y la atribución sobre las características del préstamo quedaba otra vez en el Ministerio de Economía y Finanzas. Al analizarla se encuentran varios indicios de condicionamientos en la ayuda y sus formas de emisión por parte del organismo prestamista con respecto a las decisiones políticas y económicas, como las que se habían tomado para el proceso de modernización y privatización. 

Regresando al proyecto MOSTA 1 , en febrero de 1995 se suscribió el convenio de préstamo por $20 millones con una contraparte de $4.4 millones y se incluye la donación del gobierno de Japón por $600.000. Hubo dos componentes del proyecto de modernización del Estado: 1) el control público y el fortalecimiento del manejo de las finanzas públicas; y 2) la modernización del sector público. Durante el proceso de la ejecución se encontraron algunos efectos como la concentración de atribuciones en las instituciones, mientras en algunas se desmantelaban y a otras se les restaba funciones; tal fue el caso del Ministerio de Economía y Finanzas que concentraba atribuciones. Dichos efectos fueron los propósitos no declarados del proyecto. 

Como consecuencia de esta concentración de atribuciones se produjo la desarticulación en la planificación del presupuesto. Asimismo, no se llegó a definir el rol del Estado para el desarrollo nacional ni se definió la organización macro para el desarrollo institucional del Estado. En ningún caso se mencionaba que había la necesidad de proponer una estructura administrativa que sirviera a los proyectos del desarrollo nacional. Simplemente se eliminaba la vinculación con una política planificada para el desarrollo. 

Entre los aspectos positivos del proyecto podemos mencionar su utilidad para resolver ciertas necesidades institucionales, aunque su apoyo era ocasional. Además cabe recalcar su aporte a la solución de la administración tributaria. Con este propósito se erigió la ley y el estatuto del SRI, mejorando evidentemente el nivel profesional y el manejo tributario. 

Del mismo modo, se creó el Sistema Integrado de Información, que también tiene aspectos positivos, aunque le resta transparencia a la información en cuanto interesa a la sociedad civil. Así, para los analistas de la sociedad es muy difícil utilizar la información desde la forma como ha sido concebida en este sistema y como se la ha difundido. 2  

En el año 1993, en que había la intervención del BM y del BID, se dictaron varias reformas a las leyes del Estado. Adicionalmente se tomaron medidas influyentes en la capacidad de gestión, que evidenciaron efectos directos, surgiendo a medida que se ejecutaba el proyecto. No obstante, hay que distinguir los amplios resultados de la ejecución tanto del proyecto como de las medidas vinculadas al mismo. 

En primer lugar podemos destacar que no se redujo el gasto público: éste alcanzaba el 40% del PIB en 1999. Hubo un costo muy elevado para el pago de personal; los procesos de privatización de empresas estatales fracasaron o simplemente no llegaron a concretarse por las siguientes razones: especialmente por las deficiencias de la misma institución que lideraba el proceso (CONAM); la resistencia de la sociedad civil, y la consulta popular en 1995 en la que se manifestaron pronunciamientos negativos sobre la privatización. Sin embargo, se eliminó la mejor parte de algunas instituciones y otras fueron reemplazadas por instituciones con menos atribuciones. Entre la lista de las eliminadas se encontraban: el Fondo Nacional de Pre-inversión, el Fondo de Desarrollo Industrial – sin el cual el sector privado sufrió un desequilibrio -, y la Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital que regulaba las importaciones al país. 

Como consecuencia el índice de pobreza aumentó del 55.3% (1995) al 60.71% (2001), la población pobre quedó marginada de la educación y de la salud por la eliminación de la gratuidad; el índice de desempleo subió así como los índices de la migración. En el sector agropecuario se dejó de prestar asistencia técnica a los pequeños productores, así como también la investigación por parte del INIAP y la mecanización agrícola. El sector privado no tuvo la capacidad suficiente para asumir estas obligaciones, dejando de lado grandes proyectos hidroeléctricos al eliminar el Instituto Nacional de Electrificación. Incluso, el proyecto de modernización del Estado fue calificado ‘insatisfactorio’ por el mismo BM en sus informes parciales de los años 1994 a 1998. 

Para el país y para la institucionalidad este proceso resultó oneroso y de efectos muy perjudiciales.


  1 MOSTA – Modernization of the State Technical Assistance Loan 


  2 Actualmente, el Ministro de Finanzas ha presentado una rendición de cuentas y se anunció el establecimiento del ‘portal    de transparencia’. Esto se considera como una sinergia de varias instituciones, pues incluye la planificación para ofrecer una información amigable, la cual puede ser utilizada por cualquier usuario. De esa manera se impulsa el rescate de la transparencia. 

Presentación de la investigación y análisis del Proyecto Modernización del Estado - BIRF-3822/EC





17/9/08

Anulación de la deuda ilegítima de Ecuador con Noruega

Hugo Arias
Coordinador de Jubileo 2000 Red Guayaquil

El gobierno  noruego propuso al Parlamento de su país, el 2 de octubre del 2006,  la cancelación de 520 millones de dólares en deudas oficiales que Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leone habían contraído  en la campaña de exportación de naves noruegas entre 1976 y 1980. El  Ministro de Desarrollo Internacional, Erik Solheim, declaró  que esta campaña representó un fracaso en la política de desarrollo impulsada por su país, De este modo, el gobierno noruego, erigiéndose en el primer referente ético entre los países acreedores,   asumió parte importante de la responsabilidad  en el fracaso de su política crediticia,  permitiendo que  estos cinco países dejen de pagar los reembolsos restantes de estas deudas.

Del mismo modo, el gobierno noruego propuso que estas deudas sean unilateralmente  e incondicionalmente canceladas, sin  asignacióm presupuestaria y sin reducir la Ayuda de Desarrollo Oficial (ODA) de su país.

El saldo de la deuda cancelada al Ecuador asciende a 225 millones de coronas noruegas, equivalente a un monto aproximado de 37 millones de dólares.

Antecedentes del caso ecuatoriano 

En el marco de la campaña  de exportación naviera promovida por el gobierno de Noruega, la Flota Bananera Ecuatoriana (FBE), sociedad anónima, compró, entre los años 1979-81, cuatro barcos  frigoríficos a un astillero noruego por un valor de 56,9 millones de dólares, de los cuales 52 millones  fueron financiados por el gobierno de Noruega, con fondos de ayuda para el  desarrollo, y con el aval del gobierno ecuatoriano.

En 1987, quiebra la FBE. y el saldo de la deuda pendiente de pago por el valor de 31 millones de dólares fue asumida por el estado ecuatoriano. De este saldo quedaron pendientes de pagar 13, 6 millones de dólares, que  fueron objeto de varias renegociaciones en el Club de París. Hasta que en el año 2001, por arte de magia, los 13,6 millones se dólares se convirtieron en una deuda de más de 51 millones de dólares, suma cercana al préstamo original. Del 2002 a julio del 2006,  el Ecuador pagó, como servicio de esta deuda, 19, 62 millones de dólares (14,25 millones de amortización y 5,37 millones por intereses), manteniendo  para esa  fecha un saldo de 40,8 millones de dólares.

El Tribunal sobre Leyes y Moral, organizado por la SLUG (Campaña Noruega para la Cancelación de la Deuda del Tercer Mundo) en noviembre de 2002, hizo la primera denuncia  de la campaña de exportación de barcos a Ecuador, pidiendo su anulación total por ser ilegítima.

Mientras tanto, el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CDES) presentó en el 2002 un informe  ante  la Comisión de Control Cívico de la Corrupción del Ecuador (CCCC), en la que se denunciaba como ilegítima la deuda externa del Ecuador con el gobierno de Noruega, además de exigir  una investigación inmediata del caso para pedir su anulación.

Después de su propia investigación, la CCCC exhortó, en su informe y resolución, a las autoridades ecuatorianas para que soliciten, por vía diplomática, al gobierno de Noruega la cancelación total de las obligaciones contraídas y vinculadas a esa deuda con el Club de Paris, por considerarla ilegítima. El fundamentó de esta petición de cancelación de la deuda se esgrimió en los siguientes términos: primero, el origen del crédito fue ilegítimo, pues no se entregó  para ayudar al Ecuador sino por la necesidad de Noruega de salvar sus dársenas; segundo, no hubo evaluaciones sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto por parte de la Agencia de Cooperación Noruega (MORAD) y  la Entidad de Crédito a la Exportación (GIEK); tercero,los barcos han desaparecido, y nadie sabe dónde están, y, mientras tanto, se sigue pagando la deuda, y,  por ultimo, el crecimiento de la deuda ecuatoriana con Noruega se explica porque se impusieron unas condiciones onerosas  a las renegociaciones de la deuda y a los retrasos en el marco de los acuerdos con el Club de Paris.

El CDES y Jubileo 2000 han presionado permanentemente a los gobiernos de turno para que se suspenda el pago de esta deuda, pero la posición de los gobiernos del Ecuador, frente al tema de la deuda con Noruega y a la resolución de la CCCC, ha sido la de evitar cualquier conflicto, porque este reclamo dañaría, según sus representantes, la imagen del Ecuador frente la comunidad internacional,  afectando  de este modo a la inversión extranjera.

Nuestros comentarios   

La  anulación de la deuda de Noruega a cinco países, incluido el Ecuador, es el resultado, en gran medida,  de la presión de las organizaciones sociales que han  venido denunciando la ilegitimidad de esta deuda. En el caso de la deuda ecuatoriana, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción dio cinco argumentos probatorios de ilegitimidad.

Además, el reconocimiento del gobierno de Noruega de que la campaña de exportación de naves de su país fue una operación incompatible con las políticas de cooperación para el desarrollo y la cancelación de los saldos de las deudas originadas en esta campaña, son pruebas irrefutables de su ilegitimidad.

Esta cancelación de la deuda de Noruega, basada en la ilegitimidad o daño moral de dicha  deuda, crea un precedente importante para que otros países cancelen otras muchas deudas ilegítimas,  que hasta el día de hoy están causando mucho daño a millones de familias de los países endeudados.

Esta victoria en el caso noruego constituye un nuevo estímulo para seguir trabajando por la anulación de  otras tantas deudas que violan los derechos humanos o  que tienen orígenes fraudulentos.

Sin embargo, y a pesar del logro que significó la cancelación de la deuda con Noruega, el perjuicio que esta ocasionó entre los países deudores es enorme. La deuda original impuesta  al Ecuador para la compra de cuatro barcos noruegos sumaba 52 millones de dólares. El Ecuador ha pagado más de 100 millones por esta deuda y le queda un saldo por pagar  de alrededor de 37 millones de dólares. Esto quiere decir que Noruega  le debe al Ecuador más de 100 millones de dólares ya pagados.

El Gobierno está en la obligación de  investigar y auditar esta deuda de Noruega 
y muchas otras más que han saqueado al País 

El Gobierno del Ecuador está en la obligación de investigar exhaustivamente el caso de esta deuda reconocida por el acreedor como ilegítima, y muchas otras deudas que han sido forjadas por grupos financieros nacionales e internacionales para saquear al país.

CDES, Jubileo 2000 Red Guayaquil y las organizaciones sociales del Grupo Nacional de Deuda exigimos al Señor Presidente de la República:

  • Que se inicie una investigación de los procesos de negociación de la compra de los 4 barcos     noruegos, la justificación del aval dado por el Estado Ecuatoriano al crédito otorgado por el Gobierno   de Noruega para dicha compra y el destino actual de dichos barcos.   
  • Que se investigue las condiciones de la renegociación de esta deuda en el Club de París y se determine a los responsables que participaron de esta renegociación en el Ecuador.  
      •  Que el monto total del servicio de la deuda liberado por la condonación unilateral y sin condiciones por parte del Gobierno de Noruega, se destine, en parte, a la investigación y auditoría de las deudas con indicios de ilegitimidad,  y el resto a inversión social, en el marco de los planes y programas de desarrollo social a mediano y largo plazo, con el fin de que estos recursos no se esfumen en gastos corrientes o en inversiones improvisadas originadas en las presiones de intereses específicos o en urgencias improvisadas.