Por la inmediata terminación del contrato con Interagua

DEUDA ILEGÍTIMA, CONCESIÓN ILEGÍTIMA

Entre los créditos examinados por Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público -CAIC-  se encuentra el contrato de préstamo BID 1026-OC-EC por USD 40 millones, firmado el 16 de octubre de 1997, para financiar el  Programa de Concesión al Sector Privado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Este traspaso de competencias del Estado a la empresa privada se concretó en el año 2001 a través de la concesión que ECAPAG -Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil- otorgó a la Empresa Internacional Water Services-Guayaquil INTERAGUA Cia Ltda., subsidiaria de la estadounidense Bechtel.

En el informe de auditoria de la CAIC, presentado al país el 20 de noviembre del 2008, se concluye que esta concesión así como el contrato de crédito que financió su implementación están viciados de ilegalidades e ilegitimidades, producto de una serie de condiciones inaceptables para el país e incumplimientos del contrato de concesión. El informe determina que ECAPAG declare la caducidad del contrato de concesión con INTERAGUA. Tal conclusión se fundamenta, entre otros, en los siguientes hallazgos:

1.  Incumplimiento del contrato: la Auditoria de Gestión Financiera de julio del 2002, estableció que INTERAGUA recibió de ECAPAG más de 5,56 millones de dólares por concepto de recaudación de impuestos, monto que no fue invertido en nuevas conexiones de agua potable ni en la contratación de un fideicomiso para administrar tales fondos como lo exigía el contrato de concesión. Además, la CAIC evidenció que el incumplimiento de las obligaciones contractuales para la rehabilitación y ampliación de los servicios durante el primer quinquenio de concesión, ocasionaron que INTERAGUA sea multada con 1’500.000 dólares y 5’135.000 dólares, en los años 2007 y 2008, respectivamente. Estas multas prueban que se incurrió en lo estipulado en la cláusula vigésima del contrato de concesión que dispone la “terminación y caducidad del contrato por culpa de la concesionaria”.

2.  Estructura tarifaria que perjudica a población más pobre: la concesión otorgada a INTERAGUA no ha representado un mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en Guayaquil, por el contrario ha significado un impacto en la población de bajos ingresos debido al incremento sostenido de tarifas (189% desde la concesión), ocasionado por una estructura tarifaria cuya finalidad es garantizar la rentabilidad del operador privado. Según reportes de ECAPAG, INTERAGUA cortó el servicio de agua a 32.204 familias guayaquileñas.  98.585 familias no han podido pagar las deudas del agua.  "La privatización del agua potable, con los efectos de la subida de tarifas  y la exclusión de los que no pueden pagar, atentó contra el derecho de acceso al agua y el derecho a la salud", según el análisis jurídico de la CAIC.

3.  Violación de derechos laborales: la reducción del personal de ECAPAG al mínimo, lo cual implicó el despido de 1.600 empleados al margen de las estipulaciones del contrato colectivo y graves denuncias de presión para conseguir las “renuncias voluntarias” de los trabajadores, violando así su derecho al trabajo proclamado en el Art. 49 de la Constitución.

4.  Impactos en la salud y en el medio ambiente: la falta de tratamiento de las aguas residuales y la contaminación al medio ambiente por parte de la concesionaria, ha provocado problemas de salud pública. Así, en el año 2005, cuando se produjo un brote de hepatitis A, la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción determinó que el agua potable de Guayaquil no era “apta para el consumo humano”. Pruebas adicionales de laboratorio realizadas en hogares del Guasmo Sur confirmaron estos hallazgos. 

5.  Traspaso de competencias del Estado al sector privado: este contrato de crédito contempló la transformación de ECAPAG de prestador de servicios en ente supervisor del contrato de concesión, violando los Art. 61 y 171 de la Constitución en ese momento vigente, que determinaba como competencia del Estado el manejo de los servicios de agua potable.

6.  Lesión a la soberanía nacional: renuncia a la jurisdicción local en caso de controversias, subordinación de nuestra legislación a las normas del BID, injerencia en la legislación e institucionalidad del país. En las cláusulas del contrato de crédito se establecen una serie de condicionamientos con los cuales el BID -a través de su no objeción- ejerció control sobre todo el proceso de concesión, desde la elaboración de la propuesta del contrato de préstamo hasta la selección de ofertas y la elaboración del contrato de concesión.

Ante estas evidencias, la CAIC concluye que el crédito contratado con el BID fue innecesario, ilegítimo e ilegal, subrayando que el beneficiario final del préstamo, que hoy pagamos todas/os los ecuatorianos, fue y sigue siendo una empresa privada. De la misma manera, recomendó que ECAPAG declare la caducidad del Contrato de Concesión con INTERAGUA y asuma la prestación del servicio, fortaleciendo su funcionamiento con participación de organizaciones ciudadanas y colegios profesionales.

Estos resultados y recomendaciones son inseparables de la auditoria realizada con posterioridad por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda –MIDUVI-, en cumplimiento a la disposición transitoria vigésima sexta de la Constitución vigente, que ratifica los hallazgos de la CAIC y encuentra nuevas irregularidades. Así, los informes presentados por el MIDUVI en octubre de 2009, señalan, entre otras irregularidades, que:

• Ante los incumplimientos de INTERAGUA que dieron lugar a las multas, ECAPAG  “debió aplicar el número 20.3.2 de la cláusula vigésima: Terminación del Contrato y Caducidad”. Lejos de ello, INTERAGUA es premiada por su incumplimiento pues: “el importe de la multa es utilizado por ECAPAG para resarcir el incumplimiento de la Concesionaria, se les devuelve la diferencia, y las obras ejecutadas pasan a formar parte de las inversiones realizadas por INTERAGUA y en consecuencia parte de sus activos”.
• “INTERAGUA se muestra ineficiente en la disminución de pérdidas de agua potable pues en el proceso de distribución se pierde un 65,4% de lo producido, afectando significativamente al costo del metro cúbico comercializado”.
• Incumplimiento grave en los compromisos de inversión de fondos propios.  Al menos el 61% de la inversión proviene de fondos del Estado (Municipio, ICE, CEM); en los planes de inversión futura se contempla un aporte de sólo el 29%, mientras 71% corresponde a fondos del Estado y la recuperación mediante tarifa. 
• INTERAGUA ha facturado por concepto de alcantarillado y depuración de aguas 160’543.167 dólares, mientras que la inversión realizada en alcantarillado ha sido sólo de 43’165.806 dólares, es decir sólo el 28% de lo que ha cobrado por este servicio.
• Es inaceptable que en el contrato de concesión se estipule el tratamiento de sólo el 20% de las aguas residuales, y peor aún que la concesionaria haya cumplido con sólo el 11% de tratamiento de estas aguas.
• Existen distorsiones graves en el cálculo del costo de la tarifa, tales como la inclusión de financiamiento público como inversiones propias, la incorporación de los impuestos y participación de los trabajadores (de las utilidades) como parte del factor de actualización de las tarifas, elevando su costo y generando beneficios financieros injustificados a favor de la concesionaria.

La consecuencia lógica de los resultados de estas dos auditorias solo puede ser la inmediata terminación del contrato de concesión con INTERAGUA. Sorprende, resulta incomprensible e inadmisible que el MIDUVI recomiende la renegociación de dicho contrato y que además ofrezca a esa empresa financiamiento del Banco del Estado para que cumpla con sus obligaciones.

Por soberanía, dignidad y justicia planteamos que el Gobierno Nacional de por terminada dicha concesión, declare la ilegitimidad y nulidad del contrato de crédito BID 1026-OC-EC y determine las responsabilidades nacionales e internacionales por los perjuicios causados al país.   

Quito, 29 de octubre de 2009

Grupo Nacional contra la Deuda
Acción Ecológica

Centro de Derechos Económicos y Sociales –CDES-

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo –CADTM-
Consejo Latinoamericano de Iglesias –CLAI-

Contrato Social por la Educación

ECUARUNARI

Jubileo 2000 Red Guayaquil

Observatorio de la Cooperación al Desarrollo –OCD-

Red de Mujeres Transformando la Economía –REMTE-

Adhesiones

Observatorio  Ciudadano de Servicios  Públicos, Ecuador

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Ecuador

Red RAPAL, Ecuador

Ecuador Decide

Nexos Culturales, Ecuador

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Ecuador

Foro Democrático Guayaquil, Ecuador

Colectivo de Mujeres Acción Política por la Equidad, Ecuador

Movimiento Mi Cometa, Ecuador

Fundación de Estudios, Acción y Participación Social –FEDAEPS-, Ecuador

Revista R, Ecuador

Jubileo Sur – Américas

Campaña Agua Para Todos, América Latina

Consejo Andino Permanente de Sindicatos del Agua

Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, Bolivia

Escuela Andina del Agua, Bolivia

Escuela del Pueblo Primero de Mayo, Cochabamba, Bolivia

Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Bolivia

Comisión Nacional de Defensa del agua y La Vida,  Perú

Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable del Perú

Sindicato Único de Trabajadores de SEDAPAR -, Perú

Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Perú

Ecofondo, Colombia

Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Colombia

Corporación AVOCAR, Colombia

Programa Chile Sustentable, Chile

Mujer y Medio Ambiente, México

Red de Género y Medio Ambiente, México

Food and Water Watch, Estados Unidos

Corporate Watch, Londres, Reino Unido

Observatorio de la Deuda en la Globalización, España

UNA ESTRATEGIA INTEGRAL FRENTE A LA DEUDA ILEGITIMA: COMPROMISO DE TODAS/OS

La auditoria ecuatoriana del crédito público realizada en 2008 confirmó los mecanismos perversos, las imposiciones y condicionamientos que, a más de los intereses usurarios, configuran la ilegitimidad de gran parte de la deuda externa. La auditoria sustentó sus hallazgos y conclusiones en documentos que demuestran que la deuda es un problema sistémico.

A estas evidencias de la auditoria, se suman las pruebas irrefutables que han salido a la luz con el estallido de una crisis económica que confirma el carácter fraudulento del  sistema financiero mundial, comandado por entidades privadas y multilaterales. Fue inherente a la fase neoliberal el masivo endeudamiento público, a través del cual se instrumentó un drenaje directo de capitales y se facilitó  la imposición de políticas de liberalización, privatización y mercantilización de la vida que tan nefastas consecuencias siguen trayendo para la Región. La deuda dejó de ser una fuente de financiamiento normal y se convirtió en un dogal que impide que los estados puedan impulsar un desarrollo humano integral. Hoy, las mismas entidades que tienen directa responsabilidad sobre este esquema y la crisis resultante -una de cuyas consecuencias será la imposibilidad de pagos- buscan utilizarla como pretexto para recomponer su poder, para inducir un nuevo ciclo de endeudamiento.

Tras larga trayectoria de impulso por parte de organizaciones sociales, en el gobierno actual se han dado las condiciones para que la solución al problema de la deuda externa tome un lugar de prioridad en la agenda nacional. Un paso decisivo en esa perspectiva fue la realización de la auditoria integral, que muestra, en líneas generales, los múltiples aspectos y la inevitable complejidad de una estrategia de solución. Es una estrategia que requiere actuar en todos los frentes y recurrir al uso de instrumentos convencionales y nuevos, conjugando alivio, moratoria, impugnación, judicialización, etc.

El 20 de abril el gobierno informará al pueblo ecuatoriano su propuesta de ‘solución definitiva’ para la deuda en bonos Global 2012 y 2030, como un primer paso de una estrategia que se aspira nos lleve hacia una salida digna y soberana. Esta es sólo una porción de la deuda, plagada de ilegalidad e ilegitimidad; deuda originalmente contratada con la banca comercial, convertida luego en bonos Brady y más tarde en bonos Global.

En esta oportunidad reiteramos nuestro compromiso de contribuir en la concreción de soluciones soberanas, dignas e integrales. Estas suponen tanto una acción unitaria de los países de la región, para impulsar el no pago de las deudas ilegítimas, las sanciones y reparaciones por impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, como también la unidad de acciones en el país. Llamamos a toda la población a ser parte activa en una estrategia que requiere la unidad en defensa de nuestros intereses como país.

Quito, 16 de Abril de 2009

Manifiesto ante la Asamblea del BID y la Asamblea de los Pueblos

La auditoria integral del crédito público que se realizó en Ecuador entre 2007 y 2008 constituye un paso histórico para el país y para la región. Ese examen de los 30 últimos años, permitió revelar o confirmar los variados mecanismos que se han aplicado sistemáticamente en nuestros países para convertir a la deuda en un instrumento de saqueo, depredación, destrucción de soberanía y violación de derechos humanos.

Quedó al descubierto la ilegitimidad del sistema de endeudamiento asentado en una arquitectura que junta entidades multilaterales y privadas comprometidas con iguales intereses de apropiación y concentración de riquezas. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, se llegó al extremo de usar la figura de créditos para proyectos de desarrollo a fin de encaminar recursos a la compra de garantías y pago de intereses de la deuda comercial; el pueblo ecuatoriano paga así deudas ‘de desarrollo’ que sirvieron en verdad para revivir y acrecentar una deuda comercial prácticamente extinguida, en un círculo perverso de deuda para alimentar deuda.

En Ecuador se dio un paso para confrontar las deudas ilegítimas a través de la auditoria; las medidas que el gobierno anunciará son también un primer paso en una estrategia que tiene ante sí complejidades económicas, financieras, políticas, geopolíticas y éticas, que sólo podrán ser asumidas en el marco de una agenda regional de gobiernos y pueblos.

La crisis internacional que ha estallado en estos meses nos muestra en su magnitud y profundidad el carácter fraudulento de ese sistema financiero, provee pruebas irrefutables sobre su estructura especulativa. En ese marco, vemos que las entidades multilaterales no sólo son incapaces de cumplir un rol de regulación y respaldo a los países, sino que se convirtieron en garantes incondicionales de intereses privados y corporativos, en mecanismos de intervención e implantación de la agenda neoliberal.

La crisis no puede servir de pretexto para ‘más de lo mismo’, para reinstalar en el escenario a entidades multilaterales obsoletas, que ya estaban en retirada, y poner como ‘solución’ sus recetas de siempre. Necesitamos acelerar las transformaciones para salidas soberanas, verdaderamente alternativas. En esa perspectiva planteamos: 

• El inmediato inicio de auditorias integrales en todos los países de América Latina, para transparentar las deudas ilegítimas y el sistema institucional que las ha sustentado, e impulsar las respectivas sanciones, reparaciones y correctivos. 

• En el caso de países ‘acreedores’, demandamos a los gobiernos la anulación de las deudas ilegítimas, sin condiciones 

• La acción internacional solidaria de gobiernos y pueblos para avanzar en una arquitectura financiera soberana, transparente, al servicio del buen vivir y de la integración. Instamos a los gobiernos impulsores del Banco del Sur, a dar los pasos necesarios para su pronto funcionamiento.

América Latina soberana ¡sin deudas ilegítimas! 

Medellín, marzo 2009

ECUADOR SOBERANO Y CON DERECHOS HUMANOS ¡NO A LA DEUDA ILEGITIMA!

La celebración mundial de los 60 AÑOS DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOSDERECHOS HUMANOS, coincide con un hecho histórico en el país: el conocimiento delos resultados de la auditoria de la deuda -realizada por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público-, y el inicio de procesos y políticas públicas orientadas alas respectivas sanciones, reparaciones y recuperación de soberanía.

Una de las principales constataciones de la auditoria tiene que ver con el impacto negativo directo del sistema de endeudamiento en los derechos humanos. La deuda afectó desde el derecho a la autodeterminación de los pueblos hasta los derechos a la educación, la salud, el trabajo y a un medio ambiente sano. Créditos onerosos se usaron para construir obras que expulsaron a comunidades de sus tierras o destruyeron la biodiversidad, para emprender en políticas de ‘modernización’ que en realidad socavaron la educación y la salud públicas, o para imponer esquemas privatizadores destruyendo entidades públicas. El largo brazo de la deuda actuó, entre otras vias, a través de las famosas cartas de intención con el FMI, generadoras de empobrecimiento.

La auditoria ecuatoriana, que es ya valorada como ejemplar en el mundo, provee de informaciones y pruebas suficientes para confirmar lo que los pueblos, organizaciones sociales y entidades académicas hemos denunciado durante más de veinte años: buena parte de la deuda es ilegítima y debe ser anulada; se ha impuesto mediante un sistema que va más allá de lo financiero, pues se trata de un enmarañado tejido de mecanismos económicos, políticos y jurídicos que han sometido al país para extraer la riqueza que genera el trabajo de su gente y la depredación de sus recursos.

La Fiscalía de la República tiene ahora en sus manos los documentos que son prueba de los delitos, irregularidades y perjuicios cometidos, cuyos responsables –nacionales y extranjeros- no deben quedar en la impunidad. En este día de los Derechos Humanos demandamos el cumplimiento de las acciones legales e institucionales necesarias obtener sanciones y reparaciones, y reiteramos nuestro compromiso con la lucha por el no pago de la deuda ilegítima y la construcción de una nueva Patria, con soberanía, justicia y dignidad.

10 de Diciembre de 2008

DESPUES DE LA AUDITORIA: SOBERANIA, JUSTICIA ECONOMICA Y NO IMPUNIDAD

Ha concluido el trabajo de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público, cuya tarea fue “determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos”, según determinó el decreto ejecutivo de su creación.

Es una tarea de magnitudes y significado históricos, cumplida por un grupo de comisionadas/os  nacionales e internacionales,  que conjugaron en su labor experiencias múltiples, avances teóricos, metodológicos y políticos adelantados por un amplio movimiento de resistencia a la tiranía de la deuda, en el país, en la región y en el mundo.

La clara voluntad política del gobierno y el esfuerzo de la CAIC han permitido dar este paso fundamental, que refleja el anhelo del pueblo ecuatoriano de poner al descubierto la deuda ilegítima, las múltiples irregularidades y perjuicios causados por un endeudamiento que ha marcado nuestras vidas en las últimas décadas.

El Ecuador se ubica ya a la vanguardia en la búsqueda de transparencia y justicia en materia financiera, en el tratamiento integral al tema de la deuda, justamente en momentos en que la una nueva crisis financiera y económica del capitalismo coloca la urgencia de cambios profundos, estructurales.

Tanto el Estado como la sociedad ecuatorianos tenemos ahora el deber de actuar en la perspectiva de:

• No impunidad: los delitos, irregularidades y perjuicios que la auditoria muestra y documenta reclaman sanciones y reparaciones.
• Fin de un modelo de endeudamiento depredador: la auditoria pone a la vista los mecanismos complejos que convirtieron a la deuda en un medio de depredación humana y ambiental. El imperativo de generar divisas para pagar la deuda llevó a sobreexplotar el trabajo de las y los ecuatorianos, a destruir y contaminar la naturaleza. Somos, en verdad, un país acreedor, que debe reclamar lo que le corresponde.
• Soberanía y nueva arquitectura financiera: la auditoria muestra que el modelo neoliberal de endeudamiento arrasó con nuestra soberanía, destruyendo también la institucionalidad y el sentido de lo público. Son estratégicas, en ese sentido, las políticas nacionales y regionales ya en marcha para recuperar soberanía, ampliarla, y fundar en ella otra arquitectura financiera, al servicio del buen vivir.

Los hallazgos y sugerencias de la auditoria, junto con lo contemplado en la Nueva Constitución, abren un camino para estos cambios impostergables.

El Presidente Rafael Correa ha sostenido desde los inicios de su gobierno la tesis de priorizar la inversión social sobre el pago de la deuda. Compartimos esa posición y nos comprometemos a continuar con un trabajo de difusión, movilización y solidaridad internacional para que las decisiones y políticas soberanas del país se respeten.

             Quito, 20 de noviembre de 2008