Fiscalía de Ecuador se compromete a continuar con investigaciones sobre la deuda ilegítima

Representantes del Grupo Nacional sobre la Deuda sostuvieron, el jueves 12 de octubre, una reunión en la Fiscalía General del Estado para conocer el avance de las indagaciones realizadas a partir de resultados de la Auditoría Integral del Crédito Público, cuyo informe fuera presentado hace ya casi tres años.

El doctor Vladimiro Cepeda, asesor del nuevo Fiscal General del Estado Galo Chiriboga Zambrano, aseguró que la institución está comprometida en continuar las investigaciones para determinar las responsabilidades directas en los malos manejos del endeudamiento público.

Durante la cita, que se realizó en la sede principal de la Fiscalía en Quito, Cepeda indicó que en esta nueva gestión de la Fiscalía, se mantendrá una comunicación más estrecha con quienes participaron en la comisión auditora –CAIC- y con el Grupo Nacional sobre la Deuda, con el objetivo de enriquecer la investigación.  

Cabe señalar que diferentes funcionarios de gobiernos anteriores vienen siendo investigados para determinar el grado de responsabilidad en las irregularidades que encontró la auditoría en la gestión del crédito público.

El colapso del sistema financiero. Por James K. Galbraith

James K. Galbraith es uno de los exponentes más destacados del pensamiento económico heterodoxo de los Estados Unidos. Su publicación más reciente, El Estado depredador, analiza el proyecto conservador que logró el control del Estado para destruir las instituciones reguladoras, el sistema de bienestar y el interés público en su país.

En su reciente visita a Ecuador el profesor Galbraith ofreció una conferencia magistral el 20 de septiembre, en Quito, sobre la crisis mundial y sus implicaciones en América Latina.

El el siguiente fragmento de su exposición (en video) se refiere al colapso del sistema financiero estadounidense y europeo. "Se puede describir a toda la industria en los mismos términos que uno utilizaría para describir un asunto criminal. Los documentos que fueron emitidos durante esta crisis eran documentos llamados préstamos hipotecarios, pero no lo eran realmente. No fueron otorgados con la idea de ser pagados, eran préstamos falsos, la palabra correcta sería estafa".



Conferencia completa:

Parte 1 - sobre antecedentes económicos de los años 70

Parte 2 - economía entre 1980 y 2000

Parte 3 - crisis económica actual

Parte 4 - situación de Latinoamérica


La presencia de este teórico de la economía se dio por iniciativa conjunta del Instituto de Altos Estudios Nacionales –IAEN- y su Escuela de Relaciones Internacionales, el Ministerio de Relaciones Exteriores Comercio e Integración –MRECI, la Secretaría Nacional de Planificación –SENPLADES-, y la Fundación de Estudios, Acción y Participación Social –FEDAEPS-, entidades que han propiciado ya la presencia de personalidades del mundo académico internacional, para alimentar los debates nacionales y la construcción de un pensamiento propio en permanente interacción con las corrientes innovadoras globales.

Fuente: http://www.fedaeps.org/economia-critica-10/video-el-colapso-del-sistema?var_mode=calcul

GND presentó en Asamblea Nacional Informe de la Auditoria Integral del Crédito Público relacionado con el caso INTERAGUA

El viernes 8 de enero una delegación del Grupo Nacional contra la Deuda fue recibida en audiencia por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional e hizo entrega del Informe de investigación sobre el caso INTERAGUA, el mismo que hace parte del Informe de Auditoria producido por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público –CAIC- en 2008.

Este documento de carácter oficial contiene el análisis del préstamo BID 1026-OC-EC por USD 40 millones, firmado el 16 de octubre de 1997, para financiar el Programa de Concesión al Sector Privado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Este traspaso de competencias del Estado a la empresa privada se concretó en el año 2001 a través de la concesión que ECAPAG -Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil- otorgó a la Empresa Internacional Water Services-Guayaquil INTERAGUA Cia Ltda., subsidiaria de la estadounidense Bechtel. En base a las evidencias recogidas la CAIC llegó a la conclusión de que se trata de un crédito ‘innecesario, ilegal e ilegítimo’, lesivo a la soberanía nacional y a los derechos humanos, y recomendó la terminación del contrato.

La delegación del GND, presidida por el Ec. Franklin Canelos ex vicepresidente de la CAIC, subrayó la importancia de recoger los resultados de dicha auditoria de la deuda, cuyos hallazgos, conclusiones y recomendaciones tienen una necesaria línea de continuidad en las medidas de sanción y rectificación que deben asumirse con apego a la Constitución y a las leyes.

Los resultados de la auditoria de la CAIC para el caso INTERAGUA se ratifican en las posteriores auditorias realizadas por la Contraloría y por el MIDUVI, las cuales muestran las múltiples irregularidades e incumplimientos contractuales de esa empresa, que se traducen en perjuicios a la población usuaria del servicio y en un traspaso de recursos públicos a favor de una empresa privada transnacional.

Siendo así, el GND expresó su preocupación por que el MIDUVI haya recomendado la renegociación del contrato de concesión y no su terminación, como corresponde. Señaló que continuará con el seguimiento a este caso, en cumplimiento de su compromiso con la justicia y no impunidad frente a las deudas ilegítimas.

Por la inmediata terminación del contrato con Interagua

DEUDA ILEGÍTIMA, CONCESIÓN ILEGÍTIMA

Entre los créditos examinados por Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público -CAIC-  se encuentra el contrato de préstamo BID 1026-OC-EC por USD 40 millones, firmado el 16 de octubre de 1997, para financiar el  Programa de Concesión al Sector Privado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Este traspaso de competencias del Estado a la empresa privada se concretó en el año 2001 a través de la concesión que ECAPAG -Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil- otorgó a la Empresa Internacional Water Services-Guayaquil INTERAGUA Cia Ltda., subsidiaria de la estadounidense Bechtel.

En el informe de auditoria de la CAIC, presentado al país el 20 de noviembre del 2008, se concluye que esta concesión así como el contrato de crédito que financió su implementación están viciados de ilegalidades e ilegitimidades, producto de una serie de condiciones inaceptables para el país e incumplimientos del contrato de concesión. El informe determina que ECAPAG declare la caducidad del contrato de concesión con INTERAGUA. Tal conclusión se fundamenta, entre otros, en los siguientes hallazgos:

1.  Incumplimiento del contrato: la Auditoria de Gestión Financiera de julio del 2002, estableció que INTERAGUA recibió de ECAPAG más de 5,56 millones de dólares por concepto de recaudación de impuestos, monto que no fue invertido en nuevas conexiones de agua potable ni en la contratación de un fideicomiso para administrar tales fondos como lo exigía el contrato de concesión. Además, la CAIC evidenció que el incumplimiento de las obligaciones contractuales para la rehabilitación y ampliación de los servicios durante el primer quinquenio de concesión, ocasionaron que INTERAGUA sea multada con 1’500.000 dólares y 5’135.000 dólares, en los años 2007 y 2008, respectivamente. Estas multas prueban que se incurrió en lo estipulado en la cláusula vigésima del contrato de concesión que dispone la “terminación y caducidad del contrato por culpa de la concesionaria”.

2.  Estructura tarifaria que perjudica a población más pobre: la concesión otorgada a INTERAGUA no ha representado un mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en Guayaquil, por el contrario ha significado un impacto en la población de bajos ingresos debido al incremento sostenido de tarifas (189% desde la concesión), ocasionado por una estructura tarifaria cuya finalidad es garantizar la rentabilidad del operador privado. Según reportes de ECAPAG, INTERAGUA cortó el servicio de agua a 32.204 familias guayaquileñas.  98.585 familias no han podido pagar las deudas del agua.  "La privatización del agua potable, con los efectos de la subida de tarifas  y la exclusión de los que no pueden pagar, atentó contra el derecho de acceso al agua y el derecho a la salud", según el análisis jurídico de la CAIC.

3.  Violación de derechos laborales: la reducción del personal de ECAPAG al mínimo, lo cual implicó el despido de 1.600 empleados al margen de las estipulaciones del contrato colectivo y graves denuncias de presión para conseguir las “renuncias voluntarias” de los trabajadores, violando así su derecho al trabajo proclamado en el Art. 49 de la Constitución.

4.  Impactos en la salud y en el medio ambiente: la falta de tratamiento de las aguas residuales y la contaminación al medio ambiente por parte de la concesionaria, ha provocado problemas de salud pública. Así, en el año 2005, cuando se produjo un brote de hepatitis A, la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción determinó que el agua potable de Guayaquil no era “apta para el consumo humano”. Pruebas adicionales de laboratorio realizadas en hogares del Guasmo Sur confirmaron estos hallazgos. 

5.  Traspaso de competencias del Estado al sector privado: este contrato de crédito contempló la transformación de ECAPAG de prestador de servicios en ente supervisor del contrato de concesión, violando los Art. 61 y 171 de la Constitución en ese momento vigente, que determinaba como competencia del Estado el manejo de los servicios de agua potable.

6.  Lesión a la soberanía nacional: renuncia a la jurisdicción local en caso de controversias, subordinación de nuestra legislación a las normas del BID, injerencia en la legislación e institucionalidad del país. En las cláusulas del contrato de crédito se establecen una serie de condicionamientos con los cuales el BID -a través de su no objeción- ejerció control sobre todo el proceso de concesión, desde la elaboración de la propuesta del contrato de préstamo hasta la selección de ofertas y la elaboración del contrato de concesión.

Ante estas evidencias, la CAIC concluye que el crédito contratado con el BID fue innecesario, ilegítimo e ilegal, subrayando que el beneficiario final del préstamo, que hoy pagamos todas/os los ecuatorianos, fue y sigue siendo una empresa privada. De la misma manera, recomendó que ECAPAG declare la caducidad del Contrato de Concesión con INTERAGUA y asuma la prestación del servicio, fortaleciendo su funcionamiento con participación de organizaciones ciudadanas y colegios profesionales.

Estos resultados y recomendaciones son inseparables de la auditoria realizada con posterioridad por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda –MIDUVI-, en cumplimiento a la disposición transitoria vigésima sexta de la Constitución vigente, que ratifica los hallazgos de la CAIC y encuentra nuevas irregularidades. Así, los informes presentados por el MIDUVI en octubre de 2009, señalan, entre otras irregularidades, que:

• Ante los incumplimientos de INTERAGUA que dieron lugar a las multas, ECAPAG  “debió aplicar el número 20.3.2 de la cláusula vigésima: Terminación del Contrato y Caducidad”. Lejos de ello, INTERAGUA es premiada por su incumplimiento pues: “el importe de la multa es utilizado por ECAPAG para resarcir el incumplimiento de la Concesionaria, se les devuelve la diferencia, y las obras ejecutadas pasan a formar parte de las inversiones realizadas por INTERAGUA y en consecuencia parte de sus activos”.
• “INTERAGUA se muestra ineficiente en la disminución de pérdidas de agua potable pues en el proceso de distribución se pierde un 65,4% de lo producido, afectando significativamente al costo del metro cúbico comercializado”.
• Incumplimiento grave en los compromisos de inversión de fondos propios.  Al menos el 61% de la inversión proviene de fondos del Estado (Municipio, ICE, CEM); en los planes de inversión futura se contempla un aporte de sólo el 29%, mientras 71% corresponde a fondos del Estado y la recuperación mediante tarifa. 
• INTERAGUA ha facturado por concepto de alcantarillado y depuración de aguas 160’543.167 dólares, mientras que la inversión realizada en alcantarillado ha sido sólo de 43’165.806 dólares, es decir sólo el 28% de lo que ha cobrado por este servicio.
• Es inaceptable que en el contrato de concesión se estipule el tratamiento de sólo el 20% de las aguas residuales, y peor aún que la concesionaria haya cumplido con sólo el 11% de tratamiento de estas aguas.
• Existen distorsiones graves en el cálculo del costo de la tarifa, tales como la inclusión de financiamiento público como inversiones propias, la incorporación de los impuestos y participación de los trabajadores (de las utilidades) como parte del factor de actualización de las tarifas, elevando su costo y generando beneficios financieros injustificados a favor de la concesionaria.

La consecuencia lógica de los resultados de estas dos auditorias solo puede ser la inmediata terminación del contrato de concesión con INTERAGUA. Sorprende, resulta incomprensible e inadmisible que el MIDUVI recomiende la renegociación de dicho contrato y que además ofrezca a esa empresa financiamiento del Banco del Estado para que cumpla con sus obligaciones.

Por soberanía, dignidad y justicia planteamos que el Gobierno Nacional de por terminada dicha concesión, declare la ilegitimidad y nulidad del contrato de crédito BID 1026-OC-EC y determine las responsabilidades nacionales e internacionales por los perjuicios causados al país.   

Quito, 29 de octubre de 2009

Grupo Nacional contra la Deuda
Acción Ecológica

Centro de Derechos Económicos y Sociales –CDES-

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo –CADTM-
Consejo Latinoamericano de Iglesias –CLAI-

Contrato Social por la Educación

ECUARUNARI

Jubileo 2000 Red Guayaquil

Observatorio de la Cooperación al Desarrollo –OCD-

Red de Mujeres Transformando la Economía –REMTE-

Adhesiones

Observatorio  Ciudadano de Servicios  Públicos, Ecuador

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Ecuador

Red RAPAL, Ecuador

Ecuador Decide

Nexos Culturales, Ecuador

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Ecuador

Foro Democrático Guayaquil, Ecuador

Colectivo de Mujeres Acción Política por la Equidad, Ecuador

Movimiento Mi Cometa, Ecuador

Fundación de Estudios, Acción y Participación Social –FEDAEPS-, Ecuador

Revista R, Ecuador

Jubileo Sur – Américas

Campaña Agua Para Todos, América Latina

Consejo Andino Permanente de Sindicatos del Agua

Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, Bolivia

Escuela Andina del Agua, Bolivia

Escuela del Pueblo Primero de Mayo, Cochabamba, Bolivia

Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Bolivia

Comisión Nacional de Defensa del agua y La Vida,  Perú

Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable del Perú

Sindicato Único de Trabajadores de SEDAPAR -, Perú

Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Perú

Ecofondo, Colombia

Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Colombia

Corporación AVOCAR, Colombia

Programa Chile Sustentable, Chile

Mujer y Medio Ambiente, México

Red de Género y Medio Ambiente, México

Food and Water Watch, Estados Unidos

Corporate Watch, Londres, Reino Unido

Observatorio de la Deuda en la Globalización, España

Deuda: No hay salidas simples

Magdalena León T.

¿Quién no tiene o ha tenido una deuda? Aunque es operación corriente, casi nunca funciona según la versión más simple, o sea recibir un dinero con el compromiso de pagar un interés y devolver el capital en un plazo determinado, o bien recibir un bien o un servicio que se paga después, también con un interés añadido. Este esquema básico se complejiza por una serie de elementos ‘técnicos’ y de los otros, más aún en el marco de un sistema financiero intrínsecamente especulador y fraudulento que se ha desnudado con el estallido de la crisis. Una deuda puede comprometer proyectos de vida, no sólo cuando hay dificultades para el pago, sino por los mecanismos que inducen al endeudamiento y orientan el uso de esos recursos: para automóviles y no para producción, para consumo suntuario pero no para necesidades básicas y emergencias.

La deuda de los países tiene algunas semejanzas, pero dista mucho de ser lo mismo pero en más grande. Aquí se anudan elementos financieros, económicos y geopolíticos. Convergen múltiples actores, mecanismos, intereses. En la fase neoliberal la deuda dejó de ser –si alguna vez fue sólo eso- medio para obtener financiamiento, sea paracubrir déficit o para realizar inversiones. Pasó a ser un medio para extraer recursos públicos y concentrarlos en manos privadas nacionales e internacionales, para saquear, para imponer políticas,condiciones, agendas en todos los ámbitos.

Si algo marca la realidad y las respuestas sobre este tema es la complejidad. La auditoria nacional realizada en 2008 –pionera en la región- juntó elementos ya conocidos en sus tendencias generales y los profundizó, añadió nuevas evidencias y más argumentos para mostrar que la deuda es un problema sistémico, con muchos entramados. Siendo así, la salida, la solución, la estrategia necesariamente deben tener igual carácter.

Esta constatación se confirma si se consideran las reacciones ya vistas del ‘sistema internacional’ ante episodios de moratoria. En esas arenas del poder mundial dos sencillas palabras se tornan extremadamente complejas: no pago. Esa sencilla verdad respaldada en hechos y ética no cae por su propio peso, ni siquiera en estos tiempos de relativo descrédito de ese sistema financiero especulador y fraudulento.

Así, una estrategia compleja supone contemplar herramientas convencionales y nuevas, conjugar alivio, moratoria, impugnación,judicialización. Implica impulsar la continuidad de la auditoria y su inicio en otros países, para sumar fuerzas y encarar juntos a esos poderes, para que el no pago se torne viable, se consagre como medida soberana incuestionable.

En breve el gobierno revelará su propuesta de ‘solución definitiva’ para los bonos Global 2012 y 2030, como primer paso de una estrategia integral hacia una salida digna y soberana al problema de la deuda. Esa es sólo una porción de la deuda, pero quizá la más plagada de ilegalidad e ilegitimidad: deuda ‘mutante’, contratada en principio con la banca comercial, convertida luego en bonos Brady y más tarde en bonos Global.

Este es un tema de país donde caben tareas al gobierno y a la sociedad, en una conjugación como la que ya ha hizo posible la realización de la auditoria, y que es fundamental para el logro de una estrategia que no será de corto aliento.

La auditoria de la deuda e(x)terna ecuatoriana Un paso histórico para una solución definitiva

Alberto Acosta

 “Por desgracia, hasta hoy, la impunidad ha sido la piedra angular que ha sostenido en pie la famosa escuela de vicios y depravación que dejó establecida el General Flores. Sus vástagos aprovechan el tiempo y sin ruborizarse hacen su agosto sin detenerse ante el día de la fiscalización inexorable que se aproxima. Con tal de quedar millonarios y poder escapar, lo demás poco les importa”

Eloy Alfaro, La deuda Gordiana, 1896

La deuda externa ha sido eterna para Ecuador. Sus dificultades son tan antiguas como la formación de la República. Sus peripecias han sido un telón de fondo en nuestra vida económica, social y política. Y, en este interminable sendero, las soluciones, impulsadas y controladas por los acreedores, en contubernio con los negociadores nacionales, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Por eso, las tan promocionadas “soluciones definitivas”, apegadas a la racionalidad del mercado, a la postre han ahondado las crisis. 

Por otro lado, muchas propuestas alternativas, por diversas razones, no cuajaron o no han superado las actitudes discursivas o los planteos académicos. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento ético indiscutible, se han entrampado en posiciones inmovilistas. Más de una vez las movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en sí mismas. Siempre han faltado respuestas estructurales que aborden sus causas. 

Hoy, sin embargo, en Ecuador se cuenta con el informe de la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público (externo e interno). Un esfuerzo que se cristalizó gracias a la presión de la sociedad desde hace más de dos décadas. Y, por cierto, debido al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa, quien conformó de dicha Comisión y lo respaldo decididamente.

Esta acción del gobierno ecuatoriano, que constituye apenas un primer paso en la búsqueda de una solución definitiva, demuestra, por lo demás, la conveniencia de oír a sociedad civil. La participación social -no la manipulación social- es una herramienta fundamental para llegar a soluciones de consenso en las propuestas de leyes o para alentar respuestas estructurales en cuestiones de trascendencia nacional.

[…]

Descargar artículo completo en pdf

Carta abierta del GND por la propuesta Yasuní ITT

Ecuador, 9 de julio de 2009

Carta abierta a nuestros amig@s y compañer@s:

La propuesta Yasuní ITT ha dado pasos importantes. Paulatinamente es aceptada en el mundo como una propuesta capaz de evidenciar la necesidad de salir del modelo extractivista -primario exportador- y avanzar hacia un modelo de justicia ambiental, en el que primen los derechos de la naturaleza y de los pueblos. Uno de sus mayores logros es la adopción de medidas de restricción a las operaciones petroleras en áreas protegidas y de protección a los pueblos libres en aislamiento voluntario. Para cristalizarla, se han conseguido importantes respaldos internacionales, como el aprobado por el parlamento alemán,cuyo mérito adicional es que deja por fuera los mecanismos de mercado tan cuestionados a nivel internacional.

Paralelamente a esto, Ecuador realizó una auditoria del crédito público,que puso en evidencia el carácter ilegítimo que subyace al sistema de endeudamiento impuesto y a la mayoría de los créditos específicos en los distintos tramos (http://www.auditoriadeuda.org.ec/). Muchos de estos créditos estaban orientados precisamente a afianzar el modelo depredador del cual queremos salir. Esos resultados de la auditoria confluyen con el reclamo social de las deudas histórica, social, de género, ecológica y climática, esta última por la apropiación ilegítima y desproporcionada de la atmósfera y de la capacidad de absorción de carbono del planeta.

Ambas propuestas van de la mano y están estrechamente relacionadas. Ambas son caminos para iniciar una transición a un Ecuador post petrolero (que tampoco podrá ser minero). Incluso van más allá, proponen un planeta que deje atrás las secuelas de una civilización depredadora que tiene en su corazón al petróleo y que acabe con la deuda financiera como instrumento de dominación y control político y económico.

Desde esta urgencia de cambio en función de la vida, el desafío es avanzar a nuevas opciones financieras y nuevas formas de enfrentar la hecatombe climática, con criterios de justicia. En consecuencia nos corresponde ahora:

1. Fortalecer la política nacional y regional de defensa de las áreas protegidas, de las zonas frágiles, de los territorios indígenas, en cabal aplicación de los derechos de la naturaleza, entre ellos el de existir y perdurar.

2. Discutir y definir colectivamente el destino de los fondos que puedan provenir desde iniciativas como la del Yasuní ITT teniendo como horizonte el Sumak Kawsay (Buen Vivir), como esquema alterno al extractivismo.

3. Avanzar a nivel internacional en la construcción de mecanismos para asumir responsabilidades comunes pero diferenciadas, entre los países del norte y del sur, como base justa y efectiva para enfrentar los cambios climáticos.En ese contexto, los ‘canjes de deuda por naturaleza’ no pueden ser una opción de financiamiento para el Yasuní ni para otros proyectos, pues parten en la mayoría de casos de deudas ilegítimas. La deuda bilateral con los gobiernos del Norte, así como el resto de tramos de deuda, ha tenido históricamente vicios que han sido develados por la auditoria de la deuda realizada en Ecuador.

Esta reflexión es por igual válida para otros canjes, por ejemplo para financiar proyectos educativos, pues surgirían de situaciones de ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa, además en muchos casos vinculados a condicionalidades económicas causantes de graves problemas económicos y sociales en nuestros países.

El uso del canje de deuda externa como mecanismo de financiamiento para cualquier tipo de proyecto requiere tener presente un doble riesgo: el de debilitar el criterio de responsabilidad de los países contaminadores, y el de minimizar el reclamo de ilegitimidad de la deuda.

Así también, es fundamental evitar confusiones entre la esencia innovadora de la propuesta Yasuni ITT (contribución solidaria y responsable por la no explotación y represamiento del petróleo en el subsuelo, y por ende no nuevas emisiones de CO2 y protección efectiva de los bosques tropicales), y la visión mercantil de la venta de carbono. Esta vía de mercado, atada a la lógica de la especulación en muchas ocasiones, puede generar derechos empresariales sobre los territorios del Sur, provocando efectos ineficientes e injustos, al no permitir abordar la cuestión de fondo, esto es que la producción y el consumo de petróleo es una de las principales causas de las crisis climáticas.

La propuesta Yasuní ITT, al igual que la demostración de la ilegitimidad de la deuda, han sido pasos importantísimos, no sólo para el Ecuador. Son acciones que contribuyen a mejorar sustantivamente la convivencia en el planeta tierra, por ello nuestra invitación a las organizaciones internacionales a contribuir difundiéndolas y defendiéndolas.

Campaña Amazonía por La vida

Grupo Nacional Contra la Deuda