Deuda: No hay salidas simples

Magdalena León T.

¿Quién no tiene o ha tenido una deuda? Aunque es operación corriente, casi nunca funciona según la versión más simple, o sea recibir un dinero con el compromiso de pagar un interés y devolver el capital en un plazo determinado, o bien recibir un bien o un servicio que se paga después, también con un interés añadido. Este esquema básico se complejiza por una serie de elementos ‘técnicos’ y de los otros, más aún en el marco de un sistema financiero intrínsecamente especulador y fraudulento que se ha desnudado con el estallido de la crisis. Una deuda puede comprometer proyectos de vida, no sólo cuando hay dificultades para el pago, sino por los mecanismos que inducen al endeudamiento y orientan el uso de esos recursos: para automóviles y no para producción, para consumo suntuario pero no para necesidades básicas y emergencias.

La deuda de los países tiene algunas semejanzas, pero dista mucho de ser lo mismo pero en más grande. Aquí se anudan elementos financieros, económicos y geopolíticos. Convergen múltiples actores, mecanismos, intereses. En la fase neoliberal la deuda dejó de ser –si alguna vez fue sólo eso- medio para obtener financiamiento, sea paracubrir déficit o para realizar inversiones. Pasó a ser un medio para extraer recursos públicos y concentrarlos en manos privadas nacionales e internacionales, para saquear, para imponer políticas,condiciones, agendas en todos los ámbitos.

Si algo marca la realidad y las respuestas sobre este tema es la complejidad. La auditoria nacional realizada en 2008 –pionera en la región- juntó elementos ya conocidos en sus tendencias generales y los profundizó, añadió nuevas evidencias y más argumentos para mostrar que la deuda es un problema sistémico, con muchos entramados. Siendo así, la salida, la solución, la estrategia necesariamente deben tener igual carácter.

Esta constatación se confirma si se consideran las reacciones ya vistas del ‘sistema internacional’ ante episodios de moratoria. En esas arenas del poder mundial dos sencillas palabras se tornan extremadamente complejas: no pago. Esa sencilla verdad respaldada en hechos y ética no cae por su propio peso, ni siquiera en estos tiempos de relativo descrédito de ese sistema financiero especulador y fraudulento.

Así, una estrategia compleja supone contemplar herramientas convencionales y nuevas, conjugar alivio, moratoria, impugnación,judicialización. Implica impulsar la continuidad de la auditoria y su inicio en otros países, para sumar fuerzas y encarar juntos a esos poderes, para que el no pago se torne viable, se consagre como medida soberana incuestionable.

En breve el gobierno revelará su propuesta de ‘solución definitiva’ para los bonos Global 2012 y 2030, como primer paso de una estrategia integral hacia una salida digna y soberana al problema de la deuda. Esa es sólo una porción de la deuda, pero quizá la más plagada de ilegalidad e ilegitimidad: deuda ‘mutante’, contratada en principio con la banca comercial, convertida luego en bonos Brady y más tarde en bonos Global.

Este es un tema de país donde caben tareas al gobierno y a la sociedad, en una conjugación como la que ya ha hizo posible la realización de la auditoria, y que es fundamental para el logro de una estrategia que no será de corto aliento.

La auditoria de la deuda e(x)terna ecuatoriana Un paso histórico para una solución definitiva

Alberto Acosta

 “Por desgracia, hasta hoy, la impunidad ha sido la piedra angular que ha sostenido en pie la famosa escuela de vicios y depravación que dejó establecida el General Flores. Sus vástagos aprovechan el tiempo y sin ruborizarse hacen su agosto sin detenerse ante el día de la fiscalización inexorable que se aproxima. Con tal de quedar millonarios y poder escapar, lo demás poco les importa”

Eloy Alfaro, La deuda Gordiana, 1896

La deuda externa ha sido eterna para Ecuador. Sus dificultades son tan antiguas como la formación de la República. Sus peripecias han sido un telón de fondo en nuestra vida económica, social y política. Y, en este interminable sendero, las soluciones, impulsadas y controladas por los acreedores, en contubernio con los negociadores nacionales, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Por eso, las tan promocionadas “soluciones definitivas”, apegadas a la racionalidad del mercado, a la postre han ahondado las crisis. 

Por otro lado, muchas propuestas alternativas, por diversas razones, no cuajaron o no han superado las actitudes discursivas o los planteos académicos. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento ético indiscutible, se han entrampado en posiciones inmovilistas. Más de una vez las movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en sí mismas. Siempre han faltado respuestas estructurales que aborden sus causas. 

Hoy, sin embargo, en Ecuador se cuenta con el informe de la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público (externo e interno). Un esfuerzo que se cristalizó gracias a la presión de la sociedad desde hace más de dos décadas. Y, por cierto, debido al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa, quien conformó de dicha Comisión y lo respaldo decididamente.

Esta acción del gobierno ecuatoriano, que constituye apenas un primer paso en la búsqueda de una solución definitiva, demuestra, por lo demás, la conveniencia de oír a sociedad civil. La participación social -no la manipulación social- es una herramienta fundamental para llegar a soluciones de consenso en las propuestas de leyes o para alentar respuestas estructurales en cuestiones de trascendencia nacional.

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Deuda pública en la Constitución

Alberto Acosta  

Desde las primeras horas de la flamante República, el tema de la deuda pública se hizo presente en la tarea legislativa, pues fue incorporada como tal en la primera Constitución. Desde entonces, los asuntos de la deuda externa estuvieron siempre estrechamente ligados a las resoluciones parlamentarias, toda vez que los Congresos o las varias Convenciones realizadas tenían que conocer y aprobar la contratación de empréstitos y las negociaciones que podían efectuarse, dada su significación para la economía nacional. 

Este principio se reflejó en forma continuada en las diversas constituciones, empezando por la primera de 1830, que, en el artículo 25, numeral 2, fijaba como atribución de la legislatura "establecer derechos e impuestos; y contraer deudas sobre el crédito público". Este principio se mantuvo en las cartas constitucionales de 1835 (Artículo 43, numeral 2), 1843 (Artículo 37, numeral 2) y 1845 (Artículo 42, numeral 2). En esta última se amplió la atribución, en el artículo 42, numeral 4, al "autorizar empréstitos u otros contratos para llenar el déficit del tesoro nacional, y permitir que se hipotequen los bienes y rentas de la República, para la seguridad del pago de dichos empréstitos o contratos, fijando las bases para todo". En las constituciones de 1850 (Artículo 31, numeral 8), 1852 (Artículo 40, numerales 2 y 4), 1861 (Artículo 39, numerales 2 y 4), 1869 (Artículo 35, numerales 2 y 4), 1883 (Artículo 62, numerales 4 y 5), 1897 (Artículo 65, numerales 4 y 5), 1906 (Artículo 54, numerales 3 y 4) y 1945 (Artículo 34, numerales 10 y 11), continuó vigente la obligación de que el Congreso participe en las negociaciones de la deuda. En las expedidas en 1878 (Artículo 47, numerales 5 y 6) y 1946 (Artículo 53, numerales 6 y 7), se ampliaron los derechos legislativos. El Congreso debía intervenir para establecer contribuciones y autorizar al Ejecutivo para contratar empréstitos sobre el crédito público, que no podrían llevarse a ejecución sino con su aprobación. Esta facultad del parlamento para "reconocer la deuda pública y establecer la manera de hacer su conversión, amortización, consolidación y cancelación" se mantuvo vigente hasta la Constitución de 1967 (Artículo 123, numeral 10). 1

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Anulación de la deuda ilegítima de Ecuador con Noruega

Hugo Arias

Coordinador de Jubileo 2000 Red Guayaquil

El gobierno  noruego propuso al Parlamento de su país, el 2 de octubre del 2006,  la cancelación de 520 millones de dólares en deudas oficiales que Ecuador, Egipto, Jamaica, Perú y Sierra Leone habían contraído  en la campaña de exportación de naves noruegas entre 1976 y 1980. El  Ministro de Desarrollo Internacional, Erik Solheim, declaró  que esta campaña representó un fracaso en la política de desarrollo impulsada por su país, De este modo, el gobierno noruego, erigiéndose en el primer referente ético entre los países acreedores,   asumió parte importante de la responsabilidad  en el fracaso de su política crediticia,  permitiendo que  estos cinco países dejen de pagar los reembolsos restantes de estas deudas.

Del mismo modo, el gobierno noruego propuso que estas deudas sean unilateralmente  e incondicionalmente canceladas, sin  asignacióm presupuestaria y sin reducir la Ayuda de Desarrollo Oficial (ODA) de su país.

El saldo de la deuda cancelada al Ecuador asciende a 225 millones de coronas noruegas, equivalente a un monto aproximado de 37 millones de dólares.

Antecedentes del caso ecuatoriano 

En el marco de la campaña  de exportación naviera promovida por el gobierno de Noruega, la Flota Bananera Ecuatoriana (FBE), sociedad anónima, compró, entre los años 1979-81, cuatro barcos  frigoríficos a un astillero noruego por un valor de 56,9 millones de dólares, de los cuales 52 millones  fueron financiados por el gobierno de Noruega, con fondos de ayuda para el  desarrollo, y con el aval del gobierno ecuatoriano.

En 1987, quiebra la FBE. y el saldo de la deuda pendiente de pago por el valor de 31 millones de dólares fue asumida por el estado ecuatoriano. De este saldo quedaron pendientes de pagar 13, 6 millones de dólares, que  fueron objeto de varias renegociaciones en el Club de París. Hasta que en el año 2001, por arte de magia, los 13,6 millones se dólares se convirtieron en una deuda de más de 51 millones de dólares, suma cercana al préstamo original. Del 2002 a julio del 2006,  el Ecuador pagó, como servicio de esta deuda, 19, 62 millones de dólares (14,25 millones de amortización y 5,37 millones por intereses), manteniendo  para esa  fecha un saldo de 40,8 millones de dólares.

El Tribunal sobre Leyes y Moral, organizado por la SLUG (Campaña Noruega para la Cancelación de la Deuda del Tercer Mundo) en noviembre de 2002, hizo la primera denuncia  de la campaña de exportación de barcos a Ecuador, pidiendo su anulación total por ser ilegítima.

Mientras tanto, el Centro de Derechos Económicos y Sociales de Ecuador (CDES) presentó en el 2002 un informe  ante  la Comisión de Control Cívico de la Corrupción del Ecuador (CCCC), en la que se denunciaba como ilegítima la deuda externa del Ecuador con el gobierno de Noruega, además de exigir  una investigación inmediata del caso para pedir su anulación.

Después de su propia investigación, la CCCC exhortó, en su informe y resolución, a las autoridades ecuatorianas para que soliciten, por vía diplomática, al gobierno de Noruega la cancelación total de las obligaciones contraídas y vinculadas a esa deuda con el Club de Paris, por considerarla ilegítima. El fundamentó de esta petición de cancelación de la deuda se esgrimió en los siguientes términos: primero, el origen del crédito fue ilegítimo, pues no se entregó  para ayudar al Ecuador sino por la necesidad de Noruega de salvar sus dársenas; segundo, no hubo evaluaciones sobre la viabilidad técnica y financiera del proyecto por parte de la Agencia de Cooperación Noruega (MORAD) y  la Entidad de Crédito a la Exportación (GIEK); tercero,los barcos han desaparecido, y nadie sabe dónde están, y, mientras tanto, se sigue pagando la deuda, y,  por ultimo, el crecimiento de la deuda ecuatoriana con Noruega se explica porque se impusieron unas condiciones onerosas  a las renegociaciones de la deuda y a los retrasos en el marco de los acuerdos con el Club de Paris.

El CDES y Jubileo 2000 han presionado permanentemente a los gobiernos de turno para que se suspenda el pago de esta deuda, pero la posición de los gobiernos del Ecuador, frente al tema de la deuda con Noruega y a la resolución de la CCCC, ha sido la de evitar cualquier conflicto, porque este reclamo dañaría, según sus representantes, la imagen del Ecuador frente la comunidad internacional,  afectando  de este modo a la inversión extranjera.

Nuestros comentarios   

La  anulación de la deuda de Noruega a cinco países, incluido el Ecuador, es el resultado, en gran medida,  de la presión de las organizaciones sociales que han  venido denunciando la ilegitimidad de esta deuda. En el caso de la deuda ecuatoriana, la Comisión de Control Cívico de la Corrupción dio cinco argumentos probatorios de ilegitimidad.

Además, el reconocimiento del gobierno de Noruega de que la campaña de exportación de naves de su país fue una operación incompatible con las políticas de cooperación para el desarrollo y la cancelación de los saldos de las deudas originadas en esta campaña, son pruebas irrefutables de su ilegitimidad.

Esta cancelación de la deuda de Noruega, basada en la ilegitimidad o daño moral de dicha  deuda, crea un precedente importante para que otros países cancelen otras muchas deudas ilegítimas,  que hasta el día de hoy están causando mucho daño a millones de familias de los países endeudados.

Esta victoria en el caso noruego constituye un nuevo estímulo para seguir trabajando por la anulación de  otras tantas deudas que violan los derechos humanos o  que tienen orígenes fraudulentos.

Sin embargo, y a pesar del logro que significó la cancelación de la deuda con Noruega, el perjuicio que esta ocasionó entre los países deudores es enorme. La deuda original impuesta  al Ecuador para la compra de cuatro barcos noruegos sumaba 52 millones de dólares. El Ecuador ha pagado más de 100 millones por esta deuda y le queda un saldo por pagar  de alrededor de 37 millones de dólares. Esto quiere decir que Noruega  le debe al Ecuador más de 100 millones de dólares ya pagados.

El Gobierno está en la obligación de  investigar y auditar esta deuda de Noruega 

y muchas otras más que han saqueado al País 

El Gobierno del Ecuador está en la obligación de investigar exhaustivamente el caso de esta deuda reconocida por el acreedor como ilegítima, y muchas otras deudas que han sido forjadas por grupos financieros nacionales e internacionales para saquear al país.

CDES, Jubileo 2000 Red Guayaquil y las organizaciones sociales del Grupo Nacional de Deuda exigimos al Señor Presidente de la República:

• Que se inicie una investigación de los procesos de negociación de la compra de los 4 barcos     noruegos, la justificación del aval dado por el Estado Ecuatoriano al crédito otorgado por el Gobierno   de Noruega para dicha compra y el destino actual de dichos barcos.   

• Que se investigue las condiciones de la renegociación de esta deuda en el Club de París y se determine a los responsables que participaron de esta renegociación en el Ecuador.  

•  Que el monto total del servicio de la deuda liberado por la condonación unilateral y sin condiciones por parte del Gobierno de Noruega, se destine, en parte, a la investigación y auditoría de las deudas con indicios de ilegitimidad,  y el resto a inversión social, en el marco de los planes y programas de desarrollo social a mediano y largo plazo, con el fin de que estos recursos no se esfumen en gastos corrientes o en inversiones improvisadas originadas en las presiones de intereses específicos o en urgencias improvisadas.

Crítica a las instituciones financieras internacionales y alternativas desde el Sur

El caso MOSTA en Ecuador: 
impactos de la política del Banco Mundial en la institucionalidad pública 

Magdalena León, REMTE/GND 

Gracias a la acción sinérgica del movimiento de mujeres, de instancias de cooperación internacional, y de un importante entorno nacional, la década de los 90 fue dinámica y rica en cuanto al reconocimiento de las desigualdades de género como problema clave en la búsqueda del desarrollo nacional, en la sensibilización social en temas como la violencia o la discriminación política hacia las mujeres, y también en la definición de orientaciones de política pública para actuar frente a estas problemáticas.

Sin embargo, esto ocurrió en medio de grandes paradojas. La principal, que el Estado, llamado a recoger y potenciar estos avances, estaba siendo desmantelado, minimizado en sus roles frente al interés público y al impulso de derechos y equidad, tomado como botín.

La situación regresiva así generada, tanto en lo económico como en lo social, resultó particularmente severa con las mujeres, con su realidad inmediata marcada por desventajas estructurales, y con los caminos de transformación que con tanto esfuerzo se habían trazado.

Queremos destacar algunas de esas implicaciones y consecuencias que se proyectan hacia la realidad actual, que han dibujado problemas que requieren atención y solución en esta coyuntura de cambios.

El tiempo nos obliga a mencionarlos de manera muy breve y esquemática:

1) La distribución y redistribución: el gasto público en relación al PIB creció, pero en cambio sí se contrajo proporcionalmente aquel orientado para educación, salud, protección social.

Si a lo largo de la década los efectos de la contracción de servicios públicos y del esquema privatizador recayeron ya paulatinamente en los hogares y en el trabajo de las mujeres (sustituyendo especialmente atención de salud y de cuidado humano), durante el colapso financiero de 1999-2000 este fenómeno pudo sentirse y observarse de manera concentrada, y hasta despiadada. Unas evidencias, tomadas de un estudio de caso que realizamos en la época, ofrecen una suerte de instantánea: 

En términos netos, ha sido el sobretrabajo de las mujeres el que ha sostenido la sobrevivencia y ha entregado subsidios ocultos a este modelo de saqueo y depredación. Han sido la pequeña producción y el ‘no mercado’, es decir ese tejido de reciprocidades y movilización de recursos no monetarios que protagonizan las mujeres, los que han debido responder a los efectos de la concentración y apropiación espúrea de la riqueza del país.

2) La reubicación de lo económico y social en el esquema de las políticas públicas: se convirtieron en asuntos económicos aquellos vinculados con finanzas, comercio internacional, empresas. Pasaron a ser sociales la pobreza, el trabajo, el empleo, por supuesto las mujeres, vistas en el mejor de los casos como consumidoras y como mano de obra secundaria, flexibilizable. Las políticas sociales y su institucionalidad fueron sometidas, como hemos visto, a intervenciones y experimentos arbitrarios, tomando a las mujeres como sujetas de ‘focalización’, como reproductoras de pobreza y no como actoras económicas que aportan por múltiples vías. Hoy empieza a perfilarse un Estado que se ubica como garante y promotor de derechos ciudadanos, y que tiene ante sí el desafío de dar otro rumbo a la economía, superando esquemas e imaginarios neoliberales que han logrado filtrar o imponerse, a veces incluso en el lenguaje de sus críticos.

3) La implantación del mercado como eje ordenador, de una visión de negocios y de competencia como el modelo para la economía, para el gobierno y para la vida misma. Esto niega o invisibiliza las diferentes maneras de producir, de generar servicios, de hacer economía, de cuidar de la vida y preservarla. Esto por supesto afecta a las y los protagonistas de estas actividades (en su mayoría mujeres), a su valoración y retribuciones. La institucionalidad y las normas aún vigentes están hechas a la medida de las empresas, no sirven para apoyar o estimular otras iniciativas (autogestionarias, cooperativas, asociativas, comunitarias), más bien se traducen en obstáculo, contrariando el sentido de un Estado que promueva igualdad económica. Hoy necesitamos recuperar la noción de interés público y de un espacio público en el que converjan Estado y socidedad para combatir estas injusticias económicas, para reconocer efectivamente el trabajo como motor de la economía y el cuidado de la vida de los seres humanos y la naturaleza como su objetivo, para generar igualdad.

En retrospectiva, podemos ver estas y otras implicaciones. Hoy, un acumulado de críticas y luchas sociales, y un nuevo balance geopolítico, hacen que nuestra región tome distancia de unas IFI que ya tienen el sello de la ilegitimidad. En el futuro inmediato, tenemos la obligación de no repetir sus recetas, visiones y prácticas de injusticia y destrucción.