El viernes 8 de enero una delegación del Grupo Nacional contra la Deuda fue recibida en audiencia por la Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional e hizo entrega del Informe de investigación sobre el caso INTERAGUA, el mismo que hace parte del Informe de Auditoria producido por la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público –CAIC- en 2008.
Este documento de carácter oficial contiene el análisis del préstamo BID 1026-OC-EC por USD 40 millones, firmado el 16 de octubre de 1997, para financiar el Programa de Concesión al Sector Privado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Este traspaso de competencias del Estado a la empresa privada se concretó en el año 2001 a través de la concesión que ECAPAG -Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil- otorgó a la Empresa Internacional Water Services-Guayaquil INTERAGUA Cia Ltda., subsidiaria de la estadounidense Bechtel. En base a las evidencias recogidas la CAIC llegó a la conclusión de que se trata de un crédito ‘innecesario, ilegal e ilegítimo’, lesivo a la soberanía nacional y a los derechos humanos, y recomendó la terminación del contrato.
La delegación del GND, presidida por el Ec. Franklin Canelos ex vicepresidente de la CAIC, subrayó la importancia de recoger los resultados de dicha auditoria de la deuda, cuyos hallazgos, conclusiones y recomendaciones tienen una necesaria línea de continuidad en las medidas de sanción y rectificación que deben asumirse con apego a la Constitución y a las leyes.
Los resultados de la auditoria de la CAIC para el caso INTERAGUA se ratifican en las posteriores auditorias realizadas por la Contraloría y por el MIDUVI, las cuales muestran las múltiples irregularidades e incumplimientos contractuales de esa empresa, que se traducen en perjuicios a la población usuaria del servicio y en un traspaso de recursos públicos a favor de una empresa privada transnacional.
Siendo así, el GND expresó su preocupación por que el MIDUVI haya recomendado la renegociación del contrato de concesión y no su terminación, como corresponde. Señaló que continuará con el seguimiento a este caso, en cumplimiento de su compromiso con la justicia y no impunidad frente a las deudas ilegítimas.
