Lazard Frères y las deudas ilegítimas

Pablo Dávalos 

En esta semana (20-26/04/09), el gobierno del Ecuador realizó una propuesta con respecto a su deuda externa en la cual proponía a los tenedores de los Bonos Global un mecanismo de recompra denominado “subasta holandesa modificada”. La propuesta en sí contemplaba una reducción de hasta el 70% del valor nominal de los Bonos Global, en una posición que reflejaba el precio de estos bonos en el mercado secundario.

Hay que considerar que el Ecuador había entrado en default (mora) con respecto al pago de estos papeles, aunque había cubierto los pagos de los Bonos Global 2015, indicando que la emisión de estos Bonos Global 2015, no tenían el mismo proceso de emisión que los 2012 y 2030 (estos últimos formaban parte de los denominados Bonos Brady y que fueron susceptibles de renegociación por el gobierno de Gustavo Noboa en el año 2000, cuando el país sufrió los efectos de una crisis financiera y monetaria que condujeron a la dolarización de su economía).

De otra parte, es de indicar que existían una serie de rumores y de presunciones con respecto a la posición del gobierno ecuatoriano ante la deuda externa nominada en Bonos Global. Una de esas presunciones hacía referencia al hecho de que el gobierno difícilmente daría marcha atrás en sus primeras declaraciones sobre las deudas ilegítimas y que, al mismo tiempo, buscaría un mecanismo de renegociación de esos bonos. Asimismo, hay que recordar que el contexto en el que fueron emitidas esas declaraciones gubernamentales era de precios del petróleo de 140 USD y de relativa bonanza económica para el Ecuador.
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UNA ESTRATEGIA INTEGRAL FRENTE A LA DEUDA ILEGITIMA: COMPROMISO DE TODAS/OS

La auditoria ecuatoriana del crédito público realizada en 2008 confirmó los mecanismos perversos, las imposiciones y condicionamientos que, a más de los intereses usurarios, configuran la ilegitimidad de gran parte de la deuda externa. La auditoria sustentó sus hallazgos y conclusiones en documentos que demuestran que la deuda es un problema sistémico.

A estas evidencias de la auditoria, se suman las pruebas irrefutables que han salido a la luz con el estallido de una crisis económica que confirma el carácter fraudulento del  sistema financiero mundial, comandado por entidades privadas y multilaterales. Fue inherente a la fase neoliberal el masivo endeudamiento público, a través del cual se instrumentó un drenaje directo de capitales y se facilitó  la imposición de políticas de liberalización, privatización y mercantilización de la vida que tan nefastas consecuencias siguen trayendo para la Región. La deuda dejó de ser una fuente de financiamiento normal y se convirtió en un dogal que impide que los estados puedan impulsar un desarrollo humano integral. Hoy, las mismas entidades que tienen directa responsabilidad sobre este esquema y la crisis resultante -una de cuyas consecuencias será la imposibilidad de pagos- buscan utilizarla como pretexto para recomponer su poder, para inducir un nuevo ciclo de endeudamiento.

Tras larga trayectoria de impulso por parte de organizaciones sociales, en el gobierno actual se han dado las condiciones para que la solución al problema de la deuda externa tome un lugar de prioridad en la agenda nacional. Un paso decisivo en esa perspectiva fue la realización de la auditoria integral, que muestra, en líneas generales, los múltiples aspectos y la inevitable complejidad de una estrategia de solución. Es una estrategia que requiere actuar en todos los frentes y recurrir al uso de instrumentos convencionales y nuevos, conjugando alivio, moratoria, impugnación, judicialización, etc.

El 20 de abril el gobierno informará al pueblo ecuatoriano su propuesta de ‘solución definitiva’ para la deuda en bonos Global 2012 y 2030, como un primer paso de una estrategia que se aspira nos lleve hacia una salida digna y soberana. Esta es sólo una porción de la deuda, plagada de ilegalidad e ilegitimidad; deuda originalmente contratada con la banca comercial, convertida luego en bonos Brady y más tarde en bonos Global.

En esta oportunidad reiteramos nuestro compromiso de contribuir en la concreción de soluciones soberanas, dignas e integrales. Estas suponen tanto una acción unitaria de los países de la región, para impulsar el no pago de las deudas ilegítimas, las sanciones y reparaciones por impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, como también la unidad de acciones en el país. Llamamos a toda la población a ser parte activa en una estrategia que requiere la unidad en defensa de nuestros intereses como país.

Quito, 16 de Abril de 2009

Manifiesto ante la Asamblea del BID y la Asamblea de los Pueblos

La auditoria integral del crédito público que se realizó en Ecuador entre 2007 y 2008 constituye un paso histórico para el país y para la región. Ese examen de los 30 últimos años, permitió revelar o confirmar los variados mecanismos que se han aplicado sistemáticamente en nuestros países para convertir a la deuda en un instrumento de saqueo, depredación, destrucción de soberanía y violación de derechos humanos.

Quedó al descubierto la ilegitimidad del sistema de endeudamiento asentado en una arquitectura que junta entidades multilaterales y privadas comprometidas con iguales intereses de apropiación y concentración de riquezas. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, se llegó al extremo de usar la figura de créditos para proyectos de desarrollo a fin de encaminar recursos a la compra de garantías y pago de intereses de la deuda comercial; el pueblo ecuatoriano paga así deudas ‘de desarrollo’ que sirvieron en verdad para revivir y acrecentar una deuda comercial prácticamente extinguida, en un círculo perverso de deuda para alimentar deuda.

En Ecuador se dio un paso para confrontar las deudas ilegítimas a través de la auditoria; las medidas que el gobierno anunciará son también un primer paso en una estrategia que tiene ante sí complejidades económicas, financieras, políticas, geopolíticas y éticas, que sólo podrán ser asumidas en el marco de una agenda regional de gobiernos y pueblos.

La crisis internacional que ha estallado en estos meses nos muestra en su magnitud y profundidad el carácter fraudulento de ese sistema financiero, provee pruebas irrefutables sobre su estructura especulativa. En ese marco, vemos que las entidades multilaterales no sólo son incapaces de cumplir un rol de regulación y respaldo a los países, sino que se convirtieron en garantes incondicionales de intereses privados y corporativos, en mecanismos de intervención e implantación de la agenda neoliberal.

La crisis no puede servir de pretexto para ‘más de lo mismo’, para reinstalar en el escenario a entidades multilaterales obsoletas, que ya estaban en retirada, y poner como ‘solución’ sus recetas de siempre. Necesitamos acelerar las transformaciones para salidas soberanas, verdaderamente alternativas. En esa perspectiva planteamos: 

• El inmediato inicio de auditorias integrales en todos los países de América Latina, para transparentar las deudas ilegítimas y el sistema institucional que las ha sustentado, e impulsar las respectivas sanciones, reparaciones y correctivos. 

• En el caso de países ‘acreedores’, demandamos a los gobiernos la anulación de las deudas ilegítimas, sin condiciones 

• La acción internacional solidaria de gobiernos y pueblos para avanzar en una arquitectura financiera soberana, transparente, al servicio del buen vivir y de la integración. Instamos a los gobiernos impulsores del Banco del Sur, a dar los pasos necesarios para su pronto funcionamiento.

América Latina soberana ¡sin deudas ilegítimas! 

Medellín, marzo 2009

Deuda pública en la Constitución

Alberto Acosta  

Desde las primeras horas de la flamante República, el tema de la deuda pública se hizo presente en la tarea legislativa, pues fue incorporada como tal en la primera Constitución. Desde entonces, los asuntos de la deuda externa estuvieron siempre estrechamente ligados a las resoluciones parlamentarias, toda vez que los Congresos o las varias Convenciones realizadas tenían que conocer y aprobar la contratación de empréstitos y las negociaciones que podían efectuarse, dada su significación para la economía nacional. 

Este principio se reflejó en forma continuada en las diversas constituciones, empezando por la primera de 1830, que, en el artículo 25, numeral 2, fijaba como atribución de la legislatura "establecer derechos e impuestos; y contraer deudas sobre el crédito público". Este principio se mantuvo en las cartas constitucionales de 1835 (Artículo 43, numeral 2), 1843 (Artículo 37, numeral 2) y 1845 (Artículo 42, numeral 2). En esta última se amplió la atribución, en el artículo 42, numeral 4, al "autorizar empréstitos u otros contratos para llenar el déficit del tesoro nacional, y permitir que se hipotequen los bienes y rentas de la República, para la seguridad del pago de dichos empréstitos o contratos, fijando las bases para todo". En las constituciones de 1850 (Artículo 31, numeral 8), 1852 (Artículo 40, numerales 2 y 4), 1861 (Artículo 39, numerales 2 y 4), 1869 (Artículo 35, numerales 2 y 4), 1883 (Artículo 62, numerales 4 y 5), 1897 (Artículo 65, numerales 4 y 5), 1906 (Artículo 54, numerales 3 y 4) y 1945 (Artículo 34, numerales 10 y 11), continuó vigente la obligación de que el Congreso participe en las negociaciones de la deuda. En las expedidas en 1878 (Artículo 47, numerales 5 y 6) y 1946 (Artículo 53, numerales 6 y 7), se ampliaron los derechos legislativos. El Congreso debía intervenir para establecer contribuciones y autorizar al Ejecutivo para contratar empréstitos sobre el crédito público, que no podrían llevarse a ejecución sino con su aprobación. Esta facultad del parlamento para "reconocer la deuda pública y establecer la manera de hacer su conversión, amortización, consolidación y cancelación" se mantuvo vigente hasta la Constitución de 1967 (Artículo 123, numeral 10). 1

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ECUADOR SOBERANO Y CON DERECHOS HUMANOS ¡NO A LA DEUDA ILEGITIMA!

La celebración mundial de los 60 AÑOS DE LA DECLARACION UNIVERSAL DE LOSDERECHOS HUMANOS, coincide con un hecho histórico en el país: el conocimiento delos resultados de la auditoria de la deuda -realizada por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público-, y el inicio de procesos y políticas públicas orientadas alas respectivas sanciones, reparaciones y recuperación de soberanía.

Una de las principales constataciones de la auditoria tiene que ver con el impacto negativo directo del sistema de endeudamiento en los derechos humanos. La deuda afectó desde el derecho a la autodeterminación de los pueblos hasta los derechos a la educación, la salud, el trabajo y a un medio ambiente sano. Créditos onerosos se usaron para construir obras que expulsaron a comunidades de sus tierras o destruyeron la biodiversidad, para emprender en políticas de ‘modernización’ que en realidad socavaron la educación y la salud públicas, o para imponer esquemas privatizadores destruyendo entidades públicas. El largo brazo de la deuda actuó, entre otras vias, a través de las famosas cartas de intención con el FMI, generadoras de empobrecimiento.

La auditoria ecuatoriana, que es ya valorada como ejemplar en el mundo, provee de informaciones y pruebas suficientes para confirmar lo que los pueblos, organizaciones sociales y entidades académicas hemos denunciado durante más de veinte años: buena parte de la deuda es ilegítima y debe ser anulada; se ha impuesto mediante un sistema que va más allá de lo financiero, pues se trata de un enmarañado tejido de mecanismos económicos, políticos y jurídicos que han sometido al país para extraer la riqueza que genera el trabajo de su gente y la depredación de sus recursos.

La Fiscalía de la República tiene ahora en sus manos los documentos que son prueba de los delitos, irregularidades y perjuicios cometidos, cuyos responsables –nacionales y extranjeros- no deben quedar en la impunidad. En este día de los Derechos Humanos demandamos el cumplimiento de las acciones legales e institucionales necesarias obtener sanciones y reparaciones, y reiteramos nuestro compromiso con la lucha por el no pago de la deuda ilegítima y la construcción de una nueva Patria, con soberanía, justicia y dignidad.

10 de Diciembre de 2008

DESPUES DE LA AUDITORIA: SOBERANIA, JUSTICIA ECONOMICA Y NO IMPUNIDAD

Ha concluido el trabajo de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público, cuya tarea fue “determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos”, según determinó el decreto ejecutivo de su creación.

Es una tarea de magnitudes y significado históricos, cumplida por un grupo de comisionadas/os  nacionales e internacionales,  que conjugaron en su labor experiencias múltiples, avances teóricos, metodológicos y políticos adelantados por un amplio movimiento de resistencia a la tiranía de la deuda, en el país, en la región y en el mundo.

La clara voluntad política del gobierno y el esfuerzo de la CAIC han permitido dar este paso fundamental, que refleja el anhelo del pueblo ecuatoriano de poner al descubierto la deuda ilegítima, las múltiples irregularidades y perjuicios causados por un endeudamiento que ha marcado nuestras vidas en las últimas décadas.

El Ecuador se ubica ya a la vanguardia en la búsqueda de transparencia y justicia en materia financiera, en el tratamiento integral al tema de la deuda, justamente en momentos en que la una nueva crisis financiera y económica del capitalismo coloca la urgencia de cambios profundos, estructurales.

Tanto el Estado como la sociedad ecuatorianos tenemos ahora el deber de actuar en la perspectiva de:

• No impunidad: los delitos, irregularidades y perjuicios que la auditoria muestra y documenta reclaman sanciones y reparaciones.
• Fin de un modelo de endeudamiento depredador: la auditoria pone a la vista los mecanismos complejos que convirtieron a la deuda en un medio de depredación humana y ambiental. El imperativo de generar divisas para pagar la deuda llevó a sobreexplotar el trabajo de las y los ecuatorianos, a destruir y contaminar la naturaleza. Somos, en verdad, un país acreedor, que debe reclamar lo que le corresponde.
• Soberanía y nueva arquitectura financiera: la auditoria muestra que el modelo neoliberal de endeudamiento arrasó con nuestra soberanía, destruyendo también la institucionalidad y el sentido de lo público. Son estratégicas, en ese sentido, las políticas nacionales y regionales ya en marcha para recuperar soberanía, ampliarla, y fundar en ella otra arquitectura financiera, al servicio del buen vivir.

Los hallazgos y sugerencias de la auditoria, junto con lo contemplado en la Nueva Constitución, abren un camino para estos cambios impostergables.

El Presidente Rafael Correa ha sostenido desde los inicios de su gobierno la tesis de priorizar la inversión social sobre el pago de la deuda. Compartimos esa posición y nos comprometemos a continuar con un trabajo de difusión, movilización y solidaridad internacional para que las decisiones y políticas soberanas del país se respeten.

             Quito, 20 de noviembre de 2008

El debilitamiento institucional en la década de los 90

Piedad Mancero 

El proyecto de modernización del Estado inició su ejecución en 1995, el cual había sido preparado por el BM desde 1993. Se inscribe en las tendencias del mercado a favor, es decir, en un entorno internacional que venía presionando para que el sector público ceda espacios al mercado y, por tanto, interactúen libremente. De hecho, se proponían menos regulaciones y apertura comercial sin restricciones, y un traslado de competencias al sector privado. En los años previos al proceso de modernización del Estado iniciado en esta fase de la década de los 90, el sector público se ubicaba en las dimensiones medias de América Latina, no estaba sobredimensionado, pues el gasto del sector público no financiero fluctuaba por debajo del 30% del PIB. 

Hasta el final del período presidencial de Sixto Durán Ballén se habían saneado las cuentas fiscales, especialmente a nivel de gobierno central, y se fortalecieron varios programas sociales. Las empresas públicas, a diferencia de lo que sucedía en otros países latinoamericanos, se habían creado para cumplir objetivos relevantes de la república, como la prestación de servicios básicos colectivos, la explotación de sectores estratégicos, la defensa de la soberanía nacional y promoción de áreas productivas de interés nacional. Por tanto, no había razones suficientes para aplicar medidas drásticas; sin embargo, había que mejorar el funcionamiento de ciertas instituciones, buscando siempre un servicio público eficiente, muy sólido, pero era otra la orientación que podía tener este proceso modernizador. 

A partir de 1993, cuando se preparaba el proyecto de modernización del Estado y las misiones del BID frecuentaban el país, se dictaron varias leyes tales como: 1) la Ley de Modernización del Estado y prestación de servicios públicos por parte de la iniciativa privada; 2) la reforma a la Ley de Hidrocarburos que afectó a las instituciones públicas, es decir, la Ley 44 y la Ley 49 dictadas a finales de 1993 y en 1994 mediante las cuales la participación del Estado en los ingresos petroleros bajó del 90% al 33% en el mejor de los casos, pues en otros era del 0% porque se entregaba el 100% a las compañías contratistas; 3) la Ley General de las Instituciones del sector financiero, de la que su aplicación hemos tenido graves consecuencias hasta llegar al colapso bancario de los fines de la década del 90. 

Otra medida, que tiene varias implicaciones en el problema de la deuda, fue la eliminación del Comité de Crédito Externo que permitía la participación conjunta del Ministerio de Finanzas, el Banco Central y el Ministerio de Relaciones Exteriores, los cuales compartían la planificación y gestión en ese momento. Posterior a ello, en 1995, se asignó esa atribución, primero, a la unidad técnica del Ministerio de Finanzas, y luego, se dispuso la anulación de esa unidad técnica y la atribución sobre las características del préstamo quedaba otra vez en el Ministerio de Economía y Finanzas. Al analizarla se encuentran varios indicios de condicionamientos en la ayuda y sus formas de emisión por parte del organismo prestamista con respecto a las decisiones políticas y económicas, como las que se habían tomado para el proceso de modernización y privatización. 

Regresando al proyecto MOSTA 1 , en febrero de 1995 se suscribió el convenio de préstamo por $20 millones con una contraparte de $4.4 millones y se incluye la donación del gobierno de Japón por $600.000. Hubo dos componentes del proyecto de modernización del Estado: 1) el control público y el fortalecimiento del manejo de las finanzas públicas; y 2) la modernización del sector público. Durante el proceso de la ejecución se encontraron algunos efectos como la concentración de atribuciones en las instituciones, mientras en algunas se desmantelaban y a otras se les restaba funciones; tal fue el caso del Ministerio de Economía y Finanzas que concentraba atribuciones. Dichos efectos fueron los propósitos no declarados del proyecto. 

Como consecuencia de esta concentración de atribuciones se produjo la desarticulación en la planificación del presupuesto. Asimismo, no se llegó a definir el rol del Estado para el desarrollo nacional ni se definió la organización macro para el desarrollo institucional del Estado. En ningún caso se mencionaba que había la necesidad de proponer una estructura administrativa que sirviera a los proyectos del desarrollo nacional. Simplemente se eliminaba la vinculación con una política planificada para el desarrollo. 

Entre los aspectos positivos del proyecto podemos mencionar su utilidad para resolver ciertas necesidades institucionales, aunque su apoyo era ocasional. Además cabe recalcar su aporte a la solución de la administración tributaria. Con este propósito se erigió la ley y el estatuto del SRI, mejorando evidentemente el nivel profesional y el manejo tributario. 

Del mismo modo, se creó el Sistema Integrado de Información, que también tiene aspectos positivos, aunque le resta transparencia a la información en cuanto interesa a la sociedad civil. Así, para los analistas de la sociedad es muy difícil utilizar la información desde la forma como ha sido concebida en este sistema y como se la ha difundido. 2  

En el año 1993, en que había la intervención del BM y del BID, se dictaron varias reformas a las leyes del Estado. Adicionalmente se tomaron medidas influyentes en la capacidad de gestión, que evidenciaron efectos directos, surgiendo a medida que se ejecutaba el proyecto. No obstante, hay que distinguir los amplios resultados de la ejecución tanto del proyecto como de las medidas vinculadas al mismo. 

En primer lugar podemos destacar que no se redujo el gasto público: éste alcanzaba el 40% del PIB en 1999. Hubo un costo muy elevado para el pago de personal; los procesos de privatización de empresas estatales fracasaron o simplemente no llegaron a concretarse por las siguientes razones: especialmente por las deficiencias de la misma institución que lideraba el proceso (CONAM); la resistencia de la sociedad civil, y la consulta popular en 1995 en la que se manifestaron pronunciamientos negativos sobre la privatización. Sin embargo, se eliminó la mejor parte de algunas instituciones y otras fueron reemplazadas por instituciones con menos atribuciones. Entre la lista de las eliminadas se encontraban: el Fondo Nacional de Pre-inversión, el Fondo de Desarrollo Industrial – sin el cual el sector privado sufrió un desequilibrio -, y la Comisión Ecuatoriana de Bienes de Capital que regulaba las importaciones al país. 

Como consecuencia el índice de pobreza aumentó del 55.3% (1995) al 60.71% (2001), la población pobre quedó marginada de la educación y de la salud por la eliminación de la gratuidad; el índice de desempleo subió así como los índices de la migración. En el sector agropecuario se dejó de prestar asistencia técnica a los pequeños productores, así como también la investigación por parte del INIAP y la mecanización agrícola. El sector privado no tuvo la capacidad suficiente para asumir estas obligaciones, dejando de lado grandes proyectos hidroeléctricos al eliminar el Instituto Nacional de Electrificación. Incluso, el proyecto de modernización del Estado fue calificado ‘insatisfactorio’ por el mismo BM en sus informes parciales de los años 1994 a 1998. 

Para el país y para la institucionalidad este proceso resultó oneroso y de efectos muy perjudiciales.


  1 MOSTA – Modernization of the State Technical Assistance Loan 


  2 Actualmente, el Ministro de Finanzas ha presentado una rendición de cuentas y se anunció el establecimiento del ‘portal    de transparencia’. Esto se considera como una sinergia de varias instituciones, pues incluye la planificación para ofrecer una información amigable, la cual puede ser utilizada por cualquier usuario. De esa manera se impulsa el rescate de la transparencia. 

Presentación de la investigación y análisis del Proyecto Modernización del Estado - BIRF-3822/EC