Grupo Nacional Contra la Deuda

Deudas ilegítimas y crisis mundial

2012-02-15T08:21:00.001-08:00

El fenómeno del endeudamiento de los países aparece como un elemento medular al momento de visibilizar una de las dimensiones de la crisis sistémica del capitalismo: la financiera. La espiral de endeudamiento, agudizada en las últimas tres décadas, tiene relación directa con el poder mundial ganado por del sistema financiero que, respaldado por las políticas de las Instituciones Financieras Internacionales –IFI-, ha extendido sus prácticas especulativas a todas las esferas. Las dinámicas de endeudamiento, así inducidas, abarcan desde la economía personal y familiar, hasta las estructuras más amplias de endeudamiento de países, regiones y a nivel global, afirmó la ecuatoriana Magdalena León(GND – FEDAEPS) al presentar el Panel – foro ‘Deudas ilegítimas y crisis mundial: aprendizajes y perspectivas de la auditoría ecuatoriana’ (1), organizado conjuntamente por el Grupo Nacional sobre la Deuda –GND-, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador y la Comisión Técnica para la Nueva Arquitectura Financiera Internacional – Banco del Sur.

León explica que, en ese contexto, las conclusiones arrojadas por Auditoría Integral del Crédito Público, realizada por Ecuador en 2008 -la primera experiencia mundial de un país que impulsa una investigación oficial de tal magnitud- además de probar la aplicabilidad y utilidad del enfoque de deuda ilegítima, demuestran que los procesos de endeudamiento no se dan sólo en el marco de relaciones financieras , sino de un complejo entramado de intereses y presiones económicas, geopolíticas y políticas, y a través de mecanismos que operan como un verdadero sistema.

Esos resultados adquieren redoblada importancia de cara a las ‘crisis de endeudamiento’ más recientes, que azotan esta vez a países del Norte, especialmente europeos, donde se ha manifestado ya interés en recoger la experiencia ecuatoriana como pauta para desarrollar sendas auditorías, que permitan develar las decisiones, condiciones, beneficiarios e impactos del sobre endeudamiento que ha estallado en crisis.

Un conjunto de auditorías podría llevarnos a evidencias más certeras de cómo el actual sistema está fundamentado en lo especulativo financiero, y establecer elementos de solución que permitan romper con las cadenas del endeudamiento sin fin, concluyó León al introducir el Panel-foro, que contó con las intervenciones de Franklin Canelos (GND – CLAI, Ecuador), Antonio Jarquín (Observatorio Internacional de la Crisis, Nicaragua), Fredy Trujillo (Comisión NAFR, Ecuador) y Jorge Acosta (Cancillería, Ecuador).

Por su parte, el investigador nicaragüense Antonio Jarquín, integrante del Observatorio Internacional de la Crisis, acotó que uno de los aspectos centrales de la actual crisis del capitalismo, es la conjunción de especulación financiera y gasto militar, pues identificó al complejo industrial militar como la otra cara de la medalla definitoria de las reglas del juego del capitalismo mundializado y, por tanto, de su crisis de endeudamiento.

Jarquín recalcó, además, que los niveles inéditos de especulación, expuestos por el PIB mundial -2008-2009- situado alrededor de 55-60 trillones de dólares, en tanto circulaban: dinero, papeles y productos derivados -que son capital ficticio-, equivalentes a 20 veces ese valor, demuestran la catastrófica situación de bancarrota a la que el sistema económico y financiero ha llevado al mundo . En otras palabras, si por cada 20 dólares de moneda circulante, apenas uno tiene sustento en la producción de la economía real, diecinueve no tienen respaldo.

El investigador advirtió que en 2011 Estados Unidos, apenas tuvo un ingreso de 14.4 billones de dólares y que no obstante gastó 57 billones, es decir, cuatro veces más que sus ingresos. A la par, en esta enorme brecha de endeudamiento e ingreso, se sitúa en el centro la acumulación de inversión en gastos militares que es aproximadamente la mitad de ese endeudamiento. Esto muestra también el enorme peso específico que la inversión militar tiene en la destrucción de la economía real y civil.

Ante esta situación, resulta imprescindible construir sistemas financieros y económicos con nuevas reglas, bajo principios de complementariedad y solidaridad, con nuevos mecanismos, que para el caso de América Latina se traduzca en un sólido sistema de asistencia mutua, cooperación y solidaridad regional, agregó Jarquín.

Deuda y dominación

Franklin Canelos, quien fue integrante de la Comisión de Auditoría del Crédito Público –CAIC- del Ecuador, expuso que si bien la deuda ha llegado a ser parte de cualquier economía, es necesario delinear políticas para delimitar las reglas de juego, sin las cuales quedan expuestas a mecanismos de especulación y dominación.

Enfatizó en que el endeudamiento se impone, en muchos casos, bajo condicionalidades que afectan la soberanía del Estado, como sucede con la obligatoriedad a los países endeudados de cambiar su legislación para adaptarse a los intereses de las grandes corporaciones. Lo más lamentable de este tipo de endeudamiento es que suele contar con la complacencia de algunas autoridades, que se prestan a juegos especulativos financieros en perjuicio del interés nacional, señaló Canelos. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, la auditoria demostró, que se impuso una gran cantidad de condiciones para hacer viables estrategias de pago de créditos anteriores usando los nuevos créditos que nunca fueron dineros frescos.

En el pasado hasta el 65% del presupuesto general de Ecuador llegó a ser orientado al pago del servicio de la deuda. Con este sistema de endeudamiento inmensas cantidades de dinero fueron transferidas del Sur al Norte. Así mismo, un país que no podía pagar los servicios de la deuda se vio obligado a expandir su frontera agrícola, a extraer más recursos naturales y finalmente entregar a las corporaciones transnacionales nichos , que en última instancia fueron al pago de la deuda.

Deuda y renuncia de la soberanía

Jorge Acosta, Subsecretario de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, señaló que la auditoría ecuatoriana visibilizó no sólo la manipulación especulativa de los créditos, sino la renuncia de cualquier principio de soberanía financiera nacional en esas transacciones. Un ejemplo de esas prácticas, fue evidenciado por la auditoría de la firma del Tolling Agreement en 1992, que condujo al país a desconocer cerca de 7 mil millones dólares de deuda, pero que no pudo concluir, porque representantes neoliberales de la época plantearon a los acreedores un acuerdo para que eso no sucediera. Renunciaron a anular una parte importante de la deuda y renegociaron un acuerdo para que la deuda no pierda vigencia. Este caso se encuentra actualmente en la Fiscalía para su investigación.

Ante esas dinámicas perversas, Acosta destacó el rol central que tuvo la auditoría para reconceptualizar la deuda, entre cuyos resultados inmediatos destacó la renegociación de la deuda comercial, a través de un proceso de recompra de bonos, realizado en 2008. El Estado ecuatoriano entró a un proceso de suspensión de pagos, argumentando la ilegitimidad de los créditos, posteriormente convocó a una subasta inversa de “bonos global”, que eran la mayor parte de deuda comercial, estableciendo un plazo y el precio máximo que el Estado estaba dispuestos a pagar y, a pesar de las críticas por parte de los acreedores y de la banca multilateral, la respuesta fue positiva. El 93% de esta deuda fue resuelta, es decir, la mayor parte de los acreedores participaron de este mecanismo y solo quedó un 7% pendiente, que no constituye ningún riesgo para el país.

Con esa compra los pasivos externos se redujeron en unos 3 mil millones de dólares. Ecuador dejó de pagar 300 millones anuales en promedio de intereses y más de 3 mil millones hasta el 2030 como estaba considerado el plazo de pago de esa deuda. Esos recursos se reasignaron a programas sociales y a otros beneficios populares!

Nueva arquitectura financiera internacional

Fredy Trujillo, integrante de la Comisión Técnica para la Nueva Arquitectura Financiera Internacional y Banco del Sur, acotó que en respuesta a todos los problemas originados por el capital financiero especulativo, es necesario trabajar desde una perspectiva regional, porque en el actual contexto internacional los países han perdido capacidad de posicionar sus instrumentos de política económica frente a los grandes capitales multinacionales.

Por lo tanto, a nivel regional Ecuador ha propuesto una nueva arquitectura financiera fundamentada básicamente en tres componentes:
1.Un Fondo del Sur, planteado como alternativa propia -pero también como alternativa al Fondo Monetario Internacional-, que se sustenta, entre otros, en la repatriación de las grandes cantidades de reservas y el potencial autogestionario de los fondos relacionados, hasta ahora encajados por el Norte.

2. En un país donde, por herencia el neoliberalismo, no se tiene política monetaria propia, como es el caso ecuatoriano (que tiene como moneda el dólar estadounidense), hay que crear instrumentos de política monetaria alternativos. En ese sentido, se están fortaleciendo sistemas de compensación de pago, que ayudan a optimizar reservas y disminuyen la presión de utilización del dólar. El SUCRE -que funciona como moneda virtual en los países del ALBA- es uno de esos sistemas, que permite liberar la presión de utilizar dólares en el comercio regional. Un sistema como éste ayuda no solo a Ecuador sino a toda la región.

3. Igualmente se busca crear una institución regional de créditos. Este es el caso del Banco del Sur. Algunos se preguntan ¿por qué? si ya está el BID y la CAF. La respuesta es que, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha tenido pérdidas por inversiones especulativas y, a lo largo de 30 años, no ha logrado construir una propuesta propia y más bien ha conducido a una destrucción institucional. Por ello, en este marco, resulta necesaria una nueva arquitectura financiera, para no recurrir a esos viejos esquemas.

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1. Elevento se realizó el 14 de noviembre de 2011, en el Paraninfo de laFacultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central, en Quito.

Crisis internacional, deuda y Nueva Arquitectura Financiera

2012-02-14T12:29:00.001-08:00

Este martes 14 de febrero se realizará el foro "Crisis internacional, deuda y Nueva Arquitectura Financiera Regional, una mirada desde los pueblos del norte y sur", en el auditorio del IAEN de Quito.

El evento se analizarán los casos de Grecia, Ecuador, Estados Unidos y Nicaragua. Los panelistas serán Leonidas Vatikiotis (Auditoria Ciudadana de la Deuda), Georgina Muñoz (Latindadd) y Eric LeCompte (Jubileo USA).

Este foro público se realiza en el marco de un taller internacional que reune en Ecuador a economistas latinoamericanos para discutir temas relacionados a la denuncia de sistemas internacionales dominación económica y a la construcción de una nueva arquitectura financiera regional que tenga como objetivos la integración y buen vivir de nuestros pueblos.

La convocatoria proviene de la Comisión Técnica Presidencial Banco del Sur, el Grupo Contra la Deuda, Latindadd, Jubileo 2000 Red Ecuador, Pidhdd Capítulo Ecuador.

El foro se desarrollará a partir de las 18h00 en el auditorio IAEN, ubicado en la avenida Amazonas 37-271 y Villalengua.

Deudas ilegítimas y crisis mundial: aprendizajes y perspectivas de la auditoría ecuatoriana

2011-11-08T15:29:00.001-08:00

El próximo 14 de noviembre, en Quito, se desarrollará el panel-foro "Deudas ilegítimas y crisis mundial: aprendizajes y perspectivas de la auditoria ecuatoriana".

El comite organizador está conformado por el Grupo Nacional sobre la Deuda, la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Central del Ecuador, y la Comisión Técnica para la Nueva Arquitectura Financiera y el Banco del Sur.

El panel-foro se desarrollará, desde las 17h30, en el Paraninfo de la Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Central del Ecuador, con las siguientes intervenciones:

- Resistencias al capitalismo en el mundo (video)

- Geopolítica de la crisis mundial. Antonio Jarquín, Observatorio Internacional de la Crisis, Nicaragua.

- Deudas y crisis en la Unión Europea. Andrés Piqueras, Universitat Jaume I, España.

- La auditoría integral como herramienta para develar las causas y alcances de la crisis internacional. Franklin Canelos, CLAI – GND.

- Auditoría integral de la deuda en Ecuador: resultados y retos. Jorge Acosta, Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración.

- Avances en la Nueva Arquitectura Financiera Regional: una respuesta propia para superar las crisis sistémicas. Pedro Páez, Presidente de la Comisión NAFR – Banco del Sur.

- Algunos desafíos frente a la crisis desde la experiencia latinoamericana.Paulo Campanario, Observatorio Internacional de la Crisis, Brasil.

- Foro. Moderación: Magdalena León, FEDAEPS – REMTE - GND.

Informaciones: 2904242

Fiscalía de Ecuador se compromete a continuar con investigaciones sobre la deuda ilegítima

2011-10-14T21:30:00.000-07:00

Representantesdel Grupo Nacional sobre la Deuda sostuvieron, eljueves 12 de octubre, una reunión en la Fiscalía Generaldel Estado para conocer el avance de las indagaciones realizadas a partir deresultados de la Auditoría Integral del Crédito Público, cuyo informe fuerapresentado hace ya casi tres años.

El doctor Vladimiro Cepeda, asesor del nuevo Fiscal General del Estado GaloChiriboga Zambrano, aseguró que la institución está comprometida en continuarlas investigaciones para determinar las responsabilidades directas en los malosmanejos del endeudamiento público.

Durante la cita, que se realizó en la sede principal de la Fiscalía en Quito, Cepedaindicó que en esta nueva gestión de la Fiscalía, se mantendrá una comunicación másestrecha con quienes participaron en la comisión auditora –CAIC- y con el GrupoNacional sobre la Deuda,con el objetivo de enriquecer la investigación.

Cabe señalar que diferentes funcionarios de gobiernos anteriores vienen siendoinvestigados para determinar el grado de responsabilidad en las irregularidadesque encontró la auditoría en la gestión del crédito público.

El colapso del sistema financiero. Por James K. Galbraith

2011-10-14T13:18:00.000-07:00

James K. Galbraith es uno de los exponentes más destacados del pensamiento económico heterodoxo de los Estados Unidos. Su publicación más reciente, El Estado depredador, analiza el proyecto conservador que logró el control del Estado para destruir las instituciones reguladoras, el sistema de bienestar y el interés público en su país.

En su reciente visita a Ecuador el profesor Galbraith ofreció una conferencia magistral el 20 de septiembre, en Quito, sobre la crisis mundial y sus implicaciones en América Latina.

El el siguiente fragmento de su exposición (en video) se refiere al colapso del sistema financiero estadounidense y europeo. "Se puede describir a toda la industria en los mismos términos que uno utilizaría para describir un asunto criminal. Los documentos que fueron emitidos durante esta crisis eran documentos llamados préstamos hipotecarios, pero no lo eran realmente. No fueron otorgados con la idea de ser pagados, eran préstamos falsos, la palabra correcta sería estafa".

Conferencia completa:

Parte 1 - sobre antecedentes económicos de los años 70

Parte 2 - economía entre 1980 y 2000

Parte 3 - crisis económica actual

Parte 4 - situación de Latinoamérica

La presencia de este teórico de la economía se dio por iniciativa conjunta del Instituto de Altos Estudios Nacionales –IAEN- y su Escuela de Relaciones Internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración –MRECI, la Secretaría Nacional de Planificación –SENPLADES-, y la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social –FEDAEPS-, entidades que han propiciado ya la presencia de personalidades del mundo académico internacional, para alimentar los debates nacionales y la construcción de un pensamiento propio en permanente interacción con las corrientes innovadoras globales.

Fuente: http://www.fedaeps.org/economia-critica-10/video-el-colapso-del-sistema?var_mode=calcul

GND presentó en Asamblea Nacional Informe de la Auditoria Integral del Crédito Público relacionado con el caso INTERAGUA

2010-01-12T12:58:00.001-08:00

El viernes 8 de enero una delegación del Grupo Nacional contra la Deuda fue recibida en audiencia por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional e hizo entrega del Informe de investigación sobre el caso INTERAGUA, el mismo que hace parte del Informe de Auditoria producido por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público –CAIC- en 2008.

Este documento de carácter oficial contiene el análisis del préstamo BID 1026-OC-EC por USD 40 millones, firmado el 16 de octubre de 1997, para financiar el Programa de Concesión al Sector Privado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Este traspaso de competencias del Estado a la empresa privada se concretó en el año 2001 a través de la concesión que ECAPAG -Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil- otorgó a la Empresa Internacional Water Services-Guayaquil INTERAGUA Cia Ltda., subsidiaria de la estadounidense Bechtel. En base a las evidencias recogidas la CAIC llegó a la conclusión de que se trata de un crédito ‘innecesario, ilegal e ilegítimo’, lesivo a la soberanía nacional y a los derechos humanos, y recomendó la terminación del contrato.

La delegación del GND, presidida por el Ec. Franklin Canelos ex vicepresidente de la CAIC, subrayó la importancia de recoger los resultados de dicha auditoria de la deuda, cuyos hallazgos, conclusiones y recomendaciones tienen una necesaria línea de continuidad en las medidas de sanción y rectificación que deben asumirse con apego a la Constitución y a las leyes.

Los resultados de la auditoria de la CAIC para el caso INTERAGUA se ratifican en las posteriores auditorias realizadas por la Contraloría y por el MIDUVI, las cuales muestran las múltiples irregularidades e incumplimientos contractuales de esa empresa, que se traducen en perjuicios a la población usuaria del servicio y en un traspaso de recursos públicos a favor de una empresa privada transnacional.

Siendo así, el GND expresó su preocupación por que el MIDUVI haya recomendado la renegociación del contrato de concesión y no su terminación, como corresponde. Señaló que continuará con el seguimiento a este caso, en cumplimiento de su compromiso con la justicia y no impunidad frente a las deudas ilegítimas.

Por la inmediata terminación del contrato con Interagua

2009-11-04T07:26:00.000-08:00

DEUDA ILEGÍTIMA, CONCESIÓN ILEGÍTIMA

Entre los créditos examinados por Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público -CAIC- se encuentra el contrato de préstamo BID 1026-OC-EC por USD 40 millones, firmado el 16 de octubre de 1997, para financiar el Programa de Concesión al Sector Privado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Este traspaso de competencias del Estado a la empresa privada se concretó en el año 2001 a través de la concesión que ECAPAG -Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil- otorgó a la Empresa Internacional Water Services-Guayaquil INTERAGUA Cia Ltda., subsidiaria de la estadounidense Bechtel.

En el informe de auditoria de la CAIC, presentado al país el 20 de noviembre del 2008, se concluye que esta concesión así como el contrato de crédito que financió su implementación están viciados de ilegalidades e ilegitimidades, producto de una serie de condiciones inaceptables para el país e incumplimientos del contrato de concesión. El informe determina que ECAPAG declare la caducidad del contrato de concesión con INTERAGUA. Tal conclusión se fundamenta, entre otros, en los siguientes hallazgos:

1. Incumplimiento del contrato: la Auditoria de Gestión Financiera de julio del 2002, estableció que INTERAGUA recibió de ECAPAG más de 5,56 millones de dólares por concepto de recaudación de impuestos, monto que no fue invertido en nuevas conexiones de agua potable ni en la contratación de un fideicomiso para administrar tales fondos como lo exigía el contrato de concesión. Además, la CAIC evidenció que el incumplimiento de las obligaciones contractuales para la rehabilitación y ampliación de los servicios durante el primer quinquenio de concesión, ocasionaron que INTERAGUA sea multada con 1’500.000 dólares y 5’135.000 dólares, en los años 2007 y 2008, respectivamente. Estas multas prueban que se incurrió en lo estipulado en la cláusula vigésima del contrato de concesión que dispone la “terminación y caducidad del contrato por culpa de la concesionaria”.

2. Estructura tarifaria que perjudica a población más pobre: la concesión otorgada a INTERAGUA no ha representado un mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en Guayaquil, por el contrario ha significado un impacto en la población de bajos ingresos debido al incremento sostenido de tarifas (189% desde la concesión), ocasionado por una estructura tarifaria cuya finalidad es garantizar la rentabilidad del operador privado. Según reportes de ECAPAG, INTERAGUA cortó el servicio de agua a 32.204 familias guayaquileñas. 98.585 familias no han podido pagar las deudas del agua. "La privatización del agua potable, con los efectos de la subida de tarifas y la exclusión de los que no pueden pagar, atentó contra el derecho de acceso al agua y el derecho a la salud", según el análisis jurídico de la CAIC.

3. Violación de derechos laborales: la reducción del personal de ECAPAG al mínimo, lo cual implicó el despido de 1.600 empleados al margen de las estipulaciones del contrato colectivo y graves denuncias de presión para conseguir las “renuncias voluntarias” de los trabajadores, violando así su derecho al trabajo proclamado en el Art. 49 de la Constitución.

4. Impactos en la salud y en el medio ambiente: la falta de tratamiento de las aguas residuales y la contaminación al medio ambiente por parte de la concesionaria, ha provocado problemas de salud pública. Así, en el año 2005, cuando se produjo un brote de hepatitis A, la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción determinó que el agua potable de Guayaquil no era “apta para el consumo humano”. Pruebas adicionales de laboratorio realizadas en hogares del Guasmo Sur confirmaron estos hallazgos.

5. Traspaso de competencias del Estado al sector privado: este contrato de crédito contempló la transformación de ECAPAG de prestador de servicios en ente supervisor del contrato de concesión, violando los Art. 61 y 171 de la Constitución en ese momento vigente, que determinaba como competencia del Estado el manejo de los servicios de agua potable.

6. Lesión a la soberanía nacional: renuncia a la jurisdicción local en caso de controversias, subordinación de nuestra legislación a las normas del BID, injerencia en la legislación e institucionalidad del país. En las cláusulas del contrato de crédito se establecen una serie de condicionamientos con los cuales el BID -a través de su no objeción- ejerció control sobre todo el proceso de concesión, desde la elaboración de la propuesta del contrato de préstamo hasta la selección de ofertas y la elaboración del contrato de concesión.

Ante estas evidencias, la CAIC concluye que el crédito contratado con el BID fue innecesario, ilegítimo e ilegal, subrayando que el beneficiario final del préstamo, que hoy pagamos todas/os los ecuatorianos, fue y sigue siendo una empresa privada. De la misma manera, recomendó que ECAPAG declare la caducidad del Contrato de Concesión con INTERAGUA y asuma la prestación del servicio, fortaleciendo su funcionamiento con participación de organizaciones ciudadanas y colegios profesionales.

Estos resultados y recomendaciones son inseparables de la auditoria realizada con posterioridad por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda –MIDUVI-, en cumplimiento a la disposición transitoria vigésima sexta de la Constitución vigente, que ratifica los hallazgos de la CAIC y encuentra nuevas irregularidades. Así, los informes presentados por el MIDUVI en octubre de 2009, señalan, entre otras irregularidades, que:

Ante los incumplimientos de INTERAGUA que dieron lugar a las multas, ECAPAG “debió aplicar el número 20.3.2 de la cláusula vigésima: Terminación del Contrato y Caducidad”. Lejos de ello, INTERAGUA es premiada por su incumplimiento pues: “el importe de la multa es utilizado por ECAPAG para resarcir el incumplimiento de la Concesionaria, se les devuelve la diferencia, y las obras ejecutadas pasan a formar parte de las inversiones realizadas por INTERAGUA y en consecuencia parte de sus activos”.
“INTERAGUA se muestra ineficiente en la disminución de pérdidas de agua potable pues en el proceso de distribución se pierde un 65,4% de lo producido, afectando significativamente al costo del metro cúbico comercializado”.
Incumplimiento grave en los compromisos de inversión de fondos propios. Al menos el 61% de la inversión proviene de fondos del Estado (Municipio, ICE, CEM); en los planes de inversión futura se contempla un aporte de sólo el 29%, mientras 71% corresponde a fondos del Estado y la recuperación mediante tarifa.
INTERAGUA ha facturado por concepto de alcantarillado y depuración de aguas 160’543.167 dólares, mientras que la inversión realizada en alcantarillado ha sido sólo de 43’165.806 dólares, es decir sólo el 28% de lo que ha cobrado por este servicio.
Es inaceptable que en el contrato de concesión se estipule el tratamiento de sólo el 20% de las aguas residuales, y peor aún que la concesionaria haya cumplido con sólo el 11% de tratamiento de estas aguas.
Existen distorsiones graves en el cálculo del costo de la tarifa, tales como la inclusión de financiamiento público como inversiones propias, la incorporación de los impuestos y participación de los trabajadores (de las utilidades) como parte del factor de actualización de las tarifas, elevando su costo y generando beneficios financieros injustificados a favor de la concesionaria.

La consecuencia lógica de los resultados de estas dos auditorias solo puede ser la inmediata terminación del contrato de concesión con INTERAGUA. Sorprende, resulta incomprensible e inadmisible que el MIDUVI recomiende la renegociación de dicho contrato y que además ofrezca a esa empresa financiamiento del Banco del Estado para que cumpla con sus obligaciones.

Por soberanía, dignidad y justicia planteamos que el Gobierno Nacional de por terminada dicha concesión, declare la ilegitimidad y nulidad del contrato de crédito BID 1026-OC-EC y determine las responsabilidades nacionales e internacionales por los perjuicios causados al país.

Quito, 29 de octubre de 2009

Grupo Nacional contra la Deuda
Acción Ecológica

Centro de Derechos Económicos y Sociales –CDES-

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo –CADTM-
Consejo Latinoamericano de Iglesias –CLAI-

Contrato Social por la Educación

ECUARUNARI

Jubileo 2000 Red Guayaquil

Observatorio de la Cooperación al Desarrollo –OCD-

Red de Mujeres Transformando la Economía –REMTE-

Adhesiones

Observatorio Ciudadano de Servicios Públicos, Ecuador

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Ecuador

Red RAPAL, Ecuador

Ecuador Decide

Nexos Culturales, Ecuador

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Ecuador

Foro Democrático Guayaquil, Ecuador

Colectivo de Mujeres Acción Política por la Equidad, Ecuador

Movimiento Mi Cometa, Ecuador

Fundación de Estudios, Acción y Participación Social –FEDAEPS-, Ecuador

Revista R, Ecuador

Jubileo Sur – Américas

Campaña Agua Para Todos, América Latina

Consejo Andino Permanente de Sindicatos del Agua

Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, Bolivia

Escuela Andina del Agua, Bolivia

Escuela del Pueblo Primero de Mayo, Cochabamba, Bolivia

Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Bolivia

Comisión Nacional de Defensa del agua y La Vida, Perú

Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable del Perú

Sindicato Único de Trabajadores de SEDAPAR -, Perú

Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Perú

Ecofondo, Colombia

Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Colombia

Corporación AVOCAR, Colombia

Programa Chile Sustentable, Chile

Mujer y Medio Ambiente, México

Red de Género y Medio Ambiente, México

Food and Water Watch, Estados Unidos

Corporate Watch, Londres, Reino Unido

Observatorio de la Deuda en la Globalización, España

Deuda: No hay salidas simples

2009-09-17T09:47:00.000-07:00

Magdalena León T.

¿Quién no tiene o ha tenido una deuda? Aunque es operación corriente, casi nunca funciona según la versión más simple, o sea recibir un dinero con el compromiso de pagar un interés y devolver el capital en un plazo determinado, o bien recibir un bien o un servicio que se paga después, también con un interés añadido. Este esquema básico se complejiza por una serie de elementos ‘técnicos’ y de los otros, más aún en el marco de un sistema financiero intrínsecamente especulador y fraudulento que se ha desnudado con el estallido de la crisis. Una deuda puede comprometer proyectos de vida, no sólo cuando hay dificultades para el pago, sino por los mecanismos que inducen al endeudamiento y orientan el uso de esos recursos: para automóviles y no para producción, para consumo suntuario pero no para necesidades básicas y emergencias.

La deuda de los países tiene algunas semejanzas, pero dista mucho de ser lo mismo pero en más grande. Aquí se anudan elementos financieros, económicos y geopolíticos. Convergen múltiples actores, mecanismos, intereses. En la fase neoliberal la deuda dejó de ser –si alguna vez fue sólo eso- medio para obtener financiamiento, sea paracubrir déficit o para realizar inversiones. Pasó a ser un medio para extraer recursos públicos y concentrarlos en manos privadas nacionales e internacionales, para saquear, para imponer políticas,condiciones, agendas en todos los ámbitos.

Si algo marca la realidad y las respuestas sobre este tema es la complejidad. La auditoria nacional realizada en 2008 –pionera en la región- juntó elementos ya conocidos en sus tendencias generales y los profundizó, añadió nuevas evidencias y más argumentos para mostrar que la deuda es un problema sistémico, con muchos entramados. Siendo así, la salida, la solución, la estrategia necesariamente deben tener igual carácter.

Esta constatación se confirma si se consideran las reacciones ya vistas del ‘sistema internacional’ ante episodios de moratoria. En esas arenas del poder mundial dos sencillas palabras se tornan extremadamente complejas: no pago. Esa sencilla verdad respaldada en hechos y ética no cae por su propio peso, ni siquiera en estos tiempos de relativo descrédito de ese sistema financiero especulador y fraudulento.

Así, una estrategia compleja supone contemplar herramientas convencionales y nuevas, conjugar alivio, moratoria, impugnación,judicialización. Implica impulsar la continuidad de la auditoria y su inicio en otros países, para sumar fuerzas y encarar juntos a esos poderes, para que el no pago se torne viable, se consagre como medida soberana incuestionable.

En breve el gobierno revelará su propuesta de ‘solución definitiva’ para los bonos Global 2012 y 2030, como primer paso de una estrategia integral hacia una salida digna y soberana al problema de la deuda. Esa es sólo una porción de la deuda, pero quizá la más plagada de ilegalidad e ilegitimidad: deuda ‘mutante’, contratada en principio con la banca comercial, convertida luego en bonos Brady y más tarde en bonos Global.

Este es un tema de país donde caben tareas al gobierno y a la sociedad, en una conjugación como la que ya ha hizo posible la realización de la auditoria, y que es fundamental para el logro de una estrategia que no será de corto aliento.

La auditoria de la deuda e(x)terna ecuatoriana Un paso histórico para una solución definitiva

2009-09-05T10:45:00.000-07:00

Alberto Acosta

“Por desgracia, hasta hoy, la impunidad ha sido la piedra angular que ha sostenido en pie la famosa escuela de vicios y depravación que dejó establecida el General Flores. Sus vástagos aprovechan el tiempo y sin ruborizarse hacen su agosto sin detenerse ante el día de la fiscalización inexorable que se aproxima. Con tal de quedar millonarios y poder escapar, lo demás poco les importa”

Eloy Alfaro, La deuda Gordiana, 1896

La deuda externa ha sido eterna para Ecuador. Sus dificultades son tan antiguas como la formación de la República. Sus peripecias han sido un telón de fondo en nuestra vida económica, social y política. Y, en este interminable sendero, las soluciones, impulsadas y controladas por los acreedores, en contubernio con los negociadores nacionales, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Por eso, las tan promocionadas “soluciones definitivas”, apegadas a la racionalidad del mercado, a la postre han ahondado las crisis.

Por otro lado, muchas propuestas alternativas, por diversas razones, no cuajaron o no han superado las actitudes discursivas o los planteos académicos. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento ético indiscutible, se han entrampado en posiciones inmovilistas. Más de una vez las movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en sí mismas. Siempre han faltado respuestas estructurales que aborden sus causas.

Hoy, sin embargo, en Ecuador se cuenta con el informe de la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público (externo e interno). Un esfuerzo que se cristalizó gracias a la presión de la sociedad desde hace más de dos décadas. Y, por cierto, debido al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa, quien conformó de dicha Comisión y lo respaldo decididamente.

Esta acción del gobierno ecuatoriano, que constituye apenas un primer paso en la búsqueda de una solución definitiva, demuestra, por lo demás, la conveniencia de oír a sociedad civil. La participación social -no la manipulación social- es una herramienta fundamental para llegar a soluciones de consenso en las propuestas de leyes o para alentar respuestas estructurales en cuestiones de trascendencia nacional.

[…]

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Carta abierta del GND por la propuesta Yasuní ITT

2009-07-09T10:29:00.000-07:00

Ecuador, 9 de julio de 2009

Carta abierta a nuestros amig@s y compañer@s:

La propuesta Yasuní ITT ha dado pasos importantes. Paulatinamente es aceptada en el mundo como una propuesta capaz de evidenciar la necesidad de salir del modelo extractivista -primario exportador- y avanzar hacia un modelo de justicia ambiental, en el que primen los derechos de la naturaleza y de los pueblos. Uno de sus mayores logros es la adopción de medidas de restricción a las operaciones petroleras en áreas protegidas y de protección a los pueblos libres en aislamiento voluntario. Para cristalizarla, se han conseguido importantes respaldos internacionales, como el aprobado por el parlamento alemán,cuyo mérito adicional es que deja por fuera los mecanismos de mercado tan cuestionados a nivel internacional.

Paralelamente a esto, Ecuador realizó una auditoria del crédito público,que puso en evidencia el carácter ilegítimo que subyace al sistema de endeudamiento impuesto y a la mayoría de los créditos específicos en los distintos tramos (http://www.auditoriadeuda.org.ec/). Muchos de estos créditos estaban orientados precisamente a afianzar el modelo depredador del cual queremos salir. Esos resultados de la auditoria confluyen con el reclamo social de las deudas histórica, social, de género, ecológica y climática, esta última por la apropiación ilegítima y desproporcionada de la atmósfera y de la capacidad de absorción de carbono del planeta.

Ambas propuestas van de la mano y están estrechamente relacionadas. Ambas son caminos para iniciar una transición a un Ecuador post petrolero (que tampoco podrá ser minero). Incluso van más allá, proponen un planeta que deje atrás las secuelas de una civilización depredadora que tiene en su corazón al petróleo y que acabe con la deuda financiera como instrumento de dominación y control político y económico.

Desde esta urgencia de cambio en función de la vida, el desafío es avanzar a nuevas opciones financieras y nuevas formas de enfrentar la hecatombe climática, con criterios de justicia. En consecuencia nos corresponde ahora:

1. Fortalecer la política nacional y regional de defensa de las áreas protegidas, de las zonas frágiles, de los territorios indígenas, en cabal aplicación de los derechos de la naturaleza, entre ellos el de existir y perdurar.

2. Discutir y definir colectivamente el destino de los fondos que puedan provenir desde iniciativas como la del Yasuní ITT teniendo como horizonte el Sumak Kawsay (Buen Vivir), como esquema alterno al extractivismo.

3. Avanzar a nivel internacional en la construcción de mecanismos para asumir responsabilidades comunes pero diferenciadas, entre los países del norte y del sur, como base justa y efectiva para enfrentar los cambios climáticos.En ese contexto, los ‘canjes de deuda por naturaleza’ no pueden ser una opción de financiamiento para el Yasuní ni para otros proyectos, pues parten en la mayoría de casos de deudas ilegítimas. La deuda bilateral con los gobiernos del Norte, así como el resto de tramos de deuda, ha tenido históricamente vicios que han sido develados por la auditoria de la deuda realizada en Ecuador.

Esta reflexión es por igual válida para otros canjes, por ejemplo para financiar proyectos educativos, pues surgirían de situaciones de ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa, además en muchos casos vinculados a condicionalidades económicas causantes de graves problemas económicos y sociales en nuestros países.

El uso del canje de deuda externa como mecanismo de financiamiento para cualquier tipo de proyecto requiere tener presente un doble riesgo: el de debilitar el criterio de responsabilidad de los países contaminadores, y el de minimizar el reclamo de ilegitimidad de la deuda.

Así también, es fundamental evitar confusiones entre la esencia innovadora de la propuesta Yasuni ITT (contribución solidaria y responsable por la no explotación y represamiento del petróleo en el subsuelo, y por ende no nuevas emisiones de CO2 y protección efectiva de los bosques tropicales), y la visión mercantil de la venta de carbono. Esta vía de mercado, atada a la lógica de la especulación en muchas ocasiones, puede generar derechos empresariales sobre los territorios del Sur, provocando efectos ineficientes e injustos, al no permitir abordar la cuestión de fondo, esto es que la producción y el consumo de petróleo es una de las principales causas de las crisis climáticas.

La propuesta Yasuní ITT, al igual que la demostración de la ilegitimidad de la deuda, han sido pasos importantísimos, no sólo para el Ecuador. Son acciones que contribuyen a mejorar sustantivamente la convivencia en el planeta tierra, por ello nuestra invitación a las organizaciones internacionales a contribuir difundiéndolas y defendiéndolas.

Campaña Amazonía por La vida

Grupo Nacional Contra la Deuda

Endeudamiento Externo de Ecuador: triste hisotria de atracos

2009-07-04T11:13:00.000-07:00

Leonardo Vicuña Izquierdo

La Comisión de Investigación de la Deuda Externa Pública de Ecuador terminó su trabajo con estas conclusiones. Denuncia cruda y el juicio espera...

Las políticas de endeudamiento externo público y de pago del servicio son de larga data; además se constituyeron en un verdadero flagelo para la economía y la vida popular.

Han sido un instrumento de enriquecimiento y de acción corrupta del poder subordinado a la banca internacional.

La organización del Estado y el marco jurídico que determina su funcionamiento fueron planificados para el atraco, a través de la contratación de créditos, renegociaciones, emisión y venta de bonos, y, recientemente, mediante pago anticipado de tramos de deuda.

La política fue determinada por las multilaterales, alrededor de estos procesos y desde ella el sostenimiento del mecanismo de “ajustes” “estabilizadores” y “estructurales” gravaron la vida popular con los “paquetazos” económicos, retrasaron la economía, asaltaron los recursos petroleros y dineros públicos, liquidaron la soberanía, hicieron desaparecer la moneda nacional, obligaron a gran parte de la población a migración al exterior; en suma, subordinaron al Estado y lo pusieron al servicio de la banca especuladora.

Las Cartas de Intención del FMI, sustituyeron los planes de gobierno.

En los últimos 35 años los especuladores y las mafias financieras, apuntaladas por uno y otro gobierno, endeudaron al país, despilfarraron y atracaron más de $90,000 millones, producto de los créditos externos e ingresos petroleros.

La deuda externa pública creció en 47 veces; desde $229 millones en 1970 a $10,851 millones en el 2005.

La deuda externa privada, que fue asumida por el BCE en 1983, reduciéndose a $85 millones, supera hoy los $7,000 millones, representando un 70% de la pública.

El servicio de la deuda absorbe un 50% de los ingresos corrientes del PGC; en el 2006 fue de $2,850 millones todo lo cual incidió fuertemente en el gasto social, reduciéndolo significativamente y alejó la reactivación productiva.

En términos netos, por ésta vía, el país se convirtió en exportador de capitales.

En efecto, en ese período, canceló por servicio de la deuda $57.1 miles de millones y recibió desembolsos por nuevos créditos por $46.6 miles de millones, lo que arrojó un déficit de $7.3 miles de millones.

La Comisión de Investigación de la Deuda Externa Pública concluyó su trabajo, entre otras, con estas conclusiones. El actual Presidente tiene en sus manos el informe. Analizó los distintos procesos que dieron lugar a este descalabro, cuyos efectos nocivos hasta el momento los sufre la población.

Entre ellos, el endeudamiento “agresivo” de la dictadura militar del triunvirato de Poveda Burbano, Durán Arcentales y Leoro Franco, que inauguró este perverso proceso; la “sucretización” de la deuda externa privada en el gobierno de Oswaldo Hurtado, con el que se libera a la gran banca, poderosas empresas y personas, de sus deudas, obligando al BCE a que asuma unos $1,488 millones; la ampliación de la misma en el gobierno de León Febres Cordero, en el que además se facilitó la entrega de dinero del BCE a los financistas para recomprar papeles de deuda a precios bajos y devolverles el 100% de su valor nominal, en lo que se llamó, “reconversión de deuda”.

En el gobierno de Rodrigo Borja se coronó el proceso de sucretización, dos días antes de terminar su mandato emite un bono por 1billón 3.354.212 millones de sucres al 1% y 100 años plazo, para la liquidación de las pérdidas registradas en el proceso y se crearon las condiciones para renunciar a la prescripción de la deuda con la banca privada internacional, lo que debió ocurrir en diciembre de 1992.
Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik convalidan la deuda con la banca privada y la convierten en Bonos Brady, favoreciendo a los acreedores con el Convenio de Garantía de Depósitos (Tolling Agreement).
Con Jamil Mahuad sobrevino la fraudulenta quiebra bancaria y el multimillonario salvataje estatal y la mañosa creación de la AGD, en el marco del llamado “atraco del siglo”.
Más adelante se impuso la dolarización, extensión del atraco, y luego la renegociación de Jorge Gallardo en el gobierno de Gustavo Noboa, proceso en el cual se revalorizó en un 40% la deuda en bonos Brady y se crearon los bonos Global, con los que se reconoció hasta el 12% de interés.

Con el gobierno de Alfredo Palacio se inician dudosos procesos de inversión y venta de bonos; y luego, de recompra anticipada de los bonos Global.

Todo esto paralelo con mayor endeudamiento. ¡Triste historia de atracos!

Leonardo Vicuña Izquierdo

Profesor universitario. Economista político ecuatoriano. Autor de varias obras y editorialista de algunos medios.

Carta abierta del GND por la nulidad de la deuda entre Ecuador e Italia por la ‘Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind’

2009-06-08T09:59:00.000-07:00

Quito y Roma, 8 de junio de 2009

Señor
Franco Frattini
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ITALIA
Roma - Italia

Señor
Fander Falconí
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION DE ECUADOR
Quito - Ecuador

De nuestras consideraciones:

Las organizaciones integrantes del Grupo Nacional contra la Deuda de Ecuador -GDN-, junto con las entidades italianas que suscribimos la presente, nos dirigimos a ustedes para exponer lo siguiente:

El Gobierno de la República del Ecuador creó la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público -CAIC-, con la participación de miembros nacionales e internacionales de larga trayectoria académica y social en la temática; los resultados de su trabajo de investigación técnica del período 1979-2006 fueron presentados públicamente en noviembre de 2008.

Esta auditoria, pionera en el mundo, ofrece evidencias incontrastables sobre las irregularidades, abusos e injusticias que han caracterizado ese endeudamiento. Así, los documentos y análisis muestran la inequidad, violación de principios, falseamiento de reales propósitos en las contrataciones de créditos, costos manipulados y onerosos, mayor empobrecimiento de grupos humanos directamente afectados y graves impactos ambientales que perjudicaron las condiciones de vida en grandes zonas del país.

Entre los casos examinados, la auditoria analizó el crédito concedido por el Gobierno de Italia al Gobierno de Ecuador por un monto aproximado de 58 millones de dólares, en noviembre de 1995, para la construcción de la ‘Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind’, ubicada en la Presa Daule Peripa, en el Litoral ecuatoriano.

Los hallazgos principales de la auditoria para este caso se sintetizan en los siguientes puntos:

Bajo promesa y condicionamiento del crédito, que representó un aporte aproximado de solo el 20% al financiamiento total del proyecto, se circunscribió exclusivamente a empresas italianas la licitación para la construcción, habiéndose adjudicado, luego de segundo proceso licitatorio, a los consorcios italiano-ecuatorianos Ansaldo Energia S.P.A., Impregilo S.P.A (Impresit-Girola-Lodigiani ) y Equidor S.A.

Se instalaron tres turbinas, adquiridas a empresas italianas, a pesar de que la caída y volumen de reserva o caudal de la corriente hídrica era insuficiente, de manera que dichos equipos funcionan sólo al 30% de su capacidad instalada. Además, la instalación de la tercera turbina, no prevista inicialmente, redujo el recurso hídrico para el riego y agua potable, objetivos fundamentales del Proyecto Multipropósito Daule – Peripa.

Cambio de características técnicas de las turbinas: mientras en los contratos se especifican 71 MW de potencia nominal, en las placas que registran la matrícula de cada turbina aparecen con 65 MW; diferencia que no ha sido suficientemente explicada.

Como consecuencia del sobredimensionamiento del proyecto Central Hidroeléctrica, varios contratos complementarios para la construcción, reajustes de precios (según los contratos, se trasladaba a los costos generales inclusive el aumento inflacionario en Italia) el valor inicial que en 1993 era de 161.3 millones de dólares, pasó a 293.9 millones de dólares, al término del proyecto.

Poblaciones aledañas fueron desalojadas por la construcción de las obras, constituyéndose varios territorios en zonas de inundación. En la actualidad se encuentran 8 poblados desplazados y 63 comunidades aisladas. Aún permanecen 14.965 campesinas/os afectados, los cuales carecen de agua potable y aún de electricidad porque las instalaciones de la Central Hidroeléctrica no previeron la atención a asentamientos contiguos. En esa zona de extrema pobreza se registra la mayor tasa de analfabetismo del país (entre el 26% y 39%). La erosión, deforestación y maleza acuática producto del embalse, obligaron a cambios en condiciones de vida y de cultivos que han contribuido al aumento de la pobreza.

Estas evidencias establecidas en la auditoria, configuran actos lesivos al interés nacional del Ecuador, como son: condiciones en la concesión del crédito de “ayuda” ligada a compras y contratos con empresas de Italia, como acreedor; es decir que, los reales propósitos de quienes intervinieron eran el beneficio a intereses particulares y no a la disciplina de la cooperación de Italia con países en vías de desarrollo; en oposición a esa misma disciplina se perjudicaron los derechos y salvaguardia de la vida humana y al patrimonio ambiental, pues no se efectuaron ni requirieron evaluaciones de impacto económico, social y ambiental ni hubo consulta previa a las comunidades involucradas.

Por las causas anotadas y otras que se registran en los documentos de análisis, la auditoria califica al préstamo, denominado Mediocrédito Centrale S.p.A. otorgado en 1995 por Italia al Gobierno de Ecuador, de ilegal porque viola principios jurídicos y mandatos de leyes ecuatorianas, del derecho internacional y de la legislación civil italiana. Se lo considera ilegítimo por la falta de buena fe e inequidad en la concesión, perjuicios ocasionados a la economía ecuatoriana, el atropello a derechos de los pueblos y la no prevención de impactos.

Es por ello que solicitamos al Gobierno de Italia, proceda a declarar en forma urgente, unilateral e incondicionada la nulidad de esta deuda y la declaración definitiva de cancelado del saldo aproximado de 48 millones de euros.

Consideramos, además, de interés para los gobiernos y pueblos de ambos países, la realización urgente de auditorias de todos los créditos bilaterales, a fin de establecer sus condiciones y las respectivas corresponsabilidades.

Solicitamos a los gobiernos de Italia y Ecuador que se realice un proceso de evaluación de los daños y compensación justa a las comunidades afectadas por la inconsulta construcción de la ‘Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind’, en consideración a sus derechos de reparación de los daños causados a su patrimonio y potencial de vida.

Las organizaciones ecuatorianas, italianas e internacionales, que estamos actuando solidariamente en este planteamiento de justicia y transparencia, quedamos pendientes de sus decisiones y nos ponemos a su disposición para lo que sus gobiernos estimen necesario a fin de llegar a una pronta resolución.

Cordialmente,

GRUPO NACIONAL CONTRA LA DEUDA ECUADOR

Acción Ecológica

Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM)

Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)

ECUARUNARI

Jubileo 2000 Ecuador

Observatorio de la Cooperación al Desarrollo (OCD)

Observatorio de Servicios Públicos - Guayaquil

Red de Mujeres Transformando la Economía (REMTE)

ORGANIZACIONES ITALIANAS y EUROPEAS

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale

Mani Tese

Centro Legale pro Afro Discendenti e Indigeni (CLAI)

European Network on Debt and Development (EURODAD)

Foro ‘Hacia una estrategia integral frente a la deuda ilegítima’

2009-05-15T13:20:00.000-07:00

El Grupo Nacional Contra la Deuda realizó el día de ayer 14 de mayo, en la Universidad Andina Simón Bolívar, el Foro ‘Hacia una estrategia integral frente a la deuda ilegítima’, con el objetivo de debatir la propuesta de recompra de Bonos Global en el contexto de los resultados de la auditoria del tramo comercial de la deuda y del escenario internacional.

El Foro contó con la participación del Ministro Coordinador de Política Económica, Ec. Diego Borja, quien destacó el valor moral y práctico de los resultados de la auditoria de la deuda, que sirven hoy para sustentar la exigencia de renovación del sistema financiero y de construcción de una nueva arquitectura financiera internacional, proceso al que Ecuador está aportando con liderazgo técnico y político. Enfatizó que la propuesta del gobierno de recompra de deuda comercial no desdice de ninguna manera la tesis de ilegitimidad de la deuda, planteada por la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público y exigida por varios sectores sociales del país. El gobierno ha planteado el mecanismo de recompra en forma de “subasta holandesa modificada” que pretende la recompra de los bonos al 30% de su valor.

Franklin Canelos, representante del Consejo Latinoamericano de Iglesias y miembro de la Comisión de Auditoria, expuso los principales hallazgos en cuanto a la deuda comercial, haciendo un breve repaso de los diferentes episodios de los últimos 30 años y sus implicaciones: la crisis de pagos causada por la elevación unilateral de las tasas de interés, la sucretización de deudas privadas, el Plan Brady y el Canje de Bonos Brady a Bonos Global. El informe de la Comisión confirmó los mecanismos perversos, las imposiciones, condicionamientos y maniobras conjuntas entre la banca internacional y las multilaterales, que, a más de los interes usurarios, configuran la ilegitimidad de gran parte de la deuda comercial.

En su comentario, el economista Alberto Acosta, ex Presidente de la Asamblea Nacional Contituyente, señaló como un hito histórico, de alcance nacional e internacional, la realización de la auditoria, propuesta de la sociedad que fue acogida y asumida por el actual gobierno. Sus hallazgos tienen valor ético, político, histórico; para el caso de la deuda comercial muestran la superposición de figuras de deuda odiosa, usuraria, impagable y corrupta. Consideró que en la propuesta de recompra de bonos ha prevalecido una visión pragmática, que genera interrogantes sobre dónde queda la ilegitimidad. En el marco de esa opción de ‘alivio’, el mecanismo de recompra podría resultar un ejercicio financiero interesante si logra aliviar el grave peso de la deuda comercial que representa el 30% de la deuda pública total de Ecuador. Insistió en la necesidad de crear una instancia jurídica internacional que legisle y resuelva este tipo de conflictos.

El comentario de Magdalena León, representante de la Red de Mujeres Transformando la Economía y miembro del Grupo Nacional Contra la Deuda, destacó el impacto de la auditoria ecuatoriana a nivel mundial, ejemplificando su interrelación con procesos tanto sociales como institucionales. Su coincidencia con la crisis financiera añade utilidad a las evidencias sobre los mecanismos de un sistema especulativo y fraudulento, que hablan no sólo de la ilegitimidad de la deuda sino también de la ilegitimidad del modelo. Recordó los avances recogidos en la nueva Constitución, que señala como “obligatoria la impugnación cuando se demuestra que la deuda es ilegítima” e incorpora el concepto de “soberanía financiera”, lo que resulta convergente con la búsqueda de una nueva arquitectura financiera internacional. Destacó la necesidad de avanzar en una estrategia integral, que conjugue los variados avances conceptuales y políticos, y construya una viabilidad regional e internacional de las alternativas.

Este Foro se realizó como parte de una jornada sobre la deuda, que tuvo como acto complementario el lanzamiento del Programa Nacional de Capacitación sobre Deuda, impulsado por Jubileo 2000, cuyo principal objetivo es concientizar e informar a padres, alumnos y maestros de nivel bachillerato sobre los orígenes e los impactos de la deuda externa.

Quito, 15 de mayo de 2009

Lazard Frères y las deudas ilegítimas

2009-04-26T13:56:00.000-07:00

Pablo Dávalos

En esta semana (20-26/04/09), el gobierno del Ecuador realizó una propuesta con respecto a su deuda externa en la cual proponía a los tenedores de los Bonos Global un mecanismo de recompra denominado “subasta holandesa modificada”. La propuesta en sí contemplaba una reducción de hasta el 70% del valor nominal de los Bonos Global, en una posición que reflejaba el precio de estos bonos en el mercado secundario.

Hay que considerar que el Ecuador había entrado en default (mora) con respecto al pago de estos papeles, aunque había cubierto los pagos de los Bonos Global 2015, indicando que la emisión de estos Bonos Global 2015, no tenían el mismo proceso de emisión que los 2012 y 2030 (estos últimos formaban parte de los denominados Bonos Brady y que fueron susceptibles de renegociación por el gobierno de Gustavo Noboa en el año 2000, cuando el país sufrió los efectos de una crisis financiera y monetaria que condujeron a la dolarización de su economía).

De otra parte, es de indicar que existían una serie de rumores y de presunciones con respecto a la posición del gobierno ecuatoriano ante la deuda externa nominada en Bonos Global. Una de esas presunciones hacía referencia al hecho de que el gobierno difícilmente daría marcha atrás en sus primeras declaraciones sobre las deudas ilegítimas y que, al mismo tiempo, buscaría un mecanismo de renegociación de esos bonos. Asimismo, hay que recordar que el contexto en el que fueron emitidas esas declaraciones gubernamentales era de precios del petróleo de 140 USD y de relativa bonanza económica para el Ecuador.
[…]

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UNA ESTRATEGIA INTEGRAL FRENTE A LA DEUDA ILEGITIMA: COMPROMISO DE TODAS/OS

2009-04-16T10:15:00.000-07:00

La auditoria ecuatoriana del crédito público realizada en 2008 confirmó los mecanismos perversos, las imposiciones y condicionamientos que, a más de los intereses usurarios, configuran la ilegitimidad de gran parte de la deuda externa. La auditoria sustentó sus hallazgos y conclusiones en documentos que demuestran que la deuda es un problema sistémico.

A estas evidencias de la auditoria, se suman las pruebas irrefutables que han salido a la luz con el estallido de una crisis económica que confirma el carácter fraudulento del sistema financiero mundial, comandado por entidades privadas y multilaterales. Fue inherente a la fase neoliberal el masivo endeudamiento público, a través del cual se instrumentó un drenaje directo de capitales y se facilitó la imposición de políticas de liberalización, privatización y mercantilización de la vida que tan nefastas consecuencias siguen trayendo para la Región. La deuda dejó de ser una fuente de financiamiento normal y se convirtió en un dogal que impide que los estados puedan impulsar un desarrollo humano integral. Hoy, las mismas entidades que tienen directa responsabilidad sobre este esquema y la crisis resultante -una de cuyas consecuencias será la imposibilidad de pagos- buscan utilizarla como pretexto para recomponer su poder, para inducir un nuevo ciclo de endeudamiento.

Tras larga trayectoria de impulso por parte de organizaciones sociales, en el gobierno actual se han dado las condiciones para que la solución al problema de la deuda externa tome un lugar de prioridad en la agenda nacional. Un paso decisivo en esa perspectiva fue la realización de la auditoria integral, que muestra, en líneas generales, los múltiples aspectos y la inevitable complejidad de una estrategia de solución. Es una estrategia que requiere actuar en todos los frentes y recurrir al uso de instrumentos convencionales y nuevos, conjugando alivio, moratoria, impugnación, judicialización, etc.

El 20 de abril el gobierno informará al pueblo ecuatoriano su propuesta de ‘solución definitiva’ para la deuda en bonos Global 2012 y 2030, como un primer paso de una estrategia que se aspira nos lleve hacia una salida digna y soberana. Esta es sólo una porción de la deuda, plagada de ilegalidad e ilegitimidad; deuda originalmente contratada con la banca comercial, convertida luego en bonos Brady y más tarde en bonos Global.

En esta oportunidad reiteramos nuestro compromiso de contribuir en la concreción de soluciones soberanas, dignas e integrales. Estas suponen tanto una acción unitaria de los países de la región, para impulsar el no pago de las deudas ilegítimas, las sanciones y reparaciones por impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, como también la unidad de acciones en el país. Llamamos a toda la población a ser parte activa en una estrategia que requiere la unidad en defensa de nuestros intereses como país.

Quito, 16 de Abril de 2009

Manifiesto ante la Asamblea del BID y la Asamblea de los Pueblos

2009-03-18T09:30:00.000-07:00

La auditoria integral del crédito público que se realizó en Ecuador entre 2007 y 2008 constituye un paso histórico para el país y para la región. Ese examen de los 30 últimos años, permitió revelar o confirmar los variados mecanismos que se han aplicado sistemáticamente en nuestros países para convertir a la deuda en un instrumento de saqueo, depredación, destrucción de soberanía y violación de derechos humanos.

Quedó al descubierto la ilegitimidad del sistema de endeudamiento asentado en una arquitectura que junta entidades multilaterales y privadas comprometidas con iguales intereses de apropiación y concentración de riquezas. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, se llegó al extremo de usar la figura de créditos para proyectos de desarrollo a fin de encaminar recursos a la compra de garantías y pago de intereses de la deuda comercial; el pueblo ecuatoriano paga así deudas ‘de desarrollo’ que sirvieron en verdad para revivir y acrecentar una deuda comercial prácticamente extinguida, en un círculo perverso de deuda para alimentar deuda.

En Ecuador se dio un paso para confrontar las deudas ilegítimas a través de la auditoria; las medidas que el gobierno anunciará son también un primer paso en una estrategia que tiene ante sí complejidades económicas, financieras, políticas, geopolíticas y éticas, que sólo podrán ser asumidas en el marco de una agenda regional de gobiernos y pueblos.

La crisis internacional que ha estallado en estos meses nos muestra en su magnitud y profundidad el carácter fraudulento de ese sistema financiero, provee pruebas irrefutables sobre su estructura especulativa. En ese marco, vemos que las entidades multilaterales no sólo son incapaces de cumplir un rol de regulación y respaldo a los países, sino que se convirtieron en garantes incondicionales de intereses privados y corporativos, en mecanismos de intervención e implantación de la agenda neoliberal.

La crisis no puede servir de pretexto para ‘más de lo mismo’, para reinstalar en el escenario a entidades multilaterales obsoletas, que ya estaban en retirada, y poner como ‘solución’ sus recetas de siempre. Necesitamos acelerar las transformaciones para salidas soberanas, verdaderamente alternativas. En esa perspectiva planteamos:

El inmediato inicio de auditorias integrales en todos los países de América Latina, para transparentar las deudas ilegítimas y el sistema institucional que las ha sustentado, e impulsar las respectivas sanciones, reparaciones y correctivos.

En el caso de países ‘acreedores’, demandamos a los gobiernos la anulación de las deudas ilegítimas, sin condiciones

La acción internacional solidaria de gobiernos y pueblos para avanzar en una arquitectura financiera soberana, transparente, al servicio del buen vivir y de la integración. Instamos a los gobiernos impulsores del Banco del Sur, a dar los pasos necesarios para su pronto funcionamiento.

América Latina soberana ¡sin deudas ilegítimas!

Medellín, marzo 2009

Deuda pública en la Constitución

2008-12-12T13:46:00.000-08:00

Alberto Acosta

Desde las primeras horas de la flamante República, el tema de la deuda pública se hizo presente en la tarea legislativa, pues fue incorporada como tal en la primera Constitución. Desde entonces, los asuntos de la deuda externa estuvieron siempre estrechamente ligados a las resoluciones parlamentarias, toda vez que los Congresos o las varias Convenciones realizadas tenían que conocer y aprobar la contratación de empréstitos y las negociaciones que podían efectuarse, dada su significación para la economía nacional.

Este principio se reflejó en forma continuada en las diversas constituciones, empezando por la primera de 1830, que, en el artículo 25, numeral 2, fijaba como atribución de la legislatura "establecer derechos e impuestos; y contraer deudas sobre el crédito público". Este principio se mantuvo en las cartas constitucionales de 1835 (Artículo 43, numeral 2), 1843 (Artículo 37, numeral 2) y 1845 (Artículo 42, numeral 2). En esta última se amplió la atribución, en el artículo 42, numeral 4, al "autorizar empréstitos u otros contratos para llenar el déficit del tesoro nacional, y permitir que se hipotequen los bienes y rentas de la República, para la seguridad del pago de dichos empréstitos o contratos, fijando las bases para todo". En las constituciones de 1850 (Artículo 31, numeral 8), 1852 (Artículo 40, numerales 2 y 4), 1861 (Artículo 39, numerales 2 y 4), 1869 (Artículo 35, numerales 2 y 4), 1883 (Artículo 62, numerales 4 y 5), 1897 (Artículo 65, numerales 4 y 5), 1906 (Artículo 54, numerales 3 y 4) y 1945 (Artículo 34, numerales 10 y 11), continuó vigente la obligación de que el Congreso participe en las negociaciones de la deuda. En las expedidas en 1878 (Artículo 47, numerales 5 y 6) y 1946 (Artículo 53, numerales 6 y 7), se ampliaron los derechos legislativos. El Congreso debía intervenir para establecer contribuciones y autorizar al Ejecutivo para contratar empréstitos sobre el crédito público, que no podrían llevarse a ejecución sino con su aprobación. Esta facultad del parlamento para "reconocer la deuda pública y establecer la manera de hacer su conversión, amortización, consolidación y cancelación" se mantuvo vigente hasta la Constitución de 1967 (Artículo 123, numeral 10). 1

[…]

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ECUADOR SOBERANO Y CON DERECHOS HUMANOS ¡NO A LA DEUDA ILEGITIMA!

2008-12-10T12:14:00.000-08:00

La celebración mundial de los 60 AÑOS DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOSDERECHOS HUMANOS, coincide con un hecho histórico en el país: el conocimiento delos resultados de la auditoria de la deuda -realizada por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público-, y el inicio de procesos y políticas públicas orientadas alas respectivas sanciones, reparaciones y recuperación de soberanía.

Una de las principales constataciones de la auditoria tiene que ver con el impacto negativo directo del sistema de endeudamiento en los derechos humanos. La deuda afectó desde el derecho a la autodeterminación de los pueblos hasta los derechos a la educación, la salud, el trabajo y a un medio ambiente sano. Créditos onerosos se usaron para construir obras que expulsaron a comunidades de sus tierras o destruyeron la biodiversidad, para emprender en políticas de ‘modernización’ que en realidad socavaron la educación y la salud públicas, o para imponer esquemas privatizadores destruyendo entidades públicas. El largo brazo de la deuda actuó, entre otras vias, a través de las famosas cartas de intención con el FMI, generadoras de empobrecimiento.

La auditoria ecuatoriana, que es ya valorada como ejemplar en el mundo, provee de informaciones y pruebas suficientes para confirmar lo que los pueblos, organizaciones sociales y entidades académicas hemos denunciado durante más de veinte años: buena parte de la deuda es ilegítima y debe ser anulada; se ha impuesto mediante un sistema que va más allá de lo financiero, pues se trata de un enmarañado tejido de mecanismos económicos, políticos y jurídicos que han sometido al país para extraer la riqueza que genera el trabajo de su gente y la depredación de sus recursos.

La Fiscalía de la República tiene ahora en sus manos los documentos que son prueba de los delitos, irregularidades y perjuicios cometidos, cuyos responsables –nacionales y extranjeros- no deben quedar en la impunidad. En este día de los Derechos Humanos demandamos el cumplimiento de las acciones legales e institucionales necesarias obtener sanciones y reparaciones, y reiteramos nuestro compromiso con la lucha por el no pago de la deuda ilegítima y la construcción de una nueva Patria, con soberanía, justicia y dignidad.

10 de Diciembre de 2008

DESPUES DE LA AUDITORIA: SOBERANIA, JUSTICIA ECONOMICA Y NO IMPUNIDAD

2008-11-20T10:55:00.000-08:00

Ha concluido el trabajo de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público, cuya tarea fue “determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos”, según determinó el decreto ejecutivo de su creación.

Es una tarea de magnitudes y significado históricos, cumplida por un grupo de comisionadas/os nacionales e internacionales, que conjugaron en su labor experiencias múltiples, avances teóricos, metodológicos y políticos adelantados por un amplio movimiento de resistencia a la tiranía de la deuda, en el país, en la región y en el mundo.

La clara voluntad política del gobierno y el esfuerzo de la CAIC han permitido dar este paso fundamental, que refleja el anhelo del pueblo ecuatoriano de poner al descubierto la deuda ilegítima, las múltiples irregularidades y perjuicios causados por un endeudamiento que ha marcado nuestras vidas en las últimas décadas.

El Ecuador se ubica ya a la vanguardia en la búsqueda de transparencia y justicia en materia financiera, en el tratamiento integral al tema de la deuda, justamente en momentos en que la una nueva crisis financiera y económica del capitalismo coloca la urgencia de cambios profundos, estructurales.

Tanto el Estado como la sociedad ecuatorianos tenemos ahora el deber de actuar en la perspectiva de:

No impunidad: los delitos, irregularidades y perjuicios que la auditoria muestra y documenta reclaman sanciones y reparaciones.
Fin de un modelo de endeudamiento depredador: la auditoria pone a la vista los mecanismos complejos que convirtieron a la deuda en un medio de depredación humana y ambiental. El imperativo de generar divisas para pagar la deuda llevó a sobreexplotar el trabajo de las y los ecuatorianos, a destruir y contaminar la naturaleza. Somos, en verdad, un país acreedor, que debe reclamar lo que le corresponde.
Soberanía y nueva arquitectura financiera: la auditoria muestra que el modelo neoliberal de endeudamiento arrasó con nuestra soberanía, destruyendo también la institucionalidad y el sentido de lo público. Son estratégicas, en ese sentido, las políticas nacionales y regionales ya en marcha para recuperar soberanía, ampliarla, y fundar en ella otra arquitectura financiera, al servicio del buen vivir.

Los hallazgos y sugerencias de la auditoria, junto con lo contemplado en la Nueva Constitución, abren un camino para estos cambios impostergables.

El Presidente Rafael Correa ha sostenido desde los inicios de su gobierno la tesis de priorizar la inversión social sobre el pago de la deuda. Compartimos esa posición y nos comprometemos a continuar con un trabajo de difusión, movilización y solidaridad internacional para que las decisiones y políticas soberanas del país se respeten.

Quito, 20 de noviembre de 2008

El debilitamiento institucional en la década de los 90

2008-10-06T12:58:00.000-07:00

Piedad Mancero

El proyecto de modernización del Estado inició su ejecución en 1995, el cual había sido preparado por el BM desde 1993. Se inscribe en las tendencias del mercado a favor, es decir, en un entorno internacional que venía presionando para que el sector público ceda espacios al mercado y, por tanto, interactúen libremente. De hecho, se proponían menos regulaciones y apertura comercial sin restricciones, y un traslado de competencias al sector privado. En los años previos al proceso de modernización del Estado iniciado en esta fase de la década de los 90, el sector público se ubicaba en las dimensiones medias de América Latina, no estaba sobredimensionado, pues el gasto del sector público no financiero fluctuaba por debajo del 30% del PIB.

Hasta el final del período presidencial de Sixto Durán Ballén se habían saneado las cuentas fiscales, especialmente a nivel de gobierno central, y se fortalecieron varios programas sociales. Las empresas públicas, a diferencia de lo que sucedía en otros países latinoamericanos, se habían creado para cumplir objetivos relevantes de la república, como la prestación de servicios básicos colectivos, la explotación de sectores estratégicos, la defensa de la soberanía nacional y promoción de áreas productivas de interés nacional. Por tanto, no había razones suficientes para aplicar medidas drásticas; sin embargo, había que mejorar el funcionamiento de ciertas instituciones, buscando siempre un servicio público eficiente, muy sólido, pero era otra la orientación que podía tener este proceso modernizador.

A partir de 1993, cuando se preparaba el proyecto de modernización del Estado y las misiones del BID frecuentaban el país, se dictaron varias leyes tales como: 1) la Ley de Modernización del Estado y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada; 2) la reforma a la Ley de Hidrocarburos que afectó a las instituciones públicas, es decir, la Ley 44 y la Ley 49 dictadas a finales de 1993 y en 1994 mediante las cuales la participación del Estado en los ingresos petroleros bajó del 90% al 33% en el mejor de los casos, pues en otros era del 0% porque se entregaba el 100% a las compañías contratistas; 3) la Ley General de las Instituciones del sector financiero, de la que su aplicación hemos tenido graves consecuencias hasta llegar al colapso bancario de los fines de la década del 90.

Otra medida, que tiene varias implicaciones en el problema de la deuda, fue la eliminación del Comité de Crédito Externo que permitía la participación conjunta del Ministerio de Finanzas, el Banco Central y el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales compartían la planificación y gestión en ese momento. Posterior a ello, en 1995, se asignó esa atribución, primero, a la unidad técnica del Ministerio de Finanzas, y luego, se dispuso la anulación de esa unidad técnica y la atribución sobre las características del préstamo quedaba otra vez en el Ministerio de Economía y Finanzas. Al analizarla se encuentran varios indicios de condicionamientos en la ayuda y sus formas de emisión por parte del organismo prestamista con respecto a las decisiones políticas y económicas, como las que se habían tomado para el proceso de modernización y privatización.

Regresando al proyecto MOSTA 1 , en febrero de 1995 se suscribió el convenio de préstamo por $20 millones con una contraparte de $4.4 millones y se incluye la donación del gobierno de Japón por $600.000. Hubo dos componentes del proyecto de modernización del Estado: 1) el control público y el fortalecimiento del manejo de las finanzas públicas; y 2) la modernización del sector público. Durante el proceso de la ejecución se encontraron algunos efectos como la concentración de atribuciones en las instituciones, mientras en algunas se desmantelaban y a otras se les restaba funciones; tal fue el caso del Ministerio de Economía y Finanzas que concentraba atribuciones. Dichos efectos fueron los propósitos no declarados del proyecto.

Como consecuencia de esta concentración de atribuciones se produjo la desarticulación en la planificación del presupuesto. Asimismo, no se llegó a definir el rol del Estado para el desarrollo nacional ni se definió la organización macro para el desarrollo institucional del Estado. En ningún caso se mencionaba que había la necesidad de proponer una estructura administrativa que sirviera a los proyectos del desarrollo nacional. Simplemente se eliminaba la vinculación con una política planificada para el desarrollo.

Entre los aspectos positivos del proyecto podemos mencionar su utilidad para resolver ciertas necesidades institucionales, aunque su apoyo era ocasional. Además cabe recalcar su aporte a la solución de la administración tributaria. Con este propósito se erigió la ley y el estatuto del SRI, mejorando evidentemente el nivel profesional y el manejo tributario.

Del mismo modo, se creó el Sistema Integrado de Información, que también tiene aspectos positivos, aunque le resta transparencia a la información en cuanto interesa a la sociedad civil. Así, para los analistas de la sociedad es muy difícil utilizar la información desde la forma como ha sido concebida en este sistema y como se la ha difundido. 2

En el año 1993, en que había la intervención del BM y del BID, se dictaron varias reformas a las leyes del Estado. Adicionalmente se tomaron medidas influyentes en la capacidad de gestión, que evidenciaron efectos directos, surgiendo a medida que se ejecutaba el proyecto. No obstante, hay que distinguir los amplios resultados de la ejecución tanto del proyecto como de las medidas vinculadas al mismo.

En primer lugar podemos destacar que no se redujo el gasto público: éste alcanzaba el 40% del PIB en 1999. Hubo un costo muy elevado para el pago de personal; los procesos de privatización de empresas estatales fracasaron o simplemente no llegaron a concretarse por las siguientes razones: especialmente por las deficiencias de la misma institución que lideraba el proceso (CONAM); la resistencia de la sociedad civil, y la consulta popular en 1995 en la que se manifestaron pronunciamientos negativos sobre la privatización. Sin embargo, se eliminó la mejor parte de algunas instituciones y otras fueron reemplazadas por instituciones con menos atribuciones. Entre la lista de las eliminadas se encontraban: el Fondo Nacional de Pre-inversión, el Fondo de Desarrollo Industrial – sin el cual el sector privado sufrió un desequilibrio -, y la Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital que regulaba las importaciones al país.

Como consecuencia el índice de pobreza aumentó del 55.3% (1995) al 60.71% (2001), la población pobre quedó marginada de la educación y de la salud por la eliminación de la gratuidad; el índice de desempleo subió así como los índices de la migración. En el sector agropecuario se dejó de prestar asistencia técnica a los pequeños productores, así como también la investigación por parte del INIAP y la mecanización agrícola. El sector privado no tuvo la capacidad suficiente para asumir estas obligaciones, dejando de lado grandes proyectos hidroeléctricos al eliminar el Instituto Nacional de Electrificación. Incluso, el proyecto de modernización del Estado fue calificado ‘insatisfactorio’ por el mismo BM en sus informes parciales de los años 1994 a 1998.

Para el país y para la institucionalidad este proceso resultó oneroso y de efectos muy perjudiciales.

1 MOSTA – Modernization of the State Technical Assistance Loan

2 Actualmente, el Ministro de Finanzas ha presentado una rendición de cuentas y se anunció el establecimiento del ‘portal de transparencia’. Esto se considera como una sinergia de varias instituciones, pues incluye la planificación para ofrecer una información amigable, la cual puede ser utilizada por cualquier usuario. De esa manera se impulsa el rescate de la transparencia.

Presentación de la investigación y análisis del Proyecto Modernización del Estado - BIRF-3822/EC

Anulación de la deuda ilegítima de Ecuador con Noruega

2008-09-17T11:14:00.000-07:00

Hugo Arias

Coordinador de Jubileo 2000 Red Guayaquil

El gobierno noruego propuso al Parlamento de su país, el 2 de octubre del 2006, la cancelación de 520 millones de dólares en deudas oficiales que Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leone habían contraído en la campaña de exportación de naves noruegas entre 1976 y 1980. El Ministro de Desarrollo Internacional, Erik Solheim, declaró que esta campaña representó un fracaso en la política de desarrollo impulsada por su país, De este modo, el gobierno noruego, erigiéndose en el primer referente ético entre los países acreedores, asumió parte importante de la responsabilidad en el fracaso de su política crediticia, permitiendo que estos cinco países dejen de pagar los reembolsos restantes de estas deudas.

Del mismo modo, el gobierno noruego propuso que estas deudas sean unilateralmente e incondicionalmente canceladas, sin asignacióm presupuestaria y sin reducir la Ayuda de Desarrollo Oficial (ODA) de su país.

El saldo de la deuda cancelada al Ecuador asciende a 225 millones de coronas noruegas, equivalente a un monto aproximado de 37 millones de dólares.

Antecedentes del caso ecuatoriano

En el marco de la campaña de exportación naviera promovida por el gobierno de Noruega, la Flota Bananera Ecuatoriana (FBE), sociedad anónima, compró, entre los años 1979-81, cuatro barcos frigoríficos a un astillero noruego por un valor de 56,9 millones de dólares, de los cuales 52 millones fueron financiados por el gobierno de Noruega, con fondos de ayuda para el desarrollo, y con el aval del gobierno ecuatoriano.

En 1987, quiebra la FBE. y el saldo de la deuda pendiente de pago por el valor de 31 millones de dólares fue asumida por el estado ecuatoriano. De este saldo quedaron pendientes de pagar 13, 6 millones de dólares, que fueron objeto de varias renegociaciones en el Club de París. Hasta que en el año 2001, por arte de magia, los 13,6 millones se dólares se convirtieron en una deuda de más de 51 millones de dólares, suma cercana al préstamo original. Del 2002 a julio del 2006, el Ecuador pagó, como servicio de esta deuda, 19, 62 millones de dólares (14,25 millones de amortización y 5,37 millones por intereses), manteniendo para esa fecha un saldo de 40,8 millones de dólares.

El Tribunal sobre Leyes y Moral, organizado por la SLUG (Campaña Noruega para la Cancelación de la Deuda del Tercer Mundo) en noviembre de 2002, hizo la primera denuncia de la campaña de exportación de barcos a Ecuador, pidiendo su anulación total por ser ilegítima.

Mientras tanto, el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CDES) presentó en el 2002 un informe ante la Comisión de Control Cívico de la Corrupción del Ecuador (CCCC), en la que se denunciaba como ilegítima la deuda externa del Ecuador con el gobierno de Noruega, además de exigir una investigación inmediata del caso para pedir su anulación.

Después de su propia investigación, la CCCC exhortó, en su informe y resolución, a las autoridades ecuatorianas para que soliciten, por vía diplomática, al gobierno de Noruega la cancelación total de las obligaciones contraídas y vinculadas a esa deuda con el Club de Paris, por considerarla ilegítima. El fundamentó de esta petición de cancelación de la deuda se esgrimió en los siguientes términos: primero, el origen del crédito fue ilegítimo, pues no se entregó para ayudar al Ecuador sino por la necesidad de Noruega de salvar sus dársenas; segundo, no hubo evaluaciones sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto por parte de la Agencia de Cooperación Noruega (MORAD) y la Entidad de Crédito a la Exportación (GIEK); tercero,los barcos han desaparecido, y nadie sabe dónde están, y, mientras tanto, se sigue pagando la deuda, y, por ultimo, el crecimiento de la deuda ecuatoriana con Noruega se explica porque se impusieron unas condiciones onerosas a las renegociaciones de la deuda y a los retrasos en el marco de los acuerdos con el Club de Paris.

El CDES y Jubileo 2000 han presionado permanentemente a los gobiernos de turno para que se suspenda el pago de esta deuda, pero la posición de los gobiernos del Ecuador, frente al tema de la deuda con Noruega y a la resolución de la CCCC, ha sido la de evitar cualquier conflicto, porque este reclamo dañaría, según sus representantes, la imagen del Ecuador frente la comunidad internacional, afectando de este modo a la inversión extranjera.

Nuestros comentarios

La anulación de la deuda de Noruega a cinco países, incluido el Ecuador, es el resultado, en gran medida, de la presión de las organizaciones sociales que han venido denunciando la ilegitimidad de esta deuda. En el caso de la deuda ecuatoriana, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción dio cinco argumentos probatorios de ilegitimidad.

Además, el reconocimiento del gobierno de Noruega de que la campaña de exportación de naves de su país fue una operación incompatible con las políticas de cooperación para el desarrollo y la cancelación de los saldos de las deudas originadas en esta campaña, son pruebas irrefutables de su ilegitimidad.

Esta cancelación de la deuda de Noruega, basada en la ilegitimidad o daño moral de dicha deuda, crea un precedente importante para que otros países cancelen otras muchas deudas ilegítimas, que hasta el día de hoy están causando mucho daño a millones de familias de los países endeudados.

Esta victoria en el caso noruego constituye un nuevo estímulo para seguir trabajando por la anulación de otras tantas deudas que violan los derechos humanos o que tienen orígenes fraudulentos.

Sin embargo, y a pesar del logro que significó la cancelación de la deuda con Noruega, el perjuicio que esta ocasionó entre los países deudores es enorme. La deuda original impuesta al Ecuador para la compra de cuatro barcos noruegos sumaba 52 millones de dólares. El Ecuador ha pagado más de 100 millones por esta deuda y le queda un saldo por pagar de alrededor de 37 millones de dólares. Esto quiere decir que Noruega le debe al Ecuador más de 100 millones de dólares ya pagados.

El Gobierno está en la obligación de investigar y auditar esta deuda de Noruega

y muchas otras más que han saqueado al País

El Gobierno del Ecuador está en la obligación de investigar exhaustivamente el caso de esta deuda reconocida por el acreedor como ilegítima, y muchas otras deudas que han sido forjadas por grupos financieros nacionales e internacionales para saquear al país.

CDES, Jubileo 2000 Red Guayaquil y las organizaciones sociales del Grupo Nacional de Deuda exigimos al Señor Presidente de la República:

Que se inicie una investigación de los procesos de negociación de la compra de los 4 barcos noruegos, la justificación del aval dado por el Estado Ecuatoriano al crédito otorgado por el Gobierno de Noruega para dicha compra y el destino actual de dichos barcos.

Que se investigue las condiciones de la renegociación de esta deuda en el Club de París y se determine a los responsables que participaron de esta renegociación en el Ecuador.

Que el monto total del servicio de la deuda liberado por la condonación unilateral y sin condiciones por parte del Gobierno de Noruega, se destine, en parte, a la investigación y auditoría de las deudas con indicios de ilegitimidad, y el resto a inversión social, en el marco de los planes y programas de desarrollo social a mediano y largo plazo, con el fin de que estos recursos no se esfumen en gastos corrientes o en inversiones improvisadas originadas en las presiones de intereses específicos o en urgencias improvisadas.

Crítica a las instituciones financieras internacionales y alternativas desde el Sur

2007-10-12T11:22:00.000-07:00

El caso MOSTA en Ecuador:
impactos de la política del Banco Mundial en la institucionalidad pública

Magdalena León, REMTE/GND

Gracias a la acción sinérgica del movimiento de mujeres, de instancias de cooperación internacional, y de un importante entorno nacional, la década de los 90 fue dinámica y rica en cuanto al reconocimiento de las desigualdades de género como problema clave en la búsqueda del desarrollo nacional, en la sensibilización social en temas como la violencia o la discriminación política hacia las mujeres, y también en la definición de orientaciones de política pública para actuar frente a estas problemáticas.

Sin embargo, esto ocurrió en medio de grandes paradojas. La principal, que el Estado, llamado a recoger y potenciar estos avances, estaba siendo desmantelado, minimizado en sus roles frente al interés público y al impulso de derechos y equidad, tomado como botín.

La situación regresiva así generada, tanto en lo económico como en lo social, resultó particularmente severa con las mujeres, con su realidad inmediata marcada por desventajas estructurales, y con los caminos de transformación que con tanto esfuerzo se habían trazado.

Queremos destacar algunas de esas implicaciones y consecuencias que se proyectan hacia la realidad actual, que han dibujado problemas que requieren atención y solución en esta coyuntura de cambios.

El tiempo nos obliga a mencionarlos de manera muy breve y esquemática:

1) La distribución y redistribución: el gasto público en relación al PIB creció, pero en cambio sí se contrajo proporcionalmente aquel orientado para educación, salud, protección social.

Si a lo largo de la década los efectos de la contracción de servicios públicos y del esquema privatizador recayeron ya paulatinamente en los hogares y en el trabajo de las mujeres (sustituyendo especialmente atención de salud y de cuidado humano), durante el colapso financiero de 1999-2000 este fenómeno pudo sentirse y observarse de manera concentrada, y hasta despiadada. Unas evidencias, tomadas de un estudio de caso que realizamos en la época, ofrecen una suerte de instantánea:

En términos netos, ha sido el sobretrabajo de las mujeres el que ha sostenido la sobrevivencia y ha entregado subsidios ocultos a este modelo de saqueo y depredación. Han sido la pequeña producción y el ‘no mercado’, es decir ese tejido de reciprocidades y movilización de recursos no monetarios que protagonizan las mujeres, los que han debido responder a los efectos de la concentración y apropiación espúrea de la riqueza del país.

2) La reubicación de lo económico y social en el esquema de las políticas públicas: se convirtieron en asuntos económicos aquellos vinculados con finanzas, comercio internacional, empresas. Pasaron a ser sociales la pobreza, el trabajo, el empleo, por supuesto las mujeres, vistas en el mejor de los casos como consumidoras y como mano de obra secundaria, flexibilizable. Las políticas sociales y su institucionalidad fueron sometidas, como hemos visto, a intervenciones y experimentos arbitrarios, tomando a las mujeres como sujetas de ‘focalización’, como reproductoras de pobreza y no como actoras económicas que aportan por múltiples vías. Hoy empieza a perfilarse un Estado que se ubica como garante y promotor de derechos ciudadanos, y que tiene ante sí el desafío de dar otro rumbo a la economía, superando esquemas e imaginarios neoliberales que han logrado filtrar o imponerse, a veces incluso en el lenguaje de sus críticos.

3) La implantación del mercado como eje ordenador, de una visión de negocios y de competencia como el modelo para la economía, para el gobierno y para la vida misma. Esto niega o invisibiliza las diferentes maneras de producir, de generar servicios, de hacer economía, de cuidar de la vida y preservarla. Esto por supesto afecta a las y los protagonistas de estas actividades (en su mayoría mujeres), a su valoración y retribuciones. La institucionalidad y las normas aún vigentes están hechas a la medida de las empresas, no sirven para apoyar o estimular otras iniciativas (autogestionarias, cooperativas, asociativas, comunitarias), más bien se traducen en obstáculo, contrariando el sentido de un Estado que promueva igualdad económica. Hoy necesitamos recuperar la noción de interés público y de un espacio público en el que converjan Estado y socidedad para combatir estas injusticias económicas, para reconocer efectivamente el trabajo como motor de la economía y el cuidado de la vida de los seres humanos y la naturaleza como su objetivo, para generar igualdad.

En retrospectiva, podemos ver estas y otras implicaciones. Hoy, un acumulado de críticas y luchas sociales, y un nuevo balance geopolítico, hacen que nuestra región tome distancia de unas IFI que ya tienen el sello de la ilegitimidad. En el futuro inmediato, tenemos la obligación de no repetir sus recetas, visiones y prácticas de injusticia y destrucción.

POR UNA POLITICA SOBERANA FRENTE A LA DEUDA EXTERNA APOYO AL MINISTRO RICARDO PATIÑO

2007-06-13T13:10:00.000-07:00

En el país y en la región estamos viviendo un momento de redefiniciones verdaderamente históricas, en las que un eje es la soberanía, cuyas dimensiones múltiples (regional, nacional, financiera, energética, alimentaria, etc.), resumen la búsqueda de soberanía de los pueblos.

En este marco, por primera vez un gobierno hace suyo el postulado de ‘la vida antes que la deuda’, y asume una política soberana frente a la deuda externa como parte medular del cambio económico. Esto recoge aspiraciones y perspectivas de quienes hemos venido luchando contra el sometimiento y el saqueo que ésta significa. La medida inmediata fue declarar la prioridad del gasto social por sobre el pago de la deuda; para 2007 se ha logrado ya reducir el peso presupuestario de éste del 38% al 28% al, en tanto se incrementó el gasto social del 22% al 28 % del presupuesto.

En un paso de gran trascendencia, se ha reconocido oficilamente que la deuda externa es en buena parte ilegitima. En función de ello, acaba de formalizarse la constitución de una Comisión de Auditoría Integral de Crédito Público, cuya labor permitirá sustentar medidas que cambiarán radicalmente el perfil y el peso de la deuda en la economía del país.

Además, el país ahora interviene con mucho empeño en los esfuerzos para construir otra arquitectura financiera en la región, especialmente a través de la creación del Banco del Sur. En esa misma línea, se impulsa la Ley de Justicia Financiera.

Todo esto ha motivado una campaña de la banca, aupada por el Congreso, que ofende la dignidad de la nación. Son estos los motivos para una reacción tan injusta y dañina, en contra de un Ministro cuya trayectoria intelectual y de lucha, cuya vida honesta y transparente, están ahora al servicio del cambio en el país y en la región.

En esta jornada de afirmación de dignidad y soberanía, reiteramos nuestra condena a acciones del Congreso carentes de consistencia y responsabilidad, en un tema estratégico para el país como es el de la deuda externa.

Reiteramos nuestra confianza en el Ministro Ricardo Patiño, apoyamos la continuidad de su labor en el Ministerio de Economía, y comprometemos nuestro respaldo para sacar adelante las políticas transformadoras que impulsa.

Quito, 13 de julio 2007

Por el Grupo Nacional sobre la Deuda (GND)

Acción Ecológica, Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES), Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI), Escuela Política de Mujeres ‘Dolores Cacuango’, Jubileo 2000 Red Guayaquil, Observatorio de la Cooperación al Desarrollo (OCD), Red de Mujeres Transformando la Economía (REMTE)

NO A LOS ESCANDALOS MONTADOS POR UN TRATAMIENTO OBJETIVO Y RESPONSABLE SOBRE EL TEMA DE LA DEUDA

2007-06-04T12:45:00.000-07:00

En los últimos días el país se ha visto sometido a un nuevo montaje de ‘escándalo’, esta vez referido al tema estratégico de deuda externa. El Grupo Nacional sobre la Deuda –GND-, en el que convergen unas 25 entidades y organizaciones de todo el Ecuador, considera un deber hacer oir su voz, para lo cual se ve en la necesidad de acudir a este espacio pagado, a fin de garantizar una ‘libertad de expresión’ que no siempre fluye por otros cauces.

1. Desde el análisis objetivo efectuado de la información disponible, hacemos algunas constataciones. Los mercados financieros tienen dos características básicas: son fluctuantes, reaccionan constantemente a ‘señales’ de distinto tipo que pueden incidir en los precios de los bonos; son también especulativos, hay empresas montadas para ‘jugar’ con precios y seguros, se practican esas operaciones de manera cotidiana, con una anti ética de la ganancia que sabemos se contrapone a la ética de la vida. Toda acción u omisión de los gobiernos pueden interpretarse, de mala fé, como factor de ‘agitación’ de los mercados. Siendo así, no cabe que los gobiernos se inhiban de enunciar sus políticas económicas y sobre la deuda a nombre de no influenciar a los mercados. Somos países soberanos, no clientes pagadores de bonos.

2. Considerando las tendencias en el comportamiento de los precios de los bonos 2030, no observamos bajas o subidas sensibles desde el mes de enero -como sí se puede notar en otros períodos-. La reunión del Ministro Patiño con representantes de una firma financiera internacional se ha concretado a escuchar una propuesta y extraer información, en el marco de una línea de investigación y levantamiento de evidencias sobre los mecanismos fraudulentos que operan en el mercado de bonos, y sobre conflictos de interés de tenedores nacionales de bonos que han sido al mismo tiempo autoridades económicas.

3. Por estas consideraciones, ratificamos nuestra confianza en el Ministro Ricardo Patiño, en su integridad y en su compromiso con una política transformadora basada en el principio ‘la vida antes que la deuda’, que compartimos plenamente. Reiteramos también nuestro apoyo a esa política, que ahora más que nunca debe avanzar, por encima de los oscuros afanes de obstaculizarla, en los que vemos coincidir a grupos de interés con algunos medios sensacionalistas.

4. Nos preocupa que en el Congreso Nacional se de paso a acusaciones y denuncias carentes de consistencia y fundamentos. Resulta lamentable leer un pedido de juicio político que muestra flagrante desconocimiento, lo que pone en evidencia al acusador en sus verdaderas intenciones, y a quienes lo respaldan en su grado de desinformación.

5. La atención concedida a las circunstancias de toma del video, distrae de lo que constituye el asunto medular y de mayor interés: la naturaleza perversa del mercado financiero internacional, y el carácter fraudulento que ha acompañado la historia de los bonos ecuatorianos.

6. La investigación sobre los entretelones de la deuda es indispensable y debe dirigirse, por un lado, a la auditoría integral de los empréstitos contratados y, por otro, a la investigación específica de situaciones de conflicto de interés en gestiones gubernamentales pasadas. El país debe conocer cómo se han formado las fortunas que ostentan hoy personas del mundo financiero que se turnaron en funciones públicas.

7. Este tema debe ocupar, sin duda, primeras planas y prioridad, pero desde una perspectiva responsable, transparente, de cambio en beneficio del país. Tenemos expectativas en la labor de unos medios de comunicación que se rijan por el respeto al derecho a una información veraz y oportuna, por la ética y el rigor profesional. Nos comprometemos, como Grupo Nacional sobre la Deuda, a aportar en acciones de información, formación, esclarecimiento; quisiéramos contar con espacios no pagados en la prensa para difundir materiales educativos. Nos ponemos a disposición de la ciudadanía para avanzar en el conocimiento, reflexiones y decisiones sobre este tema crucial para nuestro presente y futuro.

Quito, 4 de Junio de 2007

Por el Grupo Nacional sobre la Deuda (GND)