Ha concluido el trabajo de la Comisión para la Auditoria Integral del Crédito Público, cuya tarea fue “determinar su legitimidad, legalidad, transparencia, calidad, eficacia y eficiencia, considerando los aspectos legales y financieros, los impactos económicos, sociales, de género, regionales, ecológicos y sobre nacionalidades y pueblos”, según determinó el decreto ejecutivo de su creación.
Es una tarea de magnitudes y significado históricos, cumplida por un grupo de comisionadas/os nacionales e internacionales, que conjugaron en su labor experiencias múltiples, avances teóricos, metodológicos y políticos adelantados por un amplio movimiento de resistencia a la tiranía de la deuda, en el país, en la región y en el mundo.
La clara voluntad política del gobierno y el esfuerzo de la CAIC han permitido dar este paso fundamental, que refleja el anhelo del pueblo ecuatoriano de poner al descubierto la deuda ilegítima, las múltiples irregularidades y perjuicios causados por un endeudamiento que ha marcado nuestras vidas en las últimas décadas.
El Ecuador se ubica ya a la vanguardia en la búsqueda de transparencia y justicia en materia financiera, en el tratamiento integral al tema de la deuda, justamente en momentos en que la una nueva crisis financiera y económica del capitalismo coloca la urgencia de cambios profundos, estructurales.
Tanto el Estado como la sociedad ecuatorianos tenemos ahora el deber de actuar en la perspectiva de:
- No impunidad: los delitos, irregularidades y perjuicios que la auditoria muestra y documenta reclaman sanciones y reparaciones.
- Fin de un modelo de endeudamiento depredador: la auditoria pone a la vista los mecanismos complejos que convirtieron a la deuda en un medio de depredación humana y ambiental. El imperativo de generar divisas para pagar la deuda llevó a sobreexplotar el trabajo de las y los ecuatorianos, a destruir y contaminar la naturaleza. Somos, en verdad, un país acreedor, que debe reclamar lo que le corresponde.
- Soberanía y nueva arquitectura financiera: la auditoria muestra que el modelo neoliberal de endeudamiento arrasó con nuestra soberanía, destruyendo también la institucionalidad y el sentido de lo público. Son estratégicas, en ese sentido, las políticas nacionales y regionales ya en marcha para recuperar soberanía, ampliarla, y fundar en ella otra arquitectura financiera, al servicio del buen vivir.
El Presidente Rafael Correa ha sostenido desde los inicios de su gobierno la tesis de priorizar la inversión social sobre el pago de la deuda. Compartimos esa posición y nos comprometemos a continuar con un trabajo de difusión, movilización y solidaridad internacional para que las decisiones y políticas soberanas del país se respeten.
Quito, 20 de noviembre de 2008
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