Por la inmediata terminación del contrato con Interagua

DEUDA ILEGÍTIMA, CONCESIÓN ILEGÍTIMA

Entre los créditos examinados por Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público -CAIC-  se encuentra el contrato de préstamo BID 1026-OC-EC por USD 40 millones, firmado el 16 de octubre de 1997, para financiar el  Programa de Concesión al Sector Privado de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil. Este traspaso de competencias del Estado a la empresa privada se concretó en el año 2001 a través de la concesión que ECAPAG -Empresa Cantonal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil- otorgó a la Empresa Internacional Water Services-Guayaquil INTERAGUA Cia Ltda., subsidiaria de la estadounidense Bechtel.

En el informe de auditoria de la CAIC, presentado al país el 20 de noviembre del 2008, se concluye que esta concesión así como el contrato de crédito que financió su implementación están viciados de ilegalidades e ilegitimidades, producto de una serie de condiciones inaceptables para el país e incumplimientos del contrato de concesión. El informe determina que ECAPAG declare la caducidad del contrato de concesión con INTERAGUA. Tal conclusión se fundamenta, entre otros, en los siguientes hallazgos:

1.  Incumplimiento del contrato: la Auditoria de Gestión Financiera de julio del 2002, estableció que INTERAGUA recibió de ECAPAG más de 5,56 millones de dólares por concepto de recaudación de impuestos, monto que no fue invertido en nuevas conexiones de agua potable ni en la contratación de un fideicomiso para administrar tales fondos como lo exigía el contrato de concesión. Además, la CAIC evidenció que el incumplimiento de las obligaciones contractuales para la rehabilitación y ampliación de los servicios durante el primer quinquenio de concesión, ocasionaron que INTERAGUA sea multada con 1’500.000 dólares y 5’135.000 dólares, en los años 2007 y 2008, respectivamente. Estas multas prueban que se incurrió en lo estipulado en la cláusula vigésima del contrato de concesión que dispone la “terminación y caducidad del contrato por culpa de la concesionaria”.

2.  Estructura tarifaria que perjudica a población más pobre: la concesión otorgada a INTERAGUA no ha representado un mejoramiento de los servicios de agua potable y saneamiento en Guayaquil, por el contrario ha significado un impacto en la población de bajos ingresos debido al incremento sostenido de tarifas (189% desde la concesión), ocasionado por una estructura tarifaria cuya finalidad es garantizar la rentabilidad del operador privado. Según reportes de ECAPAG, INTERAGUA cortó el servicio de agua a 32.204 familias guayaquileñas.  98.585 familias no han podido pagar las deudas del agua.  "La privatización del agua potable, con los efectos de la subida de tarifas  y la exclusión de los que no pueden pagar, atentó contra el derecho de acceso al agua y el derecho a la salud", según el análisis jurídico de la CAIC.

3.  Violación de derechos laborales: la reducción del personal de ECAPAG al mínimo, lo cual implicó el despido de 1.600 empleados al margen de las estipulaciones del contrato colectivo y graves denuncias de presión para conseguir las “renuncias voluntarias” de los trabajadores, violando así su derecho al trabajo proclamado en el Art. 49 de la Constitución.

4.  Impactos en la salud y en el medio ambiente: la falta de tratamiento de las aguas residuales y la contaminación al medio ambiente por parte de la concesionaria, ha provocado problemas de salud pública. Así, en el año 2005, cuando se produjo un brote de hepatitis A, la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción determinó que el agua potable de Guayaquil no era “apta para el consumo humano”. Pruebas adicionales de laboratorio realizadas en hogares del Guasmo Sur confirmaron estos hallazgos. 

5.  Traspaso de competencias del Estado al sector privado: este contrato de crédito contempló la transformación de ECAPAG de prestador de servicios en ente supervisor del contrato de concesión, violando los Art. 61 y 171 de la Constitución en ese momento vigente, que determinaba como competencia del Estado el manejo de los servicios de agua potable.

6.  Lesión a la soberanía nacional: renuncia a la jurisdicción local en caso de controversias, subordinación de nuestra legislación a las normas del BID, injerencia en la legislación e institucionalidad del país. En las cláusulas del contrato de crédito se establecen una serie de condicionamientos con los cuales el BID -a través de su no objeción- ejerció control sobre todo el proceso de concesión, desde la elaboración de la propuesta del contrato de préstamo hasta la selección de ofertas y la elaboración del contrato de concesión.

Ante estas evidencias, la CAIC concluye que el crédito contratado con el BID fue innecesario, ilegítimo e ilegal, subrayando que el beneficiario final del préstamo, que hoy pagamos todas/os los ecuatorianos, fue y sigue siendo una empresa privada. De la misma manera, recomendó que ECAPAG declare la caducidad del Contrato de Concesión con INTERAGUA y asuma la prestación del servicio, fortaleciendo su funcionamiento con participación de organizaciones ciudadanas y colegios profesionales.

Estos resultados y recomendaciones son inseparables de la auditoria realizada con posterioridad por el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda –MIDUVI-, en cumplimiento a la disposición transitoria vigésima sexta de la Constitución vigente, que ratifica los hallazgos de la CAIC y encuentra nuevas irregularidades. Así, los informes presentados por el MIDUVI en octubre de 2009, señalan, entre otras irregularidades, que:

• Ante los incumplimientos de INTERAGUA que dieron lugar a las multas, ECAPAG  “debió aplicar el número 20.3.2 de la cláusula vigésima: Terminación del Contrato y Caducidad”. Lejos de ello, INTERAGUA es premiada por su incumplimiento pues: “el importe de la multa es utilizado por ECAPAG para resarcir el incumplimiento de la Concesionaria, se les devuelve la diferencia, y las obras ejecutadas pasan a formar parte de las inversiones realizadas por INTERAGUA y en consecuencia parte de sus activos”.
• “INTERAGUA se muestra ineficiente en la disminución de pérdidas de agua potable pues en el proceso de distribución se pierde un 65,4% de lo producido, afectando significativamente al costo del metro cúbico comercializado”.
• Incumplimiento grave en los compromisos de inversión de fondos propios.  Al menos el 61% de la inversión proviene de fondos del Estado (Municipio, ICE, CEM); en los planes de inversión futura se contempla un aporte de sólo el 29%, mientras 71% corresponde a fondos del Estado y la recuperación mediante tarifa. 
• INTERAGUA ha facturado por concepto de alcantarillado y depuración de aguas 160’543.167 dólares, mientras que la inversión realizada en alcantarillado ha sido sólo de 43’165.806 dólares, es decir sólo el 28% de lo que ha cobrado por este servicio.
• Es inaceptable que en el contrato de concesión se estipule el tratamiento de sólo el 20% de las aguas residuales, y peor aún que la concesionaria haya cumplido con sólo el 11% de tratamiento de estas aguas.
• Existen distorsiones graves en el cálculo del costo de la tarifa, tales como la inclusión de financiamiento público como inversiones propias, la incorporación de los impuestos y participación de los trabajadores (de las utilidades) como parte del factor de actualización de las tarifas, elevando su costo y generando beneficios financieros injustificados a favor de la concesionaria.

La consecuencia lógica de los resultados de estas dos auditorias solo puede ser la inmediata terminación del contrato de concesión con INTERAGUA. Sorprende, resulta incomprensible e inadmisible que el MIDUVI recomiende la renegociación de dicho contrato y que además ofrezca a esa empresa financiamiento del Banco del Estado para que cumpla con sus obligaciones.

Por soberanía, dignidad y justicia planteamos que el Gobierno Nacional de por terminada dicha concesión, declare la ilegitimidad y nulidad del contrato de crédito BID 1026-OC-EC y determine las responsabilidades nacionales e internacionales por los perjuicios causados al país.   

Quito, 29 de octubre de 2009

Grupo Nacional contra la Deuda
Acción Ecológica

Centro de Derechos Económicos y Sociales –CDES-

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo –CADTM-
Consejo Latinoamericano de Iglesias –CLAI-

Contrato Social por la Educación

ECUARUNARI

Jubileo 2000 Red Guayaquil

Observatorio de la Cooperación al Desarrollo –OCD-

Red de Mujeres Transformando la Economía –REMTE-

Adhesiones

Observatorio  Ciudadano de Servicios  Públicos, Ecuador

Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, Ecuador

Red RAPAL, Ecuador

Ecuador Decide

Nexos Culturales, Ecuador

Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Ecuador

Foro Democrático Guayaquil, Ecuador

Colectivo de Mujeres Acción Política por la Equidad, Ecuador

Movimiento Mi Cometa, Ecuador

Fundación de Estudios, Acción y Participación Social –FEDAEPS-, Ecuador

Revista R, Ecuador

Jubileo Sur – Américas

Campaña Agua Para Todos, América Latina

Consejo Andino Permanente de Sindicatos del Agua

Coordinadora Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, Bolivia

Escuela Andina del Agua, Bolivia

Escuela del Pueblo Primero de Mayo, Cochabamba, Bolivia

Federación de Trabajadores Fabriles de Cochabamba, Bolivia

Comisión Nacional de Defensa del agua y La Vida,  Perú

Federación Nacional de Trabajadores del Agua Potable del Perú

Sindicato Único de Trabajadores de SEDAPAR -, Perú

Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, Perú

Ecofondo, Colombia

Sindicato Nacional de Trabajadores y Empleados de las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios, Colombia

Corporación AVOCAR, Colombia

Programa Chile Sustentable, Chile

Mujer y Medio Ambiente, México

Red de Género y Medio Ambiente, México

Food and Water Watch, Estados Unidos

Corporate Watch, Londres, Reino Unido

Observatorio de la Deuda en la Globalización, España

Deuda: No hay salidas simples

Magdalena León T.

¿Quién no tiene o ha tenido una deuda? Aunque es operación corriente, casi nunca funciona según la versión más simple, o sea recibir un dinero con el compromiso de pagar un interés y devolver el capital en un plazo determinado, o bien recibir un bien o un servicio que se paga después, también con un interés añadido. Este esquema básico se complejiza por una serie de elementos ‘técnicos’ y de los otros, más aún en el marco de un sistema financiero intrínsecamente especulador y fraudulento que se ha desnudado con el estallido de la crisis. Una deuda puede comprometer proyectos de vida, no sólo cuando hay dificultades para el pago, sino por los mecanismos que inducen al endeudamiento y orientan el uso de esos recursos: para automóviles y no para producción, para consumo suntuario pero no para necesidades básicas y emergencias.

La deuda de los países tiene algunas semejanzas, pero dista mucho de ser lo mismo pero en más grande. Aquí se anudan elementos financieros, económicos y geopolíticos. Convergen múltiples actores, mecanismos, intereses. En la fase neoliberal la deuda dejó de ser –si alguna vez fue sólo eso- medio para obtener financiamiento, sea paracubrir déficit o para realizar inversiones. Pasó a ser un medio para extraer recursos públicos y concentrarlos en manos privadas nacionales e internacionales, para saquear, para imponer políticas,condiciones, agendas en todos los ámbitos.

Si algo marca la realidad y las respuestas sobre este tema es la complejidad. La auditoria nacional realizada en 2008 –pionera en la región- juntó elementos ya conocidos en sus tendencias generales y los profundizó, añadió nuevas evidencias y más argumentos para mostrar que la deuda es un problema sistémico, con muchos entramados. Siendo así, la salida, la solución, la estrategia necesariamente deben tener igual carácter.

Esta constatación se confirma si se consideran las reacciones ya vistas del ‘sistema internacional’ ante episodios de moratoria. En esas arenas del poder mundial dos sencillas palabras se tornan extremadamente complejas: no pago. Esa sencilla verdad respaldada en hechos y ética no cae por su propio peso, ni siquiera en estos tiempos de relativo descrédito de ese sistema financiero especulador y fraudulento.

Así, una estrategia compleja supone contemplar herramientas convencionales y nuevas, conjugar alivio, moratoria, impugnación,judicialización. Implica impulsar la continuidad de la auditoria y su inicio en otros países, para sumar fuerzas y encarar juntos a esos poderes, para que el no pago se torne viable, se consagre como medida soberana incuestionable.

En breve el gobierno revelará su propuesta de ‘solución definitiva’ para los bonos Global 2012 y 2030, como primer paso de una estrategia integral hacia una salida digna y soberana al problema de la deuda. Esa es sólo una porción de la deuda, pero quizá la más plagada de ilegalidad e ilegitimidad: deuda ‘mutante’, contratada en principio con la banca comercial, convertida luego en bonos Brady y más tarde en bonos Global.

Este es un tema de país donde caben tareas al gobierno y a la sociedad, en una conjugación como la que ya ha hizo posible la realización de la auditoria, y que es fundamental para el logro de una estrategia que no será de corto aliento.

La auditoria de la deuda e(x)terna ecuatoriana Un paso histórico para una solución definitiva

Alberto Acosta

 “Por desgracia, hasta hoy, la impunidad ha sido la piedra angular que ha sostenido en pie la famosa escuela de vicios y depravación que dejó establecida el General Flores. Sus vástagos aprovechan el tiempo y sin ruborizarse hacen su agosto sin detenerse ante el día de la fiscalización inexorable que se aproxima. Con tal de quedar millonarios y poder escapar, lo demás poco les importa”

Eloy Alfaro, La deuda Gordiana, 1896

La deuda externa ha sido eterna para Ecuador. Sus dificultades son tan antiguas como la formación de la República. Sus peripecias han sido un telón de fondo en nuestra vida económica, social y política. Y, en este interminable sendero, las soluciones, impulsadas y controladas por los acreedores, en contubernio con los negociadores nacionales, de acuerdo siempre con sus intereses, no han resuelto el problema. Por eso, las tan promocionadas “soluciones definitivas”, apegadas a la racionalidad del mercado, a la postre han ahondado las crisis. 

Por otro lado, muchas propuestas alternativas, por diversas razones, no cuajaron o no han superado las actitudes discursivas o los planteos académicos. Los justos reclamos por el no pago, que tienen un sustento ético indiscutible, se han entrampado en posiciones inmovilistas. Más de una vez las movilizaciones en contra de la deuda se han agotado en sí mismas. Siempre han faltado respuestas estructurales que aborden sus causas. 

Hoy, sin embargo, en Ecuador se cuenta con el informe de la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público (externo e interno). Un esfuerzo que se cristalizó gracias a la presión de la sociedad desde hace más de dos décadas. Y, por cierto, debido al compromiso adquirido por el presidente Rafael Correa, quien conformó de dicha Comisión y lo respaldo decididamente.

Esta acción del gobierno ecuatoriano, que constituye apenas un primer paso en la búsqueda de una solución definitiva, demuestra, por lo demás, la conveniencia de oír a sociedad civil. La participación social -no la manipulación social- es una herramienta fundamental para llegar a soluciones de consenso en las propuestas de leyes o para alentar respuestas estructurales en cuestiones de trascendencia nacional.

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Carta abierta del GND por la propuesta Yasuní ITT

Ecuador, 9 de julio de 2009

Carta abierta a nuestros amig@s y compañer@s:

La propuesta Yasuní ITT ha dado pasos importantes. Paulatinamente es aceptada en el mundo como una propuesta capaz de evidenciar la necesidad de salir del modelo extractivista -primario exportador- y avanzar hacia un modelo de justicia ambiental, en el que primen los derechos de la naturaleza y de los pueblos. Uno de sus mayores logros es la adopción de medidas de restricción a las operaciones petroleras en áreas protegidas y de protección a los pueblos libres en aislamiento voluntario. Para cristalizarla, se han conseguido importantes respaldos internacionales, como el aprobado por el parlamento alemán,cuyo mérito adicional es que deja por fuera los mecanismos de mercado tan cuestionados a nivel internacional.

Paralelamente a esto, Ecuador realizó una auditoria del crédito público,que puso en evidencia el carácter ilegítimo que subyace al sistema de endeudamiento impuesto y a la mayoría de los créditos específicos en los distintos tramos (http://www.auditoriadeuda.org.ec/). Muchos de estos créditos estaban orientados precisamente a afianzar el modelo depredador del cual queremos salir. Esos resultados de la auditoria confluyen con el reclamo social de las deudas histórica, social, de género, ecológica y climática, esta última por la apropiación ilegítima y desproporcionada de la atmósfera y de la capacidad de absorción de carbono del planeta.

Ambas propuestas van de la mano y están estrechamente relacionadas. Ambas son caminos para iniciar una transición a un Ecuador post petrolero (que tampoco podrá ser minero). Incluso van más allá, proponen un planeta que deje atrás las secuelas de una civilización depredadora que tiene en su corazón al petróleo y que acabe con la deuda financiera como instrumento de dominación y control político y económico.

Desde esta urgencia de cambio en función de la vida, el desafío es avanzar a nuevas opciones financieras y nuevas formas de enfrentar la hecatombe climática, con criterios de justicia. En consecuencia nos corresponde ahora:

1. Fortalecer la política nacional y regional de defensa de las áreas protegidas, de las zonas frágiles, de los territorios indígenas, en cabal aplicación de los derechos de la naturaleza, entre ellos el de existir y perdurar.

2. Discutir y definir colectivamente el destino de los fondos que puedan provenir desde iniciativas como la del Yasuní ITT teniendo como horizonte el Sumak Kawsay (Buen Vivir), como esquema alterno al extractivismo.

3. Avanzar a nivel internacional en la construcción de mecanismos para asumir responsabilidades comunes pero diferenciadas, entre los países del norte y del sur, como base justa y efectiva para enfrentar los cambios climáticos.En ese contexto, los ‘canjes de deuda por naturaleza’ no pueden ser una opción de financiamiento para el Yasuní ni para otros proyectos, pues parten en la mayoría de casos de deudas ilegítimas. La deuda bilateral con los gobiernos del Norte, así como el resto de tramos de deuda, ha tenido históricamente vicios que han sido develados por la auditoria de la deuda realizada en Ecuador.

Esta reflexión es por igual válida para otros canjes, por ejemplo para financiar proyectos educativos, pues surgirían de situaciones de ilegalidad e ilegitimidad de la deuda externa, además en muchos casos vinculados a condicionalidades económicas causantes de graves problemas económicos y sociales en nuestros países.

El uso del canje de deuda externa como mecanismo de financiamiento para cualquier tipo de proyecto requiere tener presente un doble riesgo: el de debilitar el criterio de responsabilidad de los países contaminadores, y el de minimizar el reclamo de ilegitimidad de la deuda.

Así también, es fundamental evitar confusiones entre la esencia innovadora de la propuesta Yasuni ITT (contribución solidaria y responsable por la no explotación y represamiento del petróleo en el subsuelo, y por ende no nuevas emisiones de CO2 y protección efectiva de los bosques tropicales), y la visión mercantil de la venta de carbono. Esta vía de mercado, atada a la lógica de la especulación en muchas ocasiones, puede generar derechos empresariales sobre los territorios del Sur, provocando efectos ineficientes e injustos, al no permitir abordar la cuestión de fondo, esto es que la producción y el consumo de petróleo es una de las principales causas de las crisis climáticas.

La propuesta Yasuní ITT, al igual que la demostración de la ilegitimidad de la deuda, han sido pasos importantísimos, no sólo para el Ecuador. Son acciones que contribuyen a mejorar sustantivamente la convivencia en el planeta tierra, por ello nuestra invitación a las organizaciones internacionales a contribuir difundiéndolas y defendiéndolas.

Campaña Amazonía por La vida

Grupo Nacional Contra la Deuda

Endeudamiento Externo de Ecuador: triste hisotria de atracos

Leonardo Vicuña Izquierdo
 
La Comisión de Investigación de la Deuda Externa Pública de Ecuador terminó su trabajo con estas conclusiones. Denuncia cruda y el juicio espera...

Las políticas de endeudamiento externo público y de pago del servicio son de larga data; además se constituyeron en un verdadero flagelo para la economía y la vida popular.

Han sido un instrumento de enriquecimiento y de acción corrupta del poder subordinado a la banca internacional. 

La organización del Estado y el marco jurídico que determina su funcionamiento fueron planificados para el atraco, a través de la contratación de créditos, renegociaciones, emisión y venta de bonos, y, recientemente, mediante pago anticipado de tramos de deuda. 

La política fue determinada por las multilaterales, alrededor de estos procesos y desde ella el sostenimiento del mecanismo de “ajustes” “estabilizadores” y “estructurales” gravaron la vida popular con los “paquetazos” económicos, retrasaron la economía, asaltaron los recursos petroleros y dineros públicos, liquidaron la soberanía, hicieron desaparecer la moneda nacional, obligaron a gran parte de la población a migración al exterior; en suma, subordinaron al Estado y lo pusieron al servicio de la banca especuladora.

Las Cartas de Intención del FMI, sustituyeron los planes de gobierno.

En los últimos 35 años los especuladores y las mafias financieras, apuntaladas por uno y otro gobierno, endeudaron al país, despilfarraron y atracaron más de $90,000 millones, producto de los créditos externos e ingresos petroleros.

La deuda externa pública creció en 47 veces; desde $229 millones en 1970 a $10,851 millones en el 2005.

La deuda externa privada, que fue asumida por el BCE en 1983, reduciéndose a $85 millones, supera hoy los $7,000 millones, representando un 70% de la pública.

El servicio de la deuda absorbe un 50% de los ingresos corrientes del PGC; en el 2006 fue de $2,850 millones todo lo cual incidió fuertemente en el gasto social, reduciéndolo significativamente y alejó la reactivación productiva.

En términos netos, por ésta vía, el país se convirtió en exportador de capitales.

En efecto, en ese período, canceló por servicio de la deuda $57.1 miles de millones y recibió desembolsos por nuevos créditos por $46.6 miles de millones, lo que arrojó un déficit de $7.3 miles de millones.

La Comisión de Investigación de la Deuda Externa Pública concluyó su trabajo, entre otras, con estas conclusiones. El actual Presidente tiene en sus manos el informe. Analizó los distintos procesos que dieron lugar a este descalabro, cuyos efectos nocivos hasta el momento los sufre la población.

Entre ellos, el endeudamiento “agresivo” de la dictadura militar del triunvirato de Poveda Burbano, Durán Arcentales y Leoro Franco, que inauguró este perverso proceso; la “sucretización” de la deuda externa privada en el gobierno de Oswaldo Hurtado, con el que se libera a la gran banca, poderosas empresas y personas, de sus deudas, obligando al BCE a que asuma unos $1,488 millones; la ampliación de la misma en el gobierno de León Febres Cordero, en el que además se facilitó la entrega de dinero del BCE a los financistas para recomprar papeles de deuda a precios bajos y devolverles el 100% de su valor nominal, en lo que se llamó, “reconversión de deuda”.

En el gobierno de Rodrigo Borja se coronó el proceso de sucretización, dos días antes de terminar su mandato emite un bono por 1billón 3.354.212 millones de sucres al 1% y 100 años plazo, para la liquidación de las pérdidas registradas en el proceso y se crearon las condiciones para renunciar a la prescripción de la deuda con la banca privada internacional, lo que debió ocurrir en diciembre de 1992.
Sixto Durán Ballén y Alberto Dahik convalidan la deuda con la banca privada y la convierten en Bonos Brady, favoreciendo a los acreedores con el Convenio de Garantía de Depósitos (Tolling Agreement).
Con Jamil Mahuad sobrevino la fraudulenta quiebra bancaria y el multimillonario salvataje estatal y la mañosa creación de la AGD, en el marco del llamado “atraco del siglo”.
Más adelante se impuso la dolarización, extensión del atraco, y luego la renegociación de Jorge Gallardo en el gobierno de Gustavo Noboa, proceso en el cual se revalorizó en un 40% la deuda en bonos Brady y se crearon los bonos Global, con los que se reconoció hasta el 12% de interés.

Con el gobierno de Alfredo Palacio se inician dudosos procesos de inversión y venta de bonos; y luego, de recompra anticipada de los bonos Global.

Todo esto paralelo con mayor endeudamiento. ¡Triste historia de atracos!

 
Leonardo Vicuña Izquierdo

Profesor universitario. Economista político ecuatoriano. Autor de varias obras y editorialista de algunos medios.

Carta abierta del GND por la nulidad de la deuda entre Ecuador e Italia por la ‘Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind’

 Quito y Roma, 8 de junio de 2009

Señor
Franco Frattini
MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES DE ITALIA
Roma - Italia

Señor
Fander Falconí
MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACION DE ECUADOR
Quito - Ecuador

De nuestras consideraciones:

Las organizaciones integrantes del Grupo Nacional contra la Deuda de Ecuador -GDN-, junto con las entidades italianas que suscribimos la presente, nos dirigimos a ustedes para exponer lo siguiente:

El Gobierno de la República del Ecuador creó la Comisión de Auditoria Integral del Crédito Público -CAIC-, con la participación de miembros nacionales e internacionales de larga trayectoria académica y social en la temática; los resultados de su trabajo de investigación técnica del período 1979-2006 fueron presentados públicamente en noviembre de 2008.

Esta auditoria, pionera en el mundo, ofrece evidencias incontrastables sobre las irregularidades, abusos e injusticias que han caracterizado ese endeudamiento. Así, los documentos y análisis muestran la inequidad, violación de principios, falseamiento de reales propósitos en las contrataciones de créditos, costos manipulados y onerosos, mayor empobrecimiento de grupos humanos directamente afectados y graves impactos ambientales que perjudicaron las condiciones de vida en grandes zonas del país.

Entre los casos examinados, la auditoria analizó el crédito concedido por el Gobierno de Italia al Gobierno de Ecuador por un monto aproximado de 58 millones de dólares, en noviembre de 1995, para la construcción de la ‘Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind’, ubicada en la Presa Daule Peripa, en el Litoral ecuatoriano.

 

Los hallazgos principales de la auditoria para este caso se sintetizan en los siguientes puntos:

• Bajo promesa y condicionamiento del crédito, que representó un aporte aproximado de solo el 20% al financiamiento total del proyecto, se circunscribió exclusivamente a empresas italianas la licitación para la construcción, habiéndose adjudicado, luego de segundo proceso licitatorio, a los consorcios italiano-ecuatorianos Ansaldo Energia S.P.A., Impregilo S.P.A (Impresit-Girola-Lodigiani ) y Equidor S.A. 

• Se instalaron tres turbinas, adquiridas a empresas italianas, a pesar de que la caída y volumen de reserva o caudal de la corriente hídrica era insuficiente, de manera que dichos equipos funcionan sólo al 30% de su capacidad instalada. Además, la instalación de la tercera turbina, no prevista inicialmente, redujo el recurso hídrico para el riego y agua potable, objetivos fundamentales del Proyecto Multipropósito Daule – Peripa. 

• Cambio de características técnicas de las turbinas: mientras en los contratos se especifican 71 MW de potencia nominal, en las placas que registran la matrícula de cada turbina aparecen con 65 MW; diferencia que no ha sido suficientemente explicada.  

• Como consecuencia del sobredimensionamiento del proyecto Central Hidroeléctrica, varios contratos complementarios para la construcción, reajustes de precios (según los contratos, se trasladaba a los costos generales inclusive el aumento inflacionario en Italia) el valor inicial que en 1993 era de 161.3 millones de dólares, pasó a 293.9 millones de dólares, al término del proyecto. 

• Poblaciones aledañas fueron desalojadas por la construcción de las obras, constituyéndose varios territorios en zonas de inundación. En la actualidad se encuentran 8 poblados desplazados y 63 comunidades aisladas. Aún permanecen 14.965 campesinas/os afectados, los cuales carecen de agua potable y aún de electricidad porque las instalaciones de la Central Hidroeléctrica no previeron la atención a asentamientos contiguos. En esa zona de extrema pobreza se registra la mayor tasa de analfabetismo del país (entre el 26% y 39%). La erosión, deforestación y maleza acuática producto del embalse, obligaron a cambios en condiciones de vida y de cultivos que han contribuido al aumento de la pobreza. 

Estas evidencias establecidas en la auditoria, configuran actos lesivos al interés nacional del Ecuador, como son: condiciones en la concesión del crédito de “ayuda” ligada a compras y contratos con empresas de Italia, como acreedor; es decir que, los reales propósitos de quienes intervinieron eran el beneficio a intereses particulares y no a la disciplina de la cooperación de Italia con países en vías de desarrollo; en oposición a esa misma disciplina se perjudicaron los derechos y salvaguardia de la vida humana y al patrimonio ambiental, pues no se efectuaron ni requirieron evaluaciones de impacto económico, social y ambiental ni hubo consulta previa a las comunidades involucradas.

Por las causas anotadas y otras que se registran en los documentos de análisis, la auditoria califica al préstamo, denominado Mediocrédito Centrale S.p.A. otorgado en 1995 por Italia al Gobierno de Ecuador, de ilegal porque viola principios jurídicos y mandatos de leyes ecuatorianas, del derecho internacional y de la legislación civil italiana. Se lo considera ilegítimo por la falta de buena fe e inequidad en la concesión, perjuicios ocasionados a la economía ecuatoriana, el atropello a derechos de los pueblos y la no prevención de impactos.

Es por ello que solicitamos al Gobierno de Italia, proceda a declarar en forma urgente, unilateral e incondicionada la nulidad de esta deuda y la declaración definitiva de cancelado del saldo aproximado de 48 millones de euros.

Consideramos, además, de interés para los gobiernos y pueblos de ambos países, la realización urgente de auditorias de todos los créditos bilaterales, a fin de establecer sus condiciones y las respectivas corresponsabilidades.

Solicitamos a los gobiernos de Italia y Ecuador que se realice un proceso de evaluación de los daños y compensación justa a las comunidades afectadas por la inconsulta construcción de la ‘Central Hidroeléctrica Marcel Laniado de Wind’, en consideración a sus derechos de reparación de los daños causados a su patrimonio y potencial de vida.

Las organizaciones ecuatorianas, italianas e internacionales, que estamos actuando solidariamente en este planteamiento de justicia y transparencia, quedamos pendientes de sus decisiones y nos ponemos a su disposición para lo que sus gobiernos estimen necesario a fin de llegar a una pronta resolución.

Cordialmente,

GRUPO NACIONAL CONTRA LA DEUDA ECUADOR

Acción Ecológica

Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES)

Comité por la Anulación de la Deuda del Tercer Mundo (CADTM)

Consejo Latinoamericano de Iglesias (CLAI)

ECUARUNARI

Jubileo 2000 Ecuador

Observatorio de la Cooperación al Desarrollo (OCD)

Observatorio de Servicios Públicos - Guayaquil

Red de Mujeres Transformando la Economía (REMTE)

ORGANIZACIONES ITALIANAS y EUROPEAS

Campagna per la Riforma della Banca Mondiale

Mani Tese

Centro Legale pro Afro Discendenti e Indigeni (CLAI)

European Network on Debt and Development (EURODAD)

Foro ‘Hacia una estrategia integral frente a la deuda ilegítima’

 El Grupo Nacional Contra la Deuda realizó el día de ayer 14 de mayo, en la Universidad Andina Simón Bolívar, el Foro ‘Hacia una estrategia integral frente a la deuda ilegítima’, con el objetivo de debatir la propuesta de recompra de Bonos Global en el contexto de los resultados de la auditoria del tramo comercial de la deuda y del escenario internacional. 

El Foro contó con la participación del Ministro Coordinador de Política Económica, Ec. Diego Borja, quien destacó el valor moral y práctico de los resultados de la auditoria de la deuda, que sirven hoy para sustentar la exigencia de renovación del sistema financiero y de construcción de una nueva arquitectura financiera internacional, proceso al que Ecuador está aportando con liderazgo técnico y político. Enfatizó que la propuesta del gobierno de recompra de deuda comercial no desdice de ninguna manera la tesis de ilegitimidad de la deuda, planteada por la Comisión de Auditoría Integral del Crédito Público y exigida por varios sectores sociales del país. El gobierno ha planteado el mecanismo de recompra en forma de “subasta holandesa modificada” que pretende la recompra de los bonos al 30% de su valor.

Franklin Canelos, representante del Consejo Latinoamericano de Iglesias y miembro de la Comisión de Auditoria, expuso los principales hallazgos en cuanto a la deuda comercial, haciendo un breve repaso de los diferentes episodios de los últimos 30 años y sus implicaciones: la crisis de pagos causada por la elevación unilateral de las tasas de interés, la sucretización de deudas privadas, el Plan Brady y el Canje de Bonos Brady a Bonos Global. El informe de la Comisión confirmó los mecanismos perversos, las imposiciones, condicionamientos y maniobras conjuntas entre la banca internacional y las multilaterales, que, a más de los interes usurarios, configuran la ilegitimidad de gran parte de la deuda comercial. 

En su comentario, el economista Alberto Acosta, ex Presidente de la Asamblea Nacional Contituyente, señaló como un hito histórico, de alcance nacional e internacional, la realización de la auditoria, propuesta de la sociedad que fue acogida y asumida por el actual gobierno. Sus hallazgos tienen valor ético, político, histórico; para el caso de la deuda comercial muestran la superposición de figuras de deuda odiosa, usuraria, impagable y corrupta. Consideró que en la propuesta de recompra de bonos ha prevalecido una visión pragmática, que genera interrogantes sobre dónde queda la ilegitimidad. En el marco de esa opción de ‘alivio’, el mecanismo de recompra podría resultar un ejercicio financiero interesante si logra aliviar el grave peso de la deuda comercial que representa el 30% de la deuda pública total de Ecuador. Insistió en la necesidad de crear una instancia jurídica internacional que legisle y resuelva este tipo de conflictos.

El comentario de Magdalena León, representante de la Red de Mujeres Transformando la Economía y miembro del Grupo Nacional Contra la Deuda, destacó el impacto de la auditoria ecuatoriana a nivel mundial, ejemplificando su interrelación con procesos tanto sociales como institucionales. Su coincidencia con la crisis financiera añade utilidad a las evidencias sobre los mecanismos de un sistema especulativo y fraudulento, que hablan no sólo de la ilegitimidad de la deuda sino también de la ilegitimidad del modelo. Recordó los avances recogidos en la nueva Constitución, que señala como “obligatoria la impugnación cuando se demuestra que la deuda es ilegítima” e incorpora el concepto de “soberanía financiera”, lo que resulta convergente con la búsqueda de una nueva arquitectura financiera internacional. Destacó la necesidad de avanzar en una estrategia integral, que conjugue los variados avances conceptuales y políticos, y construya una viabilidad regional e internacional de las alternativas. 

Este Foro se realizó como parte de una jornada sobre la deuda, que tuvo como acto complementario el lanzamiento del Programa Nacional de Capacitación sobre Deuda, impulsado por Jubileo 2000, cuyo principal objetivo es concientizar e informar a padres, alumnos y maestros de nivel bachillerato sobre los orígenes e los impactos de la deuda externa. 

Quito, 15 de mayo de 2009 

Lazard Frères y las deudas ilegítimas

Pablo Dávalos 

En esta semana (20-26/04/09), el gobierno del Ecuador realizó una propuesta con respecto a su deuda externa en la cual proponía a los tenedores de los Bonos Global un mecanismo de recompra denominado “subasta holandesa modificada”. La propuesta en sí contemplaba una reducción de hasta el 70% del valor nominal de los Bonos Global, en una posición que reflejaba el precio de estos bonos en el mercado secundario.

Hay que considerar que el Ecuador había entrado en default (mora) con respecto al pago de estos papeles, aunque había cubierto los pagos de los Bonos Global 2015, indicando que la emisión de estos Bonos Global 2015, no tenían el mismo proceso de emisión que los 2012 y 2030 (estos últimos formaban parte de los denominados Bonos Brady y que fueron susceptibles de renegociación por el gobierno de Gustavo Noboa en el año 2000, cuando el país sufrió los efectos de una crisis financiera y monetaria que condujeron a la dolarización de su economía).

De otra parte, es de indicar que existían una serie de rumores y de presunciones con respecto a la posición del gobierno ecuatoriano ante la deuda externa nominada en Bonos Global. Una de esas presunciones hacía referencia al hecho de que el gobierno difícilmente daría marcha atrás en sus primeras declaraciones sobre las deudas ilegítimas y que, al mismo tiempo, buscaría un mecanismo de renegociación de esos bonos. Asimismo, hay que recordar que el contexto en el que fueron emitidas esas declaraciones gubernamentales era de precios del petróleo de 140 USD y de relativa bonanza económica para el Ecuador.
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UNA ESTRATEGIA INTEGRAL FRENTE A LA DEUDA ILEGITIMA: COMPROMISO DE TODAS/OS

La auditoria ecuatoriana del crédito público realizada en 2008 confirmó los mecanismos perversos, las imposiciones y condicionamientos que, a más de los intereses usurarios, configuran la ilegitimidad de gran parte de la deuda externa. La auditoria sustentó sus hallazgos y conclusiones en documentos que demuestran que la deuda es un problema sistémico.

A estas evidencias de la auditoria, se suman las pruebas irrefutables que han salido a la luz con el estallido de una crisis económica que confirma el carácter fraudulento del  sistema financiero mundial, comandado por entidades privadas y multilaterales. Fue inherente a la fase neoliberal el masivo endeudamiento público, a través del cual se instrumentó un drenaje directo de capitales y se facilitó  la imposición de políticas de liberalización, privatización y mercantilización de la vida que tan nefastas consecuencias siguen trayendo para la Región. La deuda dejó de ser una fuente de financiamiento normal y se convirtió en un dogal que impide que los estados puedan impulsar un desarrollo humano integral. Hoy, las mismas entidades que tienen directa responsabilidad sobre este esquema y la crisis resultante -una de cuyas consecuencias será la imposibilidad de pagos- buscan utilizarla como pretexto para recomponer su poder, para inducir un nuevo ciclo de endeudamiento.

Tras larga trayectoria de impulso por parte de organizaciones sociales, en el gobierno actual se han dado las condiciones para que la solución al problema de la deuda externa tome un lugar de prioridad en la agenda nacional. Un paso decisivo en esa perspectiva fue la realización de la auditoria integral, que muestra, en líneas generales, los múltiples aspectos y la inevitable complejidad de una estrategia de solución. Es una estrategia que requiere actuar en todos los frentes y recurrir al uso de instrumentos convencionales y nuevos, conjugando alivio, moratoria, impugnación, judicialización, etc.

El 20 de abril el gobierno informará al pueblo ecuatoriano su propuesta de ‘solución definitiva’ para la deuda en bonos Global 2012 y 2030, como un primer paso de una estrategia que se aspira nos lleve hacia una salida digna y soberana. Esta es sólo una porción de la deuda, plagada de ilegalidad e ilegitimidad; deuda originalmente contratada con la banca comercial, convertida luego en bonos Brady y más tarde en bonos Global.

En esta oportunidad reiteramos nuestro compromiso de contribuir en la concreción de soluciones soberanas, dignas e integrales. Estas suponen tanto una acción unitaria de los países de la región, para impulsar el no pago de las deudas ilegítimas, las sanciones y reparaciones por impactos económicos, sociales, culturales y ambientales, como también la unidad de acciones en el país. Llamamos a toda la población a ser parte activa en una estrategia que requiere la unidad en defensa de nuestros intereses como país.

Quito, 16 de Abril de 2009

Manifiesto ante la Asamblea del BID y la Asamblea de los Pueblos

La auditoria integral del crédito público que se realizó en Ecuador entre 2007 y 2008 constituye un paso histórico para el país y para la región. Ese examen de los 30 últimos años, permitió revelar o confirmar los variados mecanismos que se han aplicado sistemáticamente en nuestros países para convertir a la deuda en un instrumento de saqueo, depredación, destrucción de soberanía y violación de derechos humanos.

Quedó al descubierto la ilegitimidad del sistema de endeudamiento asentado en una arquitectura que junta entidades multilaterales y privadas comprometidas con iguales intereses de apropiación y concentración de riquezas. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo –BID-, se llegó al extremo de usar la figura de créditos para proyectos de desarrollo a fin de encaminar recursos a la compra de garantías y pago de intereses de la deuda comercial; el pueblo ecuatoriano paga así deudas ‘de desarrollo’ que sirvieron en verdad para revivir y acrecentar una deuda comercial prácticamente extinguida, en un círculo perverso de deuda para alimentar deuda.

En Ecuador se dio un paso para confrontar las deudas ilegítimas a través de la auditoria; las medidas que el gobierno anunciará son también un primer paso en una estrategia que tiene ante sí complejidades económicas, financieras, políticas, geopolíticas y éticas, que sólo podrán ser asumidas en el marco de una agenda regional de gobiernos y pueblos.

La crisis internacional que ha estallado en estos meses nos muestra en su magnitud y profundidad el carácter fraudulento de ese sistema financiero, provee pruebas irrefutables sobre su estructura especulativa. En ese marco, vemos que las entidades multilaterales no sólo son incapaces de cumplir un rol de regulación y respaldo a los países, sino que se convirtieron en garantes incondicionales de intereses privados y corporativos, en mecanismos de intervención e implantación de la agenda neoliberal.

La crisis no puede servir de pretexto para ‘más de lo mismo’, para reinstalar en el escenario a entidades multilaterales obsoletas, que ya estaban en retirada, y poner como ‘solución’ sus recetas de siempre. Necesitamos acelerar las transformaciones para salidas soberanas, verdaderamente alternativas. En esa perspectiva planteamos: 

• El inmediato inicio de auditorias integrales en todos los países de América Latina, para transparentar las deudas ilegítimas y el sistema institucional que las ha sustentado, e impulsar las respectivas sanciones, reparaciones y correctivos. 

• En el caso de países ‘acreedores’, demandamos a los gobiernos la anulación de las deudas ilegítimas, sin condiciones 

• La acción internacional solidaria de gobiernos y pueblos para avanzar en una arquitectura financiera soberana, transparente, al servicio del buen vivir y de la integración. Instamos a los gobiernos impulsores del Banco del Sur, a dar los pasos necesarios para su pronto funcionamiento.

América Latina soberana ¡sin deudas ilegítimas! 

Medellín, marzo 2009